La SRE difundió los documentos enviados a Estados Unidos y reiteró que cualquier detención deberá sustentarse en pruebas suficientes y conforme a la legislación mexicana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió las comunicaciones oficiales relacionadas con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, al tiempo que reiteró que cualquier procedimiento deberá apegarse a la Constitución y al marco jurídico mexicano.
Los documentos dados a conocer muestran la postura que el Gobierno de México comunicó a las autoridades estadounidenses tras recibir, el 28 de abril de 2026, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición derivadas de una acusación presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
En dicha acusación se señala a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La SRE hizo públicas las comunicaciones oficiales intercambiadas con Estados Unidos sobre las solicitudes de extradición contra funcionarios de Sinaloa. (SRE)
Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros exintegrantes del gabinete estatal y de corporaciones de seguridad.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los imputados habrían colaborado durante varios años con una facción del Cártel de Sinaloa, facilitando operaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos y brindando presunta protección institucional.
Sin embargo, los propios documentos precisan que se trata de acusaciones formales y que las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial.
En las comunicaciones oficiales, el Gobierno de México reiteró que ninguna acción judicial puede emprenderse únicamente con señalamientos o acusaciones escritas.
Gobierno federal reitera que las acusaciones por sí solas no son suficientes para iniciar procedimientos legales. Crédito: Cuartoscuro
La postura oficial señala que cualquier medida de detención o procedimiento de extradición debe sustentarse en pruebas claras, verificables y suficientes conforme al sistema de justicia mexicano.
Asimismo, recordó que los expedientes fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de analizar la información recibida y determinar si existen elementos probatorios que permitan continuar con el procedimiento previsto en la Ley de Extradición Internacional.
Las autoridades mexicanas enfatizaron que el Estado actuará conforme al debido proceso y a las disposiciones constitucionales, independientemente de la relevancia política de las personas involucradas.
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Rocha Moya e Inzunza enfrentan solicitudes de extradición bajo análisis de autoridades mexicanas.
De acuerdo con la acusación presentada en Nueva York, los funcionarios y exfuncionarios enfrentan señalamientos relacionados con delitos federales de narcotráfico y armas.
Entre los principales puntos del caso destacan:
- Acusaciones por presunta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
- Presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
- Señalamientos por supuesta protección institucional y filtración de información.
- Delitos relacionados con posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
- Un exmando policial enfrenta además cargos adicionales por presunto secuestro con resultado de muerte.
La acusación estadounidense incluye a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez. (SRE)
Los documentos difundidos incluyen la comunicación enviada por la SRE a la Embajada de Estados Unidos, en la que México manifestó su preocupación por la publicación anticipada de los nombres de las personas señaladas y de los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La dependencia argumentó que esa información forma parte de investigaciones penales en curso y de procedimientos de extradición que, conforme a los tratados internacionales vigentes, deben mantenerse bajo confidencialidad hasta que se desarrollen las etapas correspondientes.
Según la Cancillería, la difusión pública de esos datos podría afectar el debido proceso de las personas reclamadas y comprometer el desarrollo de los procedimientos judiciales previstos tanto en México como en Estados Unidos.
México reitera que los procedimientos legales deben respetar la soberanía y el debido proceso. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
En ese sentido, el Gobierno mexicano informó que solicitó a las autoridades estadounidenses reforzar el compromiso de confidencialidad en futuros casos relacionados con solicitudes de extradición.
La postura oficial también establece que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de procuración de justicia continuará bajo los mecanismos previstos en los acuerdos bilaterales.
No obstante, el Gobierno federal reiteró que las decisiones relacionadas con detenciones, extradiciones o acciones penales corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas y deberán resolverse conforme a la legislación nacional.
Mientras la Fiscalía General de la República continúa con el análisis de los expedientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que las acusaciones presentadas ante tribunales estadounidenses no constituyen una condena y que las personas señaladas conservan el derecho a la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine lo contrario.
