La columna publicada por Raymundo Riva Palacio el 15 de junio de 2026 sobre el gobernador Alfonso Durazo constituye un interesante ejercicio de narrativa política, aunque no necesariamente de rigor probatorio.
Al leerla, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una investigación periodística sustentada en pruebas o ante una recopilación de sospechas, insinuaciones, versiones de terceros y juicios personales acumulados durante más de treinta años de vida política nacional?
La pregunta es pertinente porque quien escribe no es un observador externo de la historia reciente de México.
Raymundo Riva Palacio formó parte de una generación de periodistas estrechamente vinculada a las estructuras del poder político de finales del siglo XX.
Fue Director General de Notimex 1988-1990 , durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, uno de los sexenios más polémicos de la historia contemporánea de México, marcado por profundas reformas económicas, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, por el levantamiento zapatista y por una crisis política cuyas consecuencias aún resienten las instituciones nacionales.
No se menciona este antecedente para desacreditarlo, sino para recordar que nadie escribe desde la neutralidad absoluta. Toda interpretación histórica tiene contexto. Toda memoria tiene selección. Y toda selección tiene intención.
PRIMERA OMISIÓN: EL CULIACANAZO NO FUE UNA DECISIÓN DE ALFONSO DURAZO.
La columna presenta como una verdad indiscutible que Alfonso Durazo solicitó la liberación de Ovidio Guzmán López y que ello constituiría evidencia de una supuesta colaboración gubernamental con el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, omite un hecho incontrovertible. Andrés Manuel López Obrador asumió públicamente la responsabilidad política de aquella decisión. La justificó como una medida destinada a evitar una masacre de civiles, militares y policías. Puede discutirse si fue correcta o incorrecta. Puede criticarse políticamente.
Pero convertir una decisión de Estado asumida públicamente por el Presidente de la República en prueba de complicidad criminal constituye una inferencia política, no una conclusión jurídica.
SEGUNDA OMISIÓN: LAS ACUSACIONES PROCEDEN DE UNA ÉPOCA MARCADA POR GENARO GARCÍA LUNA.
Riva Palacio revive el caso de Nahúm Acosta Lugo para sugerir una sombra permanente sobre Alfonso Durazo.
Lo que no explica es que aquella investigación se desarrolló bajo la influencia de los aparatos de inteligencia y procuración de justicia que años después quedarían gravemente cuestionados por la condena de Genaro García Luna en los Estados Unidos.
Resulta paradójico que expedientes construidos durante la era de García Luna sean presentados hoy como referencias confiables, mientras se ignora que el principal responsable de aquellas estructuras terminó condenado por colaborar con organizaciones criminales.
Si las sospechas bastaran para condenar, entonces la historia reciente de México debería ser reescrita completa.
TERCERA OMISIÓN: EL CASO COLOSIO.
Riva Palacio ridiculiza a Alfonso Durazo llamándolo “la viuda más exitosa de Colosio”.
Pero omite recordar que Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta y uno de los hombres más cercanos al candidato presidencial asesinado.
También omite señalar que durante más de tres décadas las dudas sobre aquel magnicidio no han desaparecido de la vida pública nacional.
Miles de mexicanos, periodistas, investigadores, académicos y políticos han cuestionado la versión oficial.
No fue Alfonso Durazo quien creó esas dudas.
Las creó la propia incapacidad del Estado mexicano para cerrar definitivamente uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea.
CUARTA OMISIÓN: EL SALINISMO Y SUS HERENCIAS.
Resulta curioso que en una columna plagada de referencias históricas no aparezcan cuestionamientos sobre el entorno político que gobernó México cuando ocurrieron los acontecimientos más traumáticos de aquella época.
No aparece una reflexión sobre las responsabilidades políticas derivadas del asesinato de Colosio.
No aparece una reflexión sobre la crisis de 1994.
No aparece una reflexión sobre la concentración de poder político y mediático característica de aquellos años.
Lo que sí aparece es un intento de presentar a Alfonso Durazo como una figura central en todos los episodios controvertidos de las últimas tres décadas.
Tal vez porque resulta más cómodo personalizar la historia que explicar sus complejidades.
QUINTA OMISIÓN: LAS ACUSACIONES SIN PRUEBAS.
La columna afirma que Alfonso Durazo llegó a la gubernatura de Sonora con financiamiento del narcotráfico.
La acusación es gravísima.
Por ello mismo exige pruebas extraordinarias.
¿Existe una sentencia judicial? . No.
¿Existe una acusación formal presentada por una fiscalía mexicana?. No.
¿Existe una acusación formal presentada por autoridades estadounidenses? . No se exhibe ninguna.
¿Existe una resolución judicial que acredite tales hechos?. Tampoco.
Entonces lo que existe es una afirmación política presentada como si fuera una conclusión jurídica. Y no son lo mismo.
SEXTA OMISIÓN: EL DOBLE RASERO.
Durante décadas, numerosos actores políticos mexicanos convivieron con estructuras de poder posteriormente cuestionadas.
Funcionarios, gobernadores, empresarios, líderes partidistas, mandos policiacos y operadores políticos participaron en sistemas que posteriormente fueron señalados por corrupción o por vínculos criminales.
Sin embargo, la columna concentra toda la sospecha sobre una sola persona. La historia de México es mucho más compleja. Si se va a juzgar el pasado, habría que juzgarlo completo.
SÉPTIMA OMISIÓN: LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
En una democracia constitucional, la presunción de inocencia no es una concesión. Es un derecho.
Ni Alfonso Durazo ni cualquier otro servidor público deben quedar exentos del escrutinio público.
Pero tampoco pueden ser condenados mediante insinuaciones periodísticas. La crítica es legítima. La investigación es necesaria. La fiscalización es indispensable.
Lo que resulta incompatible con el periodismo responsable es sustituir las pruebas por las sospechas y las sentencias por las inferencias.
Al final, la pregunta sigue siendo la misma:
Después de treinta años de señalamientos, sospechas y versiones, ¿dónde están las pruebas judiciales que acrediten las acusaciones centrales formuladas contra Alfonso Durazo?
Porque en un Estado democrático la diferencia entre una sospecha y una verdad sigue siendo la prueba.
Y esa prueba, hasta ahora, no aparece en la columna de Raymundo Riva Palacio.
