“Estamos aquí por la guerra” declara con profunda tristeza una niña de 12 años cuya familia ha sido desplazada forzadamente a Parral por la ofensiva del crimen organizado contra su comunidad en la Sierra Tarahumara.
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Aunque la disputa entre partidos políticos y gobiernos federal y estatal se lleva los titulares, el desplazamiento forzado interno se agrava en Chihuahua: entre 2021 y 2025 se triplicó: de 500 personas a mil quinientas. A pesar de haber 60 carpetas de investigación al respecto, la impunidad persiste. Para documentar y visibilizar este grave problema, la Red TDT, Brigadas de Paz Internacional, la Acnur y varias organizaciones de derechos humanos de Chihuahua decidieron realizar, del 26 al 29 de mayo, la misión civil de observación.
Se entrevistaron 200 personas víctimas del desplazamiento, procedentes de los municipios de Guadalupe y Calvo, Guazapares, Uruachi, Chihuahua, Tamazula, Durango, y Badirahuato, Sinaloa, que se han refugiado en Parral, Delicias y la capital del estado.
En esta Sierra se vive un proceso no sólo de colonialismo, sino de guerra de conquista. Un continuum de violencia que despoja a la gente de sus tierras, viviendas, ganado, patrimonio, recursos naturales, derechos agrarios, cuando no de su propia vida. Incluso se les esclaviza, como hace 500 años. Así lo documentan en su excelente investigación las periodistas Marcela Turati y Thelma González Durán (https://n9.cl/qqdfd).
Las niñas y niños son quienes más sufren. La violencia irrumpe en su cotidianeidad tranquila, desgarra su familia, acaba con su libertad para desarrollarse en su entorno natural, los desplaza a contextos urbanos extraños y hostiles, muchas veces no los reciben en las escuelas y otras veces los hostigan por ser diferentes. Reproducen la inseguridad y la tristeza que ven en sus padres.
Los adultos añoran la vida tranquila en sus lugares de origen, donde producían todo lo que comían y sólo en ocasiones especiales vendían un animalito para ir a la ciudad. Se enfermaban poco porque no estaban estresados y casi siempre se curaban con hierbas y remedios caseros. Se ayudaban mutuamente y muy seguido tenían sus fiestas. Todo esto lo pierden al ser desplazados: sus saberes y sus habilidades laborales no les sirven; tienen que desempeñar oficios que no dominan como el de veladores, albañiles y trabajadoras domésticas.
Les enferman el ruido, la contaminación y la prisa de la ciudad. Son presa de la depresión ante la imposibilidad de regresar a sus comunidades porque sus casas han sido saqueadas y destruidas y los maleantes controlan las poblaciones.
Hay una silenciosa narcorreforma agraria en varios ejidos de la Sierra. Los malandros llegan a un ejido y empiezan a comprar derechos por las buenas o por las malas para convertirse en ejidatarios. Imponen a las autoridades ejidales para sobrexplotar el bosque, permitir la siembra de enervantes y hacer contratos con empresas mineras.
Si se oponen los ejidatarios originales son eliminados o tienen que abandonar la comunidad, con lo que se culmina el despojo de derechos y territorios. En todas las comunidades de origen de las personas desplazadas, hay proyectos de explotación forestal o minera.
Otras veces, la irrupción de los grupos criminales es más repentina y destructora: cercan las comunidades y les hacen llegar amenazas para que abandonen sus ranchos y casas. Las familias esconden a los jóvenes para que no sean reclutados a la fuerza por los sicarios como acostumbran. Luego vienen las balaceras indiscriminadas para sembrar el terror. Ahora, los malandros emplean drones para bombardear casas y corrales incendiando, hiriendo a la gente, matando al ganado.
Esta guerra de conquista y despojo no ha encontrado hasta ahora una contraofensiva eficaz por parte del Estado. Las personas desplazadas se quejan de que cuando la Guardia Nacional, el Ejército, o la Policía Estatal llegan a las comunidades, los delincuentes se esconden para reaparecer cuando las autoridades se han ido. Las policías municipales, en su mayoría, están coludidas con el crimen organizado y por acá no hay policías comunitarias. No hay una acción preventiva de las instituciones del Estado contra la violencia que despoja, mata y desplaza.
Tampoco hay una acción suficiente de Estado para atender a las personas desplazadas en su lugar de destino. Las primeras en atenderlas son algunas organizaciones de las sociedad civil e iglesias.
Las autoridades municipales brindan refugios provisionales y despensas, pero siempre son rebasadas por las necesidades de la gente. No hay una atención coordinada de órdenes de los gobiernos para hacer efectivos los derechos al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación de las personas desplazadas. En las mesas semanales de seguridad este asunto ni siquiera se planteas.
Por eso, es una de las demandas fundamentales de las personas desplazadas, y de esta misión civil de observación, es que se instaure un espacio donde participen obligatoriamente las autoridades municipales, estatales y federales, junto con las comunidades desplazadas, para que se organice y coordine la atención integral a las víctimas de desplazamiento interno. Y, sobre todo, para que se elabore una estrategia para construir las condiciones que hagan posible su derecho fundamental: el regreso y vida digna y en paz a sus lugares de origen. La guerra invisible de Chihuahua, la que sufren los de abajo e ignoran los de arriba.
Enlace: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/06/03/opinion/chihuahua-la-guerra-invisible
