A más de una década del desastre de Grupo México, un juez federal decidirá en días si extingue el Fideicomiso Río Sonora. Los Comités de Cuenca denuncian que autoridades y la minera simulan un convenio inexistente para archivar el caso. Alertan que el cierre viola una sentencia de la Suprema Corte y perpetúa la impunidad corporativa. La población sigue expuesta a metales pesados, sin atención médica ni infraestructura para la remediación
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CIUDAD DE MÉXICO. – A casi doce años de que la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramara 40 mil metros cúbicos de tóxicos acidulados de cobre y metales pesados en las aguas que sustentan a la región, las comunidades afectadas alertan sobre una maniobra legal y política para dar un carpetazo definitivo al Fideicomiso Río Sonora, mecanismo financiero creado para la reparación de los daños.
Micaela Vera, abogada e integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, advierte de que el juez Ulises Oswaldo Rivera González está por resolver en los próximos días si da por cumplido y concluido el fideicomiso. De aprobarse, afirma Vera, se consumaría una burla a los doce años de lucha de las comunidades y se legalizaría un cierre definitivo a espaldas de la población.
Un convenio fantasma
La indignación de los comités comunitarios radica en la opacidad con la que las autoridades federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han manejado las negociaciones con el gigante minero Grupo México.
Aunque en mesas de diálogo funcionarios como Mariana Boy (titular de la Profepa) prometieron transparencia y la publicación de un convenio con Grupo México en páginas oficiales, la realidad legal cuenta otra historia. De acuerdo con Micaela Vera, al solicitar el documento por vías institucionales, la Unidad General de Asuntos Jurídicos respondió formalmente que el convenio no existe.
«Por una parte nos dicen que existe y, por la otra, oficialmente, nos dicen que no. Nos mienten; todo eso genera la desconfianza que ya de por sí teníamos», señala la abogada.
La incongruencia también es numérica. En 2023, la propia Semarnat interpuso una demanda contra Grupo México donde estimó los daños ambientales y sociales de la cuenca en 20 200 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades pretenden dar por cerrado el conflicto argumentando que la empresa depositó 500 millones de pesos como parte de un fondo total de apenas 1500 millones.
La herencia del desastre: cáncer, metales en la sangre y alzhéimer infantil
El desastre ambiental no terminó en agosto de 2014; la crisis sanitaria es crónica y activa.
Micaela Vera señala que estudios oficiales emitidos por Semarnat confirman que la contaminación persiste y que los sedimentos del río siguen registrando niveles de metales pesados por encima de la norma. Los comités denuncian un incremento alarmante en casos de enfermedades renales crónicas, leucemia y diversos tipos de cáncer, además de casos de niños que han desarrollado síntomas asociados al alzhéimer tras la exposición temprana a los tóxicos.
A pesar de que las autoridades han prometido reiteradamente subrogar análisis toxicológicos especializados y proveer tratamientos de quelación (para limpiar la sangre de metales), los habitantes acuden a las reuniones solo para que les vuelvan a tomar los datos. «Seguimos esperando la llamada. Lamentablemente, hay gente que ya se nos ha adelantado en el camino», lamenta la activista.
Infraestructura de papel: «elefantes blancos» y plantas mal diseñadas
Según la abogada y activista, las promesas de infraestructura básica que justificarían el cierre del caso permanecen inconclusas o sumidas en contradicciones:
El Hospital de Ures, proyectado en 2014 como la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) para atender a los enfermos, quedó abandonado como un «elefante blanco», construido solo hasta el techo, sin puertas ni ventanas. Tras desechar planes de ampliación en otras clínicas, el Gobierno de Sonora evalúa ahora la expropiación de un nuevo terreno, postergando la instalación de la primera piedra prometida para marzo pasado.
Además, los comités señalan fallas graves de planeación en la construcción de oplantas potabilizadoras. Se pretende instalar filtros para metales pesados en localidades sin antecedentes de contaminación, mientras que poblaciones que reiteradamente han dado positivo a contaminantes han quedado fuera del programa. Además, no existe un calendario claro ni un plan de financiamiento para el mantenimiento a largo plazo de las plantas.
Violación a la sentencia de la Suprema Corte
Para los Comités de Cuenca Río Sonora, el carpetazo judicial representaría un desacato a un precedente histórico. En 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que obligaba a la reapertura del fideicomiso (que ya se había cerrado falsamente en 2018) y mandataba de forma estricta que las comunidades afectadas debían participar activamente en la toma de decisiones de cualquier plan de remediación.
Al negociar a puerta cerrada y excluir la voz de quienes viven y conocen el comportamiento de la tierra —donde las siembras ya no crecen—, el Estado y la minera violan flagrantemente el fallo constitucional.
Los Comités de Cuenca Río Sonora hacen un llamado enérgico al juez Ulises Oswaldo Rivera González para que rechace la declaración de cumplimiento total. El mensaje comunitario es contundente; así lo expresa Micaela Vera: «No se puede iniciar la reconstrucción de una casa por el techo. Cerrar el fideicomiso antes de garantizar una remediación real e integral no es justicia, es garantizar la impunidad corporativa a costa de la vida humana, la flora y la fauna de Sonora».
ENLACE: Un juez está a punto de archivar para siempre el desastre del río Sonora – Pie de Página
