Jueza penal de Sonora renuncia tras polémica por cargo partidista en Morena.
DEBATE
La recién designada jueza oral penal del Poder Judicial del Estado de Sonora, Blanca Diva Ponce Caro, presentó su renuncia irrevocable al cargo en mayo de 2026 luego de una controversia generada por su participación en actividades partidistas y su nombramiento dentro de Morena.
La situación provocó cuestionamientos sobre la compatibilidad entre el ejercicio judicial y la participación política activa, derivando en reacciones tanto del partido como de autoridades involucradas en el proceso.
Nombramiento en Morena desató controversia en Sonora
Tras ser electa en el proceso judicial de junio de 2025, Blanca Diva Ponce Caro asumió funciones como titular del Juzgado Penal del Circuito 2 en Sonora.
Sin embargo, la polémica surgió después de que rindiera protesta como Secretaria Ejecutiva de un Comité Seccional de Morena en el municipio de Cajeme, específicamente en Ciudad Obregón.
La combinación de ambos cargos generó señalamientos por un posible conflicto constitucional relacionado con la independencia judicial.
¿Por qué generó polémica el caso?
De acuerdo con la información difundida, la legislación estatal establece restricciones para jueces y magistrados respecto al desempeño de actividades o cargos vinculados a partidos políticos.
La controversia se centró en que el ejercicio simultáneo de funciones judiciales y responsabilidades partidistas podía interpretarse como un conflicto de interés.
Cronología del caso
Elección y nombramiento judicial
• Junio de 2025: Blanca Diva Ponce Caro fue electa y posteriormente asumió funciones como jueza penal en Sonora.
Cargo partidista en Morena
• Posteriormente tomó protesta como Secretaria Ejecutiva de un Comité Seccional de Morena en Cajeme.
Reacción del partido
Ante la controversia pública, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora informó sobre el relevo inmediato de Ponce Caro de sus funciones dentro de la estructura partidista.
Además, anunció que iniciaría el proceso correspondiente para darla de baja del padrón de militantes.
Renuncia al Poder Judicial
Finalmente, Blanca Diva Ponce Caro presentó una carta de renuncia irrevocable a su cargo judicial.
Para explicar su decisión señaló:
Para evitar interpretaciones y señalamientos derivados de mi participación en actividades partidistas”.
Contexto: independencia judicial y participación política
La independencia judicial es uno de los principios fundamentales dentro de los sistemas de impartición de justicia, ya que busca garantizar que jueces y magistrados desempeñen sus funciones sin influencias políticas, partidistas o intereses externos.
Los casos donde servidores judiciales participan en actividades políticas suelen generar debate público debido a las disposiciones legales y éticas relacionadas con imparcialidad y autonomía institucional.
Prohibiciones constitucionales para jueces sobre cargos partidistas
La renuncia de Blanca Diva Ponce Caro subraya la estricta incompatibilidad legal entre la impartición de justicia y la militancia política activa. A nivel federal, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las constituciones estatales garanticen la independencia de los magistrados y jueces.
En el ámbito local, el artículo 123 de la Constitución del Estado de Sonora prohíbe expresamente a los juzgadores desempeñar otros cargos, especialmente aquellos de representación política o partidista, con el fin de impedir la subordinación de los jueces ante intereses gubernamentales o privados y asegurar un juicio justo para los ciudadanos.
Declaraciones del dirigente local de Morena al tomar protesta a la jueza
La controversia se encendió tras las declaraciones del dirigente local de Morena, David Mendoza, quien al tomar protesta a Blanca Diva Ponce Caro y a otros miembros, celebró la integración de los comités seccionales. A través de sus redes sociales, Mendoza expresó: ‘En Cajeme seguimos dando pasos firmes en la construcción de un movimiento más cercano, organizado y comprometido con la gente’.
Estas palabras, destinadas a promover el trabajo partidista, terminaron por evidenciar la participación activa de la jueza en la estructura política, desatando críticas sobre la vulneración de la imparcialidad judicial.
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