A&R Inyecta Soluciones, Servicios El Águila del Norte y A&R Soluciones y Estadísticas, entre las empresas; UIF bloquea cuentas del gobernador con licencia.
Fernanda Murillo y Equipo MILENIO
El cerco contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se empezó a cerrar: además de que le fueron congeladas sus cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ayer inició la revisión de todos los movimientos financieros de las empresas de sus hijos, de acuerdo con solicitudes dentro del sistema bancario nacional a las que MILENIO tuvo acceso.
Por el momento, derivado de los señalamientos del Departamento de Justicia de EU, la UIF bloqueó las cuentas del mandatario sinaloense con licencia y mantiene bajo vigilancia las de sus hijos, particularmente de José de Jesús Rocha Ruiz, Rubén Rocha Ruiz y Ricardo.
Las empresas vinculadas a esos nombres están bajo sospecha por operaciones de triangulación financiera y lavado de dinero. A través de terceros o de manera directa, las firmas obtuvieron contratos de dependencias como la Secretaría de Obras Públicas, el DIF estatal y los Servicios de Salud de Sinaloa durante la gestión de Rocha Moya.
Esas operaciones encendieron las alertas de los sistemas antilavado una vez que Estados Unidos formalizó el proceso contra el entonces gobernador en funciones. Aunque los protocolos establecen que son procesos preventivos, las investigaciones están en marcha.
Según la información obtenida, las empresas investigadas son A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte, Chocosa Ranch, Construcciones Suaqui y Constructora Chocosa, así como Grupo Rofcar, la cual fue constituida el 17 de enero de 2011 por José Jesús Rocha y se dedica a comercializar baterías, acumuladores y aceites.
El titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, José Carlos Cárdenas Mellado, es uno de los accionistas de esa última firma y se presume que está asociado con la compañía El Águila del Norte, también de la familia Rocha Ruiz.
Otras bajo la lupa son las compañías A&R Inyecta Soluciones y A&R Soluciones y Estadísticas, operadas por Ricardo Rocha y asociadas, según las autoridades, con el director administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa, Eduardo Aguirre Medina.
En Agronegocios y Servicios El Águila del Norte aparecen como socios José Jesús Rocha y Cárdenas Mellado. También se investiga a Construcciones Suaqui.
Los oficios de investigación a los que MILENIO tuvo acceso también están dirigidos a conocer los movimientos del exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, acusado por Washington de recibir sobornos de Los Chapitos para obtener protección y que se emitieran órdenes de arresto contra los enemigos de esa facción.
En 2022, Almanza dejó el cargo y fue sustituido por Alberto Contreras Núñez, hasta febrero de 2026, quien se cree que operó con Los Chapitos. Sus activos también son fiscalizados.
Uno más en la mira es el exsubdirector y excomandante de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, señalado por la justicia estadunidense de recibir sobornos de 6 mil dólares a cambio de dejar operar al cártel de Sinaloa.
Se presume que entre 2017 y 2022, bajo el alias de Tornado, Dionisio facilitó las operaciones de los herederos de El Chapo Guzmán y permitió la instalación de oficiales corruptos que operaban bajo el amparo de ese grupo.
Otro personaje en la mira de las autoridades hacendarias es Juan Valenzuela Millán, Juanito, comandante de la Policía de Culiacán, identificado por los estadunidenses como pistolero de Los Chapitos. Se cree que participó en el asesinato de un informante de la DEA que estaba vinculado al caso de Rubén Rocha.
De igual manera, se ha puesto la lupa sobre el exsecretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa Enrique Alfonso Díaz Vega, ya en manos de la justicia estadunidense, quien como dueño de Housesin Desarrollos tuvo negocios con distintas empresas de los hijos de Rocha Moya, entre ellas Constructora Chocosa.
“Estrictamente preventivo”
La UIF ordenó el bloqueo “con carácter estrictamente preventivo” de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios acusados de narcotráfico por Estados Unidos.
Luego de que el 13 de mayo pasado la UIF solicitara investigar las cuentas de Rocha Moya y su familia “sin bloquearlas”, la Secretaría de Hacienda ayer amplió la medida a partir de reportes presentados por instituciones del sistema financiero.“La UIF informa que se realizaron adiciones a la lista de personas bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano”, explicó en un comunicado.
Dichos reportes derivaron de los señalamientos hechos por Washington, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con instituciones financieras estadunidenses, emitieron alertamientos respecto a clientes considerados como personas políticamente expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
Aunque no se especifica en el comunicado, entre los personajes “políticamente expuestos” que fueron incluidos en la acusación presentada en la corte sur de Manhattan, en abril pasado, se encuentran, además del mandatario con licencia, el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la “inmovilización preventiva” con el objetivo de “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
La UIF precisó que estas medidas “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino que son acciones preventivas de carácter administrativo”.
Señaló que los incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia.
La UIF analiza información y documentación relacionada con las PEP “con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales que en cualquier otro reporte”.
Desde el 6 de mayo, ese órgano solicitó a los bancos información sobre cuentas, contratos, saldos e identificaciones de Rocha Moya y el 13 amplió la investigación a sus hijos, José de Jesús, Rubén, Ricardo y Eneyda, pero hasta ahora no ha requerido el bloqueo de sus activos.
De los 10 funcionarios que Washington reclama , dos se entregaron a las autoridades estadunidenses: Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exfuncionario de Finanzas.
Con información de Xavier Jiménez
Enlace: https://www.milenio.com/politica/hurgan-7-negocios-hijos-ruben-rocha
