La gobernadora de Chihuahua señaló ante medios un trato desigual tras los cuestionamientos sobre presuntos agentes de la CIA en su entidad y los cargos en Estados Unidos que vinculan a Rocha con Los Chapitos
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó una crítica contra el movimiento de la cuarta transformación luego de cuestionamientos de medios de comunicación tras el evento por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla este 5 de mayo.
La mandataria hizo referencia a la reciente acusación en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y cuestionó un supuesto trato diferenciado hacia su administración.
Cabe señalar que el gobierno de Maru está en la polémica desde el pasado 19 de abril, cuando un accidente automovilístico destapó lo que podría ser un caso de injerencia extranjera por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) realizando operativos contra el narco junto a elementos de la Fiscalía General de Chihuahua.
En su declaración, Campos Galván señaló: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio y evitar que la droga llegue a las familias, a niñas y a niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, refiriéndose al trato que ha recibido Rocha.
La mandataria estatal reiteró su postura y dijo que: “hay que irnos enterando de quién es quién”.
Caso Rocha Moya y acusaciones en Estados Unidos
El pasado 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra 10 personas, incluyendo funcionarios públicos y exservidores de Sinaloa. Entre los señalados destaca Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a quien se le acusa de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios habrían facilitado operaciones del grupo criminal en la región.
El señalamiento internacional ocurre en un contexto de tensión en la agenda de seguridad con Estados Unidos. El 19 de abril fallecieron dos ciudadanos estadounidenses que, de acuerdo con versiones extraoficiales, eran agentes de la CIA y participaban en operativos conjuntos con elementos de la fiscalía de Chihuahua para el desmantelamiento de narcolaboratorios en la zona serrana del estado.
Además, en sus declaraciones a medios de comunicación de este 5 de mayo, Campos Galván sostuvo que los mexicanos, y en particular los chihuahuenses, cuentan con una amplia experiencia en luchas democráticas a lo largo de las décadas.
Expresó que la sociedad sabe identificar el actuar de los gobernantes y distinguir los sistemas de gobernanza realmente humanistas.
Asimismo, insistió en que los hechos son los que permiten aclarar cualquier duda.
Respuesta de la 4T a Campos
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a las declaraciones de la gobernadora Maru Campos. A través de redes sociales, acusó a la mandataria estatal de mentir al afirmar que la investigación en Chihuahua se debe al desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Montiel aseguró que el Gobierno de México ha desmantelado más de 2 mil 500 laboratorios en todo el país y sostuvo que el verdadero problema es la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, lo que —según sus palabras— viola la Constitución y la soberanía de México.
Montiel Reyes calificó esta acción como traición a la patria y afirmó que Maru Campos debe ser juzgada.
Cerró su declaración con la exigencia de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.
Este es el narcolaboratorio que destapó el caso CIA en Chihuahua
El operativo que llevó al descubrimiento del narcolaboratorio en Chihuahua se realizó entre el 17 y 18 de abril en el municipio de Morelos. Autoridades localizaron seis instalaciones clandestinas catalogadas como unas de las más grandes encontradas en el país.
El despliegue incluyó tres meses de trabajo de inteligencia y coordinación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los distintos campamentos se aseguraron tambos y contenedores con capacidad para miles de litros, hornos industriales, cilindros de gas, químicos y materiales usados para la producción de drogas sintéticas. Las áreas estaban destinadas tanto a la fabricación como al almacenamiento de precursores y producto terminado.
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, -quien renunció al cargo tras la polémica- indicó en aquel entonces que el sitio estaba relacionado con el grupos criminales de Sinaloa y que al momento del operativo habría al menos 50 personas trabajando en el lugar, quienes lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.
El caso tomó mayor relevancia por la presunta participación de agentes estadounidenses en la investigación, lo que después derivó en la muerte de dos ciudadanos de ese país vinculados con agencias de inteligencia
Días después de que se dio a conocer el caso y fue catalogado como uno de los decomisos de narcolaboratorios más grandes del país, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, negó que tuviera esa magnitud.
