La acusación contra el gobernador de Sinaloa vuelve a poner el radar en los señalamientos que desde 2021 han recibido las campañas electorales del partido gobernante
Ernesto Nuñez
El fantasma de la narcopolítica vuelve a acechar a Morena. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, recuerdan viejos expedientes en los que el partido gobernante fue acusado de recibir apoyo del narcotráfico en sus campañas locales durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de señalamientos en juicios electorales y en denuncias ante organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante más de cinco años, Rocha Moya ha cargado con el estigma de haber sido apoyado con recursos y logística de grupos pertenecientes al Cartel de Sinaloa en la campaña que lo llevó a la gubernatura. El sinaloense fue uno de los 12 gobernadores de la Cuarta Transformación elegidos el 6 de junio de 2021, una jornada de ensueño para el oficialismo, pero manchada por la violencia política. En ese año, Morena y aliados ganaron los Estados de la zona de influencia de ese cartel (Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur), y algunos territorios dominados por el Cartel Jalisco Nueva Generación, como Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero, todos en la costa del Pacífico.
Además, Morena y sus aliados conquistaron San Luis Potosí, con un candidato del Partido Verde; Zacatecas, Tlaxcala y Campeche, en un proceso electoral marcado por la violencia política (más de 30 candidatos fueron asesinados), por las denuncias de injerencia del crimen organizado y por las impugnaciones de la oposición ante institutos y tribunales electorales.
En el caso de Sinaloa, el candidato derrotado por Rubén Rocha fue Mario Zamora, postulado por la coalición PRI-PAN-PRD, quien obtuvo 359.000 votos, equivalentes a la mitad de los del candidato de la alianza Morena-PAN (Partido Auténtico Sinaloense). En su recurso ante el Tribunal Electoral del estado, Zamora denunció un clima generalizado de violencia y el apoyo de grupos del crimen organizado a la alianza ganadora. “Los hechos violentos en contra de candidatos, familiares de candidatos, militantes, dirigentes partidistas, ocurridos antes de la jornada electoral, contribuyeron a crear un clima de inseguridad y temor en la población, así como los hechos ocurridos el día de la elección -presencia de personas armadas, robo y quema de urnas- y se transgredió el principio de equidad, pues se intimidó al elector impidiendo el voto libre, afectando el resultado de la elección”, recogía la impugnación.
Zamora denunció el secuestro del secretario de Organización del PRI estatal, Alberto Salas, así como el robo de urnas en 51 casillas documentado por el INE, el “levantón” del hermano de la candidata priista en el municipio de Badiraguato, Guadalupe Iribe, quien declinó a cambio de que su hermano fuera liberado, y el secuestro masivo de operadores priistas en Mazatlán y Culiacán horas antes de los comicios. Sin embargo, el tribunal estatal desestimó las pruebas y confirmó el triunfo de Rubén Rocha, que tomó protesta como gobernador el 1 de noviembre de ese año. Algunos de estos señalamientos coinciden con los que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el documento que acompaña su solicitud de extradición.
Las denuncias en otros Estados
La impugnación en Sinaloa fue solo una de las que enderezó la oposición en contra de los triunfos de Morena. También se presentaron denuncias por la injerencia del crimen en Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Michoacán. En esta última entidad, el gobernador saliente, Silvano Aureoles, integró un robusto expediente en el que acusaba la acción del crimen organizado en favor del candidato de Morena y actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.
El caso Michoacán llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en una polémica sentencia reconoció condiciones de violencia e intervención del crimen organizado, pero las consideró focalizadas y no determinantes en el resultado. El tribunal confirmó el triunfo de Morena y mandó al INE generar mapas de riesgo y protocolos para prevenir la violencia política en futuros procesos. Silvano Aureoles se plantó una semana frente a Palacio Nacional, a la espera de que el presidente López Obrador conociera el expediente, pero nunca fue recibido.
El 23 de agosto de 2021, los líderes del PRI, PAN y PRD se reunieron en Washington DC con Luis Almagro, secretario general de la OEA, para entregarle un expediente de más de 50 páginas sobre la influencia del crimen organizado en las elecciones mexicanas. Las misiones internacionales que observaron ese proceso admitieron que el principal problema fue la intervención de los grupos criminales. Y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por los niveles de violencia y el asesinato de mínimo 91 políticos durante el proceso, de los cuales 36 eran candidatos.
En 2022, en los comicios locales de Tamaulipas, Morena y su candidato, Américo Villarreal Anaya, también fueron denunciados ante el instituto electoral local, por haber recibido supuestos apoyos de grupos delincuenciales. Durante este proceso, la oposición denunció que Morena en Tamaulipas recibió financiamiento del polémico empresario Sergio Carmona, conocido como el rey del huachicol y asesinado en noviembre de 2021. Un tema explotado políticamente por la oposición, pero que también han expuesto personajes cercanos a López Obrador, como el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. En su reciente libro, Ni venganza ni perdón, el abogado afirma que este empresario vinculado con la importación ilegal de combustible dio apoyos económicos al partido cuando el dirigente era Mario Delgado, hoy secretario de Educación Pública. “Carmona no solo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental del engranaje electoral del partido en el norte del país”, asegura Scherer. Como ahora con la acusación de Estados Unidos, el Gobierno y la cúpula del partido desacreditaron el asunto exigiendo pruebas contundentes.
En las elecciones de 2024, en las impugnaciones de la elección presidencial, PRI, PAN, PRD y la candidata Xóchitl Gálvez volvieron a denunciar la existencia de un contexto de violencia generalizada y la intervención del crimen organizado como factores determinantes para solicitar la nulidad del proceso. Nuevamente, el Tribunal Electoral consideró infundados los agravios, aunque en los argumentos de la sentencia volvió a exponer la preocupación por los hechos aislados que pudieron incidir en la voluntad ciudadana en lugares focalizados.
El proceso iniciado en Estados Unidos contra Rubén Rocha y nueve políticos de su entorno más cercano reabre este expediente de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovarán las gubernaturas de Sinaloa y otras 16 entidades, muchas de ellas con una presencia importante del crimen organizado.
