El presidente López Obrador, que se portó bien en términos fiscales los primeros cinco años de su gobierno, el sexto se deschongó. Gastó como si no hubiera futuro. Típico de los políticos en año electoral.
El déficit fiscal de 2024 será mayor al 5% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB). No habíamos tenido una cifra de este tamaño en las últimas tres décadas. Más déficit significa más deuda, cara porque las tasas de interés en México y en el mundo están muy altas.
Al principio, Claudia había dicho que quería llevar este déficit al 3% en 2025. Esto hubiera implicado un ajuste masivo del gasto público profundizando la desaceleración económica que ya estamos viviendo, con la probabilidad, incluso, de caer en una recesión. Mal augurio comenzar un sexenio con una pérdida del PIB.
La nueva Presidenta, en una decisión inteligente, le pidió al actual secretario de Hacienda que se quedara en su puesto para el próximo sexenio. Por fortuna, Rogelio Ramírez de la O aceptó. Él sabe el tamaño del problema fiscal y lo que se requiere para resolverlo.
Por lo pronto, ya renunciaron a llevar el déficit fiscal al 3% el año que viene para alcanzar esta cifra hacia la segunda parte del sexenio de Sheinbaum. Esto significa que probablemente tendremos déficits fiscales por arriba del 3% en 2025 y 2026.
¿Cómo cuadrarán Sheinbaum y Ramírez de la O el presupuesto del año que viene?
Es cierto que habrá ahorros en 2025 con respecto a 2024. Supuestamente se terminarán proyectos de infraestructura correspondientes a este sexenio.
Pero seguirá habiendo presiones, por lo menos, en cinco rubros.
Primero, Pemex. La empresa petrolera ha sido un barril sin fondo para el gobierno federal, que le ha tenido que inyectar más de un billón de pesos durante este sexenio. La producción de crudo no se incrementa y la refinación genera pérdidas de cientos de miles de millones de pesos anuales. La realidad es que Pemex está quebrada. Requiere de una reestructuración financiera y operativa de fondo. No es gratuito que Claudia no haya anunciado quién será el director general de Pemex por todo lo que está en juego económica e ideológicamente para la 4T.
Segundo, el gasto social. El presidente López Obrador duplicó la pensión para adultos mayores en 2024, una jugada eminentemente electoral, que tendrá que seguirse pagando del erario. Claudia no tendrá mucho espacio para continuar incrementando los montos a los beneficiarios, aunque prometió bajar la edad para recibir esta pensión a las mujeres: de 65 a 60 años. La Presidenta electa ya anunció que este beneficio no entrará inmediatamente cuando comience su sexenio por la falta de recursos. A ello hay que agregar un programa de becas para niños de educación básica, al que también se comprometió Claudia.
Tercero, los intereses. Se calcula que la deuda total del gobierno federal, medida en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, alcance unos 50 puntos del PIB, cuatro más que el año pasado. Estamos hablando de un endeudamiento anual de alrededor de un billón de pesos, en un momento en donde las tasas de interés siguen estando altas. Es cierto: la perspectiva es que bajen las tasas en el tiempo, pero lenta y gradualmente. Por lo pronto, el país tendrá que pagar una barbaridad de intereses. Tan sólo este año del orden de 1.3 billones de pesos.
Cuarto, la recaudación. Es sabido, México es de los países que menos recauda impuestos de los países de renta media. El año pasado alcanzó el 16.4% del PIB. Sin embargo, por cuestiones políticas, los gobiernos mexicanos han sido refractarios a realizar una reforma fiscal. Fue el caso de López Obrador y, al parecer, de Sheinbaum, quien dijo que “en principio, no se requiere subir los impuestos”. En su lugar, habla de seguir mejorando la eficiencia en la recaudación, particularmente en las aduanas. No sé si exista ese dinero potencial, pero más vale que sí porque, de lo contrario, con las presiones de gasto, sí tendrán que incrementar los impuestos o contratar más deuda.
Quinto, la elección de jueces. Toda esta locura no sólo absorberá mucha de la energía del primer año de gobierno, sino también recursos. Estamos hablando de una elección nacional aún más compleja que la presidencial y legislativa. Eso costará dinero, quiérase o no. Quizá sean algunos miles de millones de pesos. Pero de algún lado tendrá que sacar el dinero el secretario de Hacienda para llevar a cabo esta reforma absurda, como si México estuviera en jauja y pudiera darse el lujo de desperdiciar así los recursos públicos.
