Hace un año, en marzo de 2025, se aseguró en Tampico el buque Challenge Procyon, con lo que quedó al descubierto una extensa red de contrabando de combustible que gozaba de la protección de mandos de la Marina. Documentos obtenidos por MCCI dan una aproximación al tamaño del desfalco: tan sólo una empresa huachicolera que las autoridades vinculan con el Cártel Jalisco evadió impuestos por 29 mil millones de pesos, que equivale a cuatro veces La Estafa Maestra y dos veces el desfalco en Segalmex.
Redacción AN/ SBH
Marlaya SA de CV, una empresa “fantasma” vinculada con la red de contrabando de combustible descubierta hace un año en Tampico, defraudó al fisco con más de 29 mil millones de pesos, monto que equivale al valor de construcción de 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.
Esta única empresa es responsable de un daño a la hacienda pública dos veces más grande que el caso de Segalmex durante el sexenio de López Obrador y 4 veces más que La Estafa Maestra, con Peña Nieto.
La resolución que determinó el monto del desfalco fue expedida el pasado 18 de febrero de 2026 por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco.
La empresa fue constituida en noviembre de 2016 en Guadalajara con un objeto social tan amplio que podía utilizarse para facturar la venta de cualquier tipo de servicios y productos.
Oficio en el que el SAT determinó a Marlaya el monto de adeudos fiscales por más de 29 mil millones de pesos.
-Vínculo con la red de huachicol
Fue hasta una asamblea de mayo de 2018 que Marlaya amplió su actividad a la comercialización de hidrocarburos. En documentos mercantiles consta que el delegado en esa asamblea fue Aldo Ignacio Ulloa Temblador, quien a la vez ha fungido como representante de Mefra Fletes, empresa involucrada en dos mega decomisos de 18 millones de litros de huachicol realizados a finales de marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, y en Ensenada, Baja California.
De hecho, Ulloa Temblador fungió como representante de Mefra Fletes en la asamblea de socios del 20 de marzo de 2019, cuando se integró como administrador único José Isabel Murguía Santiago, hermano del ex alcalde de Teuchitlán, preso por su presunta complicidad en los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre.
El representante legal de Marlaya es Aldo Ignacio Ulloa Temblador, quien a la par ha cumplido esa función en Mefra Fletes, empresa que la FGR ha señalado de estar ligada al CJNG.
El 20 de mayo de 2025, en su participación en la conferencia mañanera, el entonces titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, afirmó que Mefra Fletes y los hermanos Murguía Santiago estaban vinculados al Cártel Jalisco.
“El expresidente municipal de Teuchitlán -que está ya procesado y en la cárcel-, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, para mover ese combustible (de contrabando), y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.
Ulloa Temblador ha sido también representante legal de Dalcrise SA de CV, empresa que tiene participación accionaria en Impulsora de Productos Sustentables (IPS), otra firma acusada por huachicol fiscal, en particular en el caso del buque Atlantic Bay, que según la acusación de la FGR introdujo de contrabando 21.5 millones de litros de diésel por el puerto de Tuxpan en octubre de 2019.
Ulloa Temblador también ha sido representante legal de Dalcrise, otra comercializadora de hidrocarburos.
Dalcrise es accionista en Impulsora de Productos Sustentables, empresa investigada por la FGR en uno de los mayores casos de huachicol fiscal.
MCCI documentó que IPS, a su vez, está ligada a Ecocarburante, empresa que fue proveedora de combustible de la Sedena en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Todas las empresas anteriormente mencionadas (Marlaya, Mefra Fletes, Dalcrise, IPS y Ecocarburante) aparecen en la causa penal 325/2025 iniciada por la FGR a partir del aseguramiento del buque Challenge Procyon, realizado a mediados de marzo de 2025, y que reveló la existencia de una amplia red de contrabando de combustibles que tenía la protección de mandos militares.
En la causa penal 325/2025 se menciona a Marlaya en la red de huachicol fiscal protegida por mandos marinos.
-El desfalco de Marlaya
En el expediente de la FGR sobre huachicol fiscal se menciona que Marlaya se encargaba de comercializar el combustible que ingresaba de contrabando.
“Una vez que el combustible es comprado en Estados Unidos, se importa a México para ser vendido a diversas empresas, entre las que se encuentran Marlaya (…), quienes comercializan petrolíferos”, se lee en la causa penal 325/2025.
Un documento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fechado el 18 de febrero de 2026, refiere que derivado de esa comercialización de hidrocarburos la empresa incurrió en una evasión multimillonaria, estimada en un importe histórico de 29 mil 294 millones 892 mil pesos.
El mayor monto fue determinado por la Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, por un adeudo de 29 mil 100 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta e IVA que no fueron declarados.
De acuerdo con el documento, desde septiembre de 2021 el SAT había detectado irregularidades de Marlaya; en esa fecha se le impusieron multas por infracciones a las leyes tributarias, en materia de comercialización de petrolíferos en territorio nacional.
Tras una serie de procedimientos de fiscalización, el SAT determinó que Marlaya había sido utilizada para evasión fiscal o lavado de activos, y en noviembre de 2025 la incluyó en su listado definitivo de empresas que facturan operaciones simuladas (Efos), también conocidas coloquialmente como “factureras”.
Documento del SAT en el que se reporta la causa por la que incluyó a Marlaya en la lista definitiva de factureras.
El motivo del procedimiento es que la empresa facturaba la venta de hidrocarburos sin tener activos, infraestructura, capacidad material ni personal.
En noviembre de 2019 la empresa había solicitado a la Secretaría de Energía un permiso para importar hasta 10 mil millones de litros de diésel, pero la petición fue rechazada al no tener documentación de respaldo, como datos de proveedores y clientes, y permisos de la Comisión Reguladora de Energía.
La empresa declaró tanto al SAT como a la Secretaría de Energía tener su domicilio fiscal en una casa de la calle Tequila, en la colonia Vallarta Poniente, a espaldas de la Plaza Exhimoda de Guadalajara.
-Otros $3,859 millones de ‘huachicolera’ vinculada
El mismo domicilio de Marlaya es el que reportó la empresa Nafta Aditivos Orgánicos, otra empresa investigada por la FGR por huachicol, y que el SAT incluyó en septiembre de 2025 en su listado de presuntas factureras.
Esa empresa había obtenido en enero de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un permiso para importar hasta 252 millones de litros de gasolina; tras su vencimiento, solicitó la renovación al gobierno de López Obrador, pero desistió del trámite.
En registros aduanales consta que tras el vencimiento de su permiso para importar gasolina, Nafta introdujo al país grandes volúmenes de aceites y otros derivados de petróleo que están exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Un oficio del SAT fechado el pasado 3 de marzo de 2026 determinó que Nafta Aditivos Orgánicos había omitido el pago de 3 mil 859 millones de pesos por concepto de derechos de trámites aduaneros, IEPS no declarado en la aduana de Nuevo Laredo, incumplimiento en el pago del ISR e IVA, además de multas derivadas de infracciones a la leyes tributarias.
-Un desfalco que supera presupuestos de dependencias
El monto determinado por el SAT de los impuestos evadidos por la empresa Marlaya equivalen a 33 veces el presupuesto de la Secretaría Anticorrupción y 1.4 veces el de la Fiscalía General de la República, dos de los organismos responsables de investigar y sancionar a los funcionarios y particulares involucrados en la trama criminal del huachicol fiscal.
Además, el desfalco de Marlaya representa el costo de construir 9 líneas de Cablebús o Mexicable, uno de los proyectos emblema ejecutados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El costo promedio de cada línea fue de 3 mil 350 millones de pesos.
Con el monto defraudado también alcanzaría para edificar 500 planteles de bachillerato nacional, como los inaugurados recientemente en Chimalhuacán e Ixtapaluca, cada uno con capacidad para 1,200 alumnos; 862 cuarteles de la Guardia Nacional (con costo unitario de 34 millones de pesos) o 42 hospitales generales de zona con entre 100 y 200 camas, como los que construyó el IMSS en Ensenada, Baja California, y en Ticul, Yucatán.
