Un seguimiento a registros oficiales de contrataciones públicas y documentos, consultados por Proceso, permiten identificar que las razones sociales son Soluciones Logísticas Inteligentes; Agro Tecnologías de Jalisco, así como Maniobras y Almacenaje del Centro.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Entre 2018 y 2025, las dependencias federales encargadas del abasto alimentario en México asignaron contratos por más de 4 mil 600 millones de pesos a tres empresas propiedad de un mismo empresario: Gustavo Guzmán Romero.
Un seguimiento a registros oficiales de contrataciones públicas y documentos, consultados por Proceso, permiten identificar que las razones sociales son Soluciones Logísticas Inteligentes; Agro Tecnologías de Jalisco, así como Maniobras y Almacenaje del Centro.
Las adjudicaciones provinieron de entidades que forman parte del sistema de distribución de alimentos del gobierno federal, entre ellas Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa, Diconsa y la empresa estatal Alimentación para el Bienestar, responsables de operar programas de suministro de productos básicos para población vulnerable.
A través de una revisión de contratos, se pudo identificar que Soluciones Logísticas Inteligentes concentró la mayor parte de los recursos, con adjudicaciones por 4 mil 285 millones de pesos.
A esta firma se suman Agro Tecnologías de Jalisco, con tres contratos por 298.8 millones de pesos, mientras que Maniobras y Almacenaje del Centro fue beneficiada con tres contratos por 98.8 millones de pesos.
En conjunto, estas empresas acumulan más de 4 mil 600 millones de pesos en contratos públicos, principalmente relacionados con servicios de transporte, logística y manejo de insumos destinados a programas federales de alimentación social.
Concentración proveedora
Del monto total identificado en contratos, Soluciones Logísticas Inteligentes S.A. de C.V. (SLI) recibió cerca del 91.5 por ciento de los recursos, lo que la convierte en la principal beneficiaria dentro del grupo empresarial de Guzmán Romero.
Los contratos se relacionan principalmente con servicios de fletes terrestres y traslado de productos básicos, entre ellos maíz, frijol y diversos insumos destinados a los programas de distribución alimentaria operados por el gobierno federal.
De acuerdo con los registros de contratación pública, se puede advertir que la empresa participó tanto en licitaciones públicas como en procesos de adjudicación directa, dependiendo del contrato y del ejercicio fiscal correspondiente.
A la sombra de Segalmex
El flujo de contratos hacia Soluciones Logísticas Inteligentes ocurre en el contexto de las irregularidades detectadas en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
En torno a este caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó irregularidades por más de 15 mil 300 millones de pesos, principalmente entre 2019 y 2020, lo que convirtió al caso Segalmex en uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración pública reciente.
Entre las anomalías detectadas se encuentran contratos simulados, desvíos de recursos, falta de controles en inventarios y la participación de empresas con irregularidades administrativas.
En particular, la ASF mencionó a Soluciones Logísticas Inteligentes en el Informe de Cumplimiento 2020-1-08JBP-19-0327-2021, donde revisó el contrato CSS/014/2020, adjudicado directamente a la empresa por hasta 278 millones de pesos.
De acuerdo con el órgano auditor, la investigación de mercado que sustentó la contratación fue insuficiente, ya que se basó únicamente en información interna del organismo, sin consultar fuentes externas que permitieran validar condiciones de competencia.
La ASF también señaló que no se entregaron documentos fiscales esenciales, ni la relación firmada de embarques ni el calendario de entregas establecidos contractualmente. Además, se identificaron pagos por servicios de fletes correspondientes a periodos fuera de la vigencia del contrato, sin soporte legal que justificara dichos desembolsos.
La auditoría documentó también retrasos de hasta 45 días en la prestación del servicio, que generaron penalizaciones que finalmente no fueron aplicadas por la dependencia.
Pese a estas observaciones, los registros de contratación pública muestran que la empresa continuó obteniendo contratos en años posteriores.
Política y negocios
Versiones periodísticas también han apuntado posibles vínculos entre las empresas y actores políticos o exfuncionarios del organismo. Entre los nombres mencionados se encuentra el diputado federal morenista, Francisco Javier Borrego Adame, empresario transportista y propietario de Autotransportes Grupo JB.
El legislador coahuilense también ha ocupado distintos cargos dentro de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), donde ha sido presidente, vicepresidente y delegado. En esa misma organización Gustavo Guzmán Romero funge como secretario de Organización.
Registros públicos y comunicados oficiales muestran que el legislador y Guzmán Romero mantienen interlocución, pues han sostenido diversas reuniones y proyectos conjuntos. En febrero de 2026, por ejemplo, participaron en un encuentro con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para impulsar un programa de formación de operadores del autotransporte.
Comunicados del propio Poder Legislativo también dan cuenta de otras reuniones en las que Borrego Adame dialogó con representantes de la CONATRAM, entre ellos Guzmán Romero, sobre temas regulatorios, seguridad en carreteras y la construcción de una agenda legislativa para el sector.
Actualmente, Borrego Adame, diputado federal desde 2018, se desempeña como secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
El legislador ha tenido sus propios escándalos ya como diputado. En 2021 se mantenía vigente una orden de aprehensión en su contra por fraude genérico, dictada por el Juzgado Cuarto Penal, de Durango, pero gozaba de fuero.
A estos señalamientos se suman referencias a posibles conexiones entre la empresa y exfuncionarios del propio Segalmex, entre ellos la exgerente de operaciones Tania Alejandra Valdez Reyes y el exdirector de Precios de Garantía Miguel Carrillo Villarreal.
Escándalo y los mismos
Tras el escándalo de irregularidades, el gobierno federal reestructuró el organismo y creó la empresa estatal Alimentación para el Bienestar, que absorbió parte de las funciones de Segalmex y Diconsa.
En el ocaso de su administración, en 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrado, lamentó al menos en dos ocasiones el fraude en Segalmex que calificó como “la mancha que me llevo”.
Todavía el 5 de septiembre de 2024, López Obrador se refirió al caso y presentó un informe en su conferencia mañanera para mostrar que había detenidos y que las investigaciones continuaban.
Ese día dejó instrucciones para que se diera seguimiento a las denuncias presentadas contra los funcionarios implicados, esto es, las 47 personas que fueron investigadas a partir de 156 denuncias, por las que se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal y de éstas, nueve son exservidores públicos y 17 particulares.
Sin embargo, proveedores que participaron durante la etapa anterior continúan favorecidos en procesos de contratación, incluida la firma Soluciones Logísticas Inteligentes.
Uno de esos procedimientos fue la licitación nacional para servicios de fletes terrestres destinados al traslado de maíz, frijol e insumos de programas sociales, en la que nuevamente aparece la empresa madre de Guzmán Romero aparece como participante.
