La captura de dos objetivos prioritarios del FBI, junto con el envío de 37 capos, cierra una semana de esfuerzos por aplacar al cada vez más imprevisible presidente estadounidense
David Marcial
En poco más de una semana, México se ha apuntado dos nuevos tantos con Estados Unidos. Dos capturas de objetivos prioritarios para las autoridades estadounidenses, en concreto del FBI, y que además han coincidido con la visita del director de la agencia federal de investigaciones, Kash Patel, uno de los exponentes de la línea más dura de trumpismo. Ambos movimientos, sumados a la entrega de 37 capos, llegan en un momento delicado en la ya de por sí complicada relación bilateral. La operación militar en Venezuela a principios de este mes, que consumó la captura del presidente Nicolás Maduro, y la proximidad de las elecciones intermedias en Estados Unidos han elevado la presión sobre México. En las últimas semanas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado una campaña, tanto con negociaciones a puerta cerrada como con la escenificación de operaciones de peso, con el objetivo de espantar el fantasma de una intervención en territorio mexicano.
El equipo de la presidenta confía en que cada resultado en seguridad, cada captura, cada decomiso y desmantelamiento de laboratorios de droga abona el terreno para aplacar al cada vez más imprevisible presidente estadounidense, que busca un golpe de efecto que eleve su aprobación de cara a los cruciales comicios que renovarán ambas cámaras en Washington. Los últimos esfuerzos van además más allá de la lucha contra el narcotráfico. El sábado pasado, la policía mexicana detuvo a Alejandro Rosales Castillo, que contaba con ficha de búsqueda y orden de arresto con fines de extradición, por el homicidio en 2016 de una mujer en Carolina del Norte.
Este mismo viernes, el canadiense Ryan Wedding, acusado de tráfico de drogas y varios homicidios en territorio estadounidense, ha sido enviado a Estados Unidos con el FBI después de haberse entregado en la embajada de Washington en México. La agencia federal acusa al exatleta olímpico de llevar escondido en México más de una década y de dirigir una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba cientos de kilos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cartel de Sinaloa. Tanto Rosales como Wdding se encontraban en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.
La buena relación del gabinete de seguridad mexicano con el estadounidense, particularmente con el FBI y el Comando Norte del Ejército, han apuntalado estas operaciones. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció este viernes que “el Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios”. Patel mantuvo este jueves dos reuniones de alto nivel. Una con el equipo del propio Harfuch y otra con la Fiscalía General de la República, en las que participó también el embajador, Ronald Johnson.
Cada uno de los movimientos ha ido acompañado de la metódica estrategia de comunicación con la que México busca destacar los logros en su política de seguridad, tanto en clave interna como de cara a la turbulenta relación bilateral. Sus comunicados insisten en “el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, o en que “la responsabilidad compartida continuará siendo el principio rector de esta colaboración”. La misma tesis, por ejemplo, que defendió Sheinbaum con la llegada la semana pasada de un avión militar al Aeropuerto Internacional de Toluca. La presidenta explicó que se trató de un programa de capacitación para policías mexicanos dentro del marco de cooperación binacional y “regulado por el sistema de seguridad nacional”.
La retórica diplomática, en medio del vendaval de presiones y amenazas desde el norte del Río Bravo, suele ser compartida por el embajador Johnson. Tras la tercera tanta de entregas de presos, este dijo que la relación entre ambos países es la “más cooperativa” de las últimas décadas. “Desde que Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica. La transferencia realizada demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de carteles y los grupos narcoterroristas”, añadió el embajador.
Algo menos elegante acostumbra a ser la fiscal general, Pam Bondi, que reaccionó al traslado de los presos por narcotráfico con una lectura más enfocada en el rédito electoral. “Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump de destruir a los carteles. Pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense”. En la batalla por el relato, Sheinbaum concedió que, efectivamente, la entrega vino precedida de una petición del Departamento de Estado, pero matizó que cada uno de los casos “se analizó a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de la soberanía”.
