La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Mario Aburto para resolver si la sentencia de 45 años por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio fue correcta.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción del amparo directo promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), para resolver si fue correcto el marco legal que se aplicó para sentenciar a 45 años de prisión a Mario Aburto Martínez por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994.
Al asesino confeso del excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se le aplicó la sentencia establecida en el Código Penal Federal (CPF) y no la del Código Penal de Baja California, donde ocurrió el asesinato, y que mandata un máximo de 30 años por el delito de homicidio doloso.
En la sesión de este miércoles se resolvieron las Solicitudes de Ejercicio de Facultad de Atracción (SEFA) 929/2025 y 947/2025, en la que estuvo impedida para participar la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, por haber sido funcionaria de la FGR.
Al resolver que se ejerce la facultad de atracción del amparo directo 104/2021, promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte debe resolver: “¿cuál es el parámetro para analizar un procedimiento penal sobre magnicidio bajo el sistema penal tradicional a efecto de garantizar los derechos del quejoso (Aburto) y de la víctima?”.
SCJN podría definir libertad inmediata o continuidad de pena
De la conclusión a la que lleguen los integrantes del Pleno de la SCJN, Aburto podría quedar en libertad inmediata, al haber compurgado los 30 años de prisión del Código de Baja California, o deberá cumplir los 15 que le falta y que reclama la FGR.
En contra de la resolución votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González, el resto del Pleno consideró que se debe resolver sobre la sentencia impuesta al michoacano, Aburto Martínez.
Este asunto resurgió en 2023, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió un amparo para el asesino confeso de Colosio Murrieta, el que fue otorgado por un Tribunal Colegiado para que aplique la pena de 30 años de cárcel que determina el Código Penal bajacaliforniano.
Esta resolución fue impugnada por la FGR, lo que llevó a que, en octubre de 2024, la Primera Sala de la SCJN dejara sin efecto el amparo, y ordenó al al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito reponer el procedimiento.
Las víctimas indirectas del caso, familiares de Colosio Murrieta fueron citados a declarar, pero no se presentaron, por lo que se estableció que el pasado 9 de diciembre de 2025 se iba a resolver el caso, sin embargo, el presidente de la Corte, ministro Hugo Aguilar, ordenó no hacerlo tras dar entrada al recurso presentado por la FGR.
