El caso ocurre tras fallo de la SCJN al declarar inconstitucional una disposición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Sonora que exigía permiso previo para realizar manifestaciones en la vía pública
EL UNIVERSAL
Guaymas. -La activista Martha Macarena Pérez y varios extrabajadores jubilados de la Comisión Estatal del Agua (CEA) fueron vinculados a proceso por el delito contra las vías de comunicación, luego de participar en una manifestación que derivó en el bloqueo de calles del sector Centro de Guaymas para exigir prestaciones laborales y atención médica.
Los hechos ocurrieron entre las 09:30 y las 10:22 horas del 14 de enero, cuando los manifestantes se colocaron sobre los carriles de circulación de la avenida Aquiles Serdán y calle 22, así como en el cruce de Abelardo L. Rodríguez y Serdán, obstruyendo el tránsito vehicular.
La protesta fue encabezada por jubilados del CEA que reclamaban servicio médico y el pago de su liquidación, argumentando que dos de ellos enfrentan problemas graves de salud, uno con cáncer y otro con riesgo de amputación.
Las autoridades informaron que, pese a ser requeridos por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública para liberar la vía pública de manera voluntaria, los manifestantes se negaron, motivo por el cual fueron detenidos en flagrancia.
Junto a la activista fueron detenidos Francisco “N”, Juan “N” y Cristina “N”, ex empleados del organismo.
Durante la audiencia de control, celebrada la tarde del jueves 15 de enero, el Ministerio Público formuló imputación por el delito contra las vías de comunicación.
Tras analizar los datos de prueba, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los imputados e imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que los señalados enfrentarán el proceso en libertad.
Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El caso ha generado debate público al ocurrir días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional una disposición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Sonora que exigía permiso previo para realizar manifestaciones en la vía pública.
El fallo, emitido el 6 de enero, sostuvo que dicha exigencia constituía un mecanismo de control previo incompatible con el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que condicionar las manifestaciones pacíficas a una autorización previa es ambiguo y puede inhibir el ejercicio del derecho a la protesta, al abrir la puerta a la censura previa.
En el mismo sentido, el ministro Giovanni Figueroa Mejía calificó el requisito como vago e impreciso, al generar márgenes de discrecionalidad que desalientan la movilización social.
Organizaciones civiles y ciudadanos han señalado la necesidad de conciliar el derecho a la protesta con el orden público, sin criminalizar las demandas sociales, especialmente cuando están vinculadas a derechos laborales y de salud de las personas.
