Dossier Politico
La tragedia de la tienda Waldo’s en el corazón de Hermosillo ha dejado de ser únicamente un expediente de protección civil para convertirse en un incendio político que amenaza con alcanzar las oficinas más altas del Palacio de Gobierno. Con 24 víctimas fatales a cuestas, el inicio de las audiencias judiciales este miércoles no solo busca responsables materiales, sino que pone a prueba la narrativa de “transformación” y “justicia social” que el gobernador Alfonso Durazo ha enarbolado desde su campaña.
El factor Juan González: El hombre de confianza
La implicación de Juan González es, quizás, el flanco más vulnerable para el mandatario. No hablamos de un funcionario de tercer nivel; González fue el secretario particular de Durazo, su mano derecha en la transición y, posteriormente, el encargado de la Coordinación de Protección Civil. Su salto a la SADER no borra su responsabilidad administrativa durante el siniestro.
Para Durazo, el costo político es doble. Primero, por la cercanía personal: permitir que el proceso avance contra un colaborador íntimo es un mensaje de debilidad interna, pero protegerlo sería un suicidio político ante una sociedad sonorense que aún tiene la piel sensible por la herida abierta de la Guardería ABC. Segundo, por los vínculos incómodos: las autorizaciones concedidas por González a empresas señaladas por la OFAC (como Qui Lab) añaden una capa de sospecha que el gobierno estatal no puede permitirse ignorar.
La sombra de la Guardería ABC
En Sonora, cualquier incendio con víctimas masivas se mide inevitablemente con la vara de 2009. El sistema político sonorense colapsó tras la Guardería ABC debido a la percepción de que los hilos del poder protegieron a “los de arriba”.
Hoy, la Fiscalía de Sonora —bajo una administración emanada de Morena— enfrenta su examen de madurez. Si el proceso judicial se percibe como una simulación o si las “salidas alternas” (como el procedimiento abreviado) se utilizan para ocultar negligencias de alto nivel, el gobierno de Durazo cargará con un estigma de impunidad que borrará cualquier avance en infraestructura o seguridad.
Fuego cruzado: Estado vs. Municipio
La inclusión de funcionarios municipales vinculados al alcalde Antonio Astiazarán (como Florencio Díaz y Eduardo Acuña) le da al caso un matiz de guerra política. Esto podría derivar en dos escenarios:
- Justicia pareja: Una investigación técnica que deslinde responsabilidades tanto en permisos municipales como en supervisiones estatales.
- Cacería de brujas: Un uso faccioso de la tragedia para golpear a la oposición de cara a los próximos procesos electorales.
Conclusión
La tragedia de Waldo’s es el punto de inflexión para el sexenio de Alfonso Durazo. La ciudadanía no aceptará menos que la verdad sobre el uso de documentos apócrifos y las omisiones de supervisión. El Gobernador se encuentra en una encrucijada: o entrega a sus cuadros más cercanos en aras de la legalidad, o permite que el desprestigio consuma la legitimidad de su administración. En Sonora, el fuego no se apaga con retórica, sino con sentencias.
Justicia en blanco y negro: El laberinto procesal del caso Waldo’s
El incendio de la tienda Waldo’s el pasado 1 de noviembre no solo dejó cenizas y pérdidas materiales en Hermosillo; dejó una herida abierta en la percepción de seguridad y justicia de nuestra ciudad. Sin embargo, lo ocurrido esta semana en las salas del Juzgado Oral Penal del Distrito 1 sugiere que, para el sistema judicial, a veces pesa más el matiz de una fotocopia que la urgencia de la justicia.
Resulta, por decir lo menos, inverosímil que en un proceso de tal relevancia pública, el debate se haya estancado en la “ilegibilidad” de las copias o en el reclamo de que estas no fueran a color. Si bien el derecho a una defensa técnica y el acceso a la carpeta de investigación son pilares del debido proceso, permitir que argumentos de forma asfixien el fondo de una audiencia de imputación roza la negligencia institucional.
El reloj constitucional ignorado
Lo más alarmante de la resolución no es solo la liberación de cinco personas —quienes, cabe aclarar, siguen bajo sospecha mas no bajo proceso—, sino la vulneración flagrante de los plazos legales. Nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales son claros: existe un plazo máximo de 144 horas para resolver la situación jurídica de un imputado.
Al otorgar 18 días bajo el pretexto del “volumen del expediente”, el juzgador no solo está siendo generoso con los tiempos de la defensa; está ignorando un mandato constitucional y enviando un mensaje peligroso: las reglas del juego son elásticas si la burocracia lo requiere.
¿Dónde queda la víctima?
Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado anuncia impugnaciones y se prepara para una batalla legal contra el criterio del Juez, la sociedad hermosillense observa con escepticismo. La justicia que se demora, o que se pierde en tecnicismos sobre el tóner de una impresora, difícilmente puede llamarse justicia.
“La justicia no es un favor que el Estado concede, es una obligación que debe cumplirse con rigor, prontitud y, sobre todo, sentido común.”
La pretensión punitiva del Estado debe mantenerse firme, pero requiere de un Poder Judicial que no confunda el garantismo con la permisividad. El caso Waldo’s es ahora una prueba de fuego para las instituciones sonorenses. No podemos permitir que la verdad sobre el siniestro se evapore entre los pasillos de un juzgado, mientras los responsables —quienquiera que sean— caminan libres por un exceso de cortesía procesal.
Esperemos que la apelación de la Fiscalía no sea solo un trámite más, sino el inicio de una corrección de rumbo necesaria. Hermosillo merece respuestas, no pretextos de oficina.
