Las comunidades sostienen que los planes anunciados carecen de sustento legal, excluyen a los afectados y ofrecen $1,500 millones, una cantidad muy menor frente al daño ambiental calculado por el propio Estado en años anteriores
INFOBAE
Los Comités de Cuenca Río Sonora, integrados por la comunidad afectada del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, ocurrido hace doce años, el 6 de agosto de 2014, cuando se liberaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, por una falla en la mina Buena Vista del Cobre, operada por Grupo México, denunciaron simulación política y empresarial en cuanto a la implementación de las medidas de remediación. ocasionadas por este desastre.
La comunidad señaló en un informe titulado “La simulación como política pública: 12 años sin reparación en el Río Sonora”, que aunque los gobiernos federal y estatal afirman públicamente que existe un proceso de reparación en marcha, mientras que solicitudes de transparencia revelan que ni las comisiones presidenciales de 2014 ni los planes de remediación y justicia anunciados cuentan con existencia jurídica ni sustento legal.
Señalan que el nuevo Plan de Justicia Cananea-Río Sonora, anunciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuya continuación promete seguir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el convenio económico firmado en 2026 con Grupo México, por 1,500 millones de pesos, “tiene carácter opaco”, pues afirman que ningún documento fue publicado y no se tomó en cuenta a la comunidad. De acuerdo con los comités, la cifra pactada “solo representa 7.5% de los 20 mil millones de pesos en los que el propio Estado cuantificó el daño ambiental.
Daños a la salud siguen sin atenderse por el derrame en el río Sonora
En materia de salud pública, el comité ha registrado la negligencia y omisión de información, pues de acuerdo con el informe, entre el 2021 y 2022, personal del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) tomó muestras a 1,500 personas: 705 fueron identificadas con plomo en sangre, con necesidad de tratamiento de por vida, pero ninguna ha recibido atención médica especializada. El informe técnico oficial calcula en 1,718 millones de pesos solo el costo médico necesario, contradiciendo el monto limitado del reciente convenio. A la vez, no se entrega diagnóstico individual ni información veraz a los afectados, mientras los fallecimientos por enfermedades asociadas al derrame se acumulan en expedientes judiciales.
El agua contaminada sigue siendo una de las aristas más graves. Los monitoreos más recientes citados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentan presencia de mercurio y arsénico en todas las muestras, y el 99% de la población de la cuenca en riesgo.
El documento también apunta que la contaminación persiste desde el 2014; citan al Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) y reconocen que la contaminación por metales pesados no ha disminuido, y que la población continúa expuesta a arsénico, plomo y cadmio.
Además, señalan que el Plan de Remediación Ambiental sigue sin ser difundido entre la comunidad, sin embargo, la comunidad accedió al documento vía transparencia “y se encuentra incompleto”. “En la reunión del 20 de mayo de 2025, encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se adoptaron compromisos concretos, incluyendo la restauración integral de la cuenca y la publicación del plan en el Diario Oficial de la Federación. Esos compromisos no han tenido continuidad y por lo tanto, no existe un plan con validez oficial ni compromiso más allá de los funcionarios en turno. No queremos volver a empezar de cero cada cambio de personal”.
Exigen a Segob aclarar si existe un convenio vigente con Grupo México
Los Comités de Cuenca Río Sonoraexigen a la Secretaría de Gobernación (Segob) una respuesta clara sobre la existencia de un convenio oficial con Grupo México, tras señalar contradicciones en la información del gobierno federal. Recordaron que el 19 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acuerdo existe y pidió que sea transparente. Sin embargo, al solicitar el documento por vías legales, la respuesta oficial fue que dicho convenio no existe.
Las comunidades afectadas consideraron grave enterarse de posibles acuerdos solo por medios de comunicación, en vez de recibir información directa de las autoridades. Denunciaron opacidad y exigieron acceso al convenio.
Sostienen que la prolongada falta de respuestas efectivas, la opacidad de los acuerdos recientes y la negativa a transparentar expedientes penales o diagnósticos toxicológicos caen en la revictimización institucional.
El informe de los Comités de Cuenca Río Sonora apunta que en México, la simulación puede convertirse en política pública cuando las obligaciones de reparación ambiental y de salud dejan de medirse por sus efectos reales y en su lugar se emiten documentos y la creación de mesas de trabajo.
