Raúl Rocha se convirtió en una pieza desechable para efectos de opinión pública, pero la filtración en sí misma, es un claro control de daños para dar oxígeno a Palacio Nacional, tiene alas para convertirse en un escándalo mayor.
No podía haber caído en mejor momento para desviar la atención de las crisis múltiples que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum: Raúl Rocha, a quien arrolla un huracán categoría 5 por la controversia internacional sobre la integridad del certamen Miss Universo, la Fiscalía General de la República decidió sacrificarlo para que se llevara los reflectores a otro lado. Abrió la caja del silencio y filtró a la prensa que le otorgaron un criterio de oportunidad para evitar ser procesado y encarcelado por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. Rocha se fue a Tailandia a meterse en otro problema con el concurso y, de regreso a México, se encontró con que, aunque no iría a la cárcel, su fama pública había terminado de hacerse pedazos.
Rocha se convirtió en una pieza desechable para efectos de opinión pública, pero la filtración en sí misma, un claro control de daños –se puede conjeturar–, para dar oxígeno a Palacio Nacional, tiene alas para convertirse en un escándalo mayor, como sucedió cuando, para apaciguar al presidente Donald Trump, la Marina se sacó de la manga una investigación sobre contrabando de combustible en Tamaulipas, que no sabía, ni tampoco la presidenta, que iba a escalar a las alturas del poder del régimen.
La orden de aprehensión que solicitó la FGR menciona a una decena de personas que presuntamente operaron los delitos imputados, pero como subordinados de Rocha, o como Jacobo Reyes León, director de Seguridad de Acolman, un municipio mexiquense pegado a Ecatepec, a quien le pagaba, según el documento, por darle información de la FEMDO. El criterio de oportunidad exige que aporte información “esencial y eficaz” para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, donde, por su naturaleza, no puede darla sobre personas subordinadas a quien lo obtiene, sino de aquellas que, por sus funciones, entran en el supuesto.
Este es el punto donde el caso Rocha puede volverse, como el de los marinos involucrados en el huachicol fiscal, en un asunto tan caliente que la presidenta decida meter el freno y pararlo en un nivel que no permita escalar a alturas que comprometan al régimen. De acuerdo con reportes de inteligencia, Rocha tiene vínculos con el Grupo Virreyes, que está siendo investigado por la FGR porque una de sus empresas, Mada Energy, con sede en Querétaro, operaba gasolineras en Tamaulipas cuyo combustible compraba a pipas de origen desconocido, que vendía en 19 pesos el litro de gasolina regular, cuando en el mercado local el litro estaba en 21.69 pesos, poco después del aseguramiento de un barco con huachicol, que detonó la investigación con los marinos.
El Grupo Virreyes, que encabeza Mario Giordano, tiene relaciones abiertas con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y con el expresidente de Morena, Mario Delgado, quienes han sido señalados en investigaciones en México y Estados Unidos como parte de las redes del contrabando de combustible. Los reportes de inteligencia señalan que, además de Rocha, altos funcionarios en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabajaban con él en Palacio Nacional, también tenían una relación estrecha con ese grupo.
La investigación, cuyos generales fueron publicados ayer en la prensa, se inició el 29 de noviembre del año pasado a partir de una denuncia anónima. Esa investigación derivó en la causa penal 307/2025 del 7 de agosto de este año, en la que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó una orden de aprehensión en contra de 13 personas, entre las que se encontraba Rocha, por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible. La jueza a la que le pidieron la orden de aprehensión, en el Estado de México, la rechazó por carecer de legal competencia por cuestiones de territorio –fuera de su jurisdicción– y de seguridad, porque las autoridades dijeron que los delitos se habían realizado en Querétaro y la Ciudad de México.
La FEMDO llevó el caso a Querétaro, donde se abrió el 15 de noviembre la causa penal 495/2025, que es lo que se filtró a la prensa. En ella aparecen al menos ocho de las 13 personas imputadas en la causa penal inicial de agosto, en la que figuran la fiscal especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Mari Carmen Ramírez Rodríguez; el comandante de la FEMDO, Raúl Manrique Miranda, y una jueza federal, Elizabeth Muzquiz Pineda, adscrita a San Juan del Río, en Querétaro. No aparece en la orden que publicó la prensa Jorge Alberts Ponce, que sí figura en la causa penal del 6 de agosto. Alberts Ponce dirige una empresa que le daba servicio de vigilancia a Banobras en el sexenio pasado y es socio del Grupo Aura, donde cuatro de sus cinco accionistas están vinculados a una red de corrupción de Segalmex, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
Según lo que publicó la prensa, la denuncia anónima presentada en la FGR detonó la investigación el 29 de noviembre del año pasado, dos semanas después de que el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que sus predecesores Adán Augusto López y Carlos Merino, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, “deberán responder por la violencia” en el estado.
May inició una investigación contra La Barredora, que manejaba el exdirector de Seguridad del gobierno estatal, Hernán Bermúdez Requena, nombrado por el senador López, que era un brazo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que operaba una ruta de contrabando de combustible desde la frontera con Guatemala hasta Tamaulipas. La denuncia que involucra a Rocha lo imputa con la misma organización criminal y con su aliada en la capital federal, La Unión Tepito, que tenía tratos con los oficiales de la Marina Fernando y Manuel Farías Lagunas, sobrinos políticos del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda. La investigación contra ellos por el huachicol fiscal, que destapó la cloaca en el olimpo de la cuatroté, está congelada. La de Bermúdez Requena también. Los exgobernadores de Tabasco tampoco están siendo investigados. Todas las investigaciones por el contrabando de combustible, de manera extraña, están paradas. El caso Rocha podría seguir el mismo camino, una vez que cubra y haga olvidar las múltiples crisis de la presidenta.
