Hermosillo, Sonora; 18 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica en la recaudación municipal y garantizar el retorno de recursos a las comunidades rurales y ejidales, el diputado Próspero Valenzuela Múñer propone reformas a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora.
Durante su exposición de motivos, el legislador recordó la importancia histórica y social de los ejidos en México como base de justicia social y desarrollo rural desde la Reforma Agraria y el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Asimismo, destacó cómo las reformas neoliberales de 1992 permitieron la privatización parcial de tierras ejidales, generando vacíos legales y desigualdades en su aprovechamiento.
Valenzuela Múñer explicó que la propuesta legislativa tiene como eje central la regulación clara y homologada del Impuesto Predial Ejidal, a fin de evitar evasiones fiscales, fortalecer las finanzas públicas locales y asegurar que los ingresos derivados de este gravamen regresen en forma de inversión social para el beneficio directo de los ejidos.
“Es importante precisar que los arrendatarios, acreedores, depositarios u otros análogos que usan, disfrutan y obtienen beneficios de los terrenos ejidales evaden el Impuesto del Predial Ejidal, promoviendo amparos ante el Poder Judicial, concedidos por la falta de certeza jurídica de dicho impuesto en la Ley de Ingresos. Asimismo, algunos municipios proponen impuestos que no van con el sentido a la razón del Impuesto Predial Ejidal, dejando en estado de indefensión a los municipios y a los propios ejidos ya que en la misma ley de Ingresos se establece que se le regresa el 50% de lo recaudado al ejido para mejoras de los mismos”, resaltó.
Valenzuela Múñer destacó que la iniciativa reforma el marco legal del Impuesto Predial Ejidal, incorporando un nuevo capítulo en la Ley de Hacienda Municipal, en el que se establecen los sujetos obligados al pago del impuesto: ejidatarios, comuneros, arrendatarios, usufructuarios, asociados y terceros que obtengan beneficios económicos del uso de tierras ejidales. También se incluye la identificación de responsables solidarios, entre ellos intermediarios, maquiladores, procesadores, exportadores y compradores de productos provenientes de tierras ejidales, entre otros aspectos.
Subrayó que la iniciativa se alinea con el Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y respaldado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al reconocer la importancia de fortalecer el desarrollo económico, social y ecológico de las comunidades rurales e indígenas.
