Ciudad de México. El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia, obtuvo una suspensión que frena por momento su captura, ya que autoridades lo acusan de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de Hidrocarburos, al presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal.
El marino promovió el recurso el pasado 29 de agosto ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, 10 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente. Reclamó la orden de captura y ejecución que haya librado un juez de control, así como la negativa de acceso a la carpeta de investigación.
Aunque también había reclamado actos de incomunicación, tortura (física y psicológica), golpes y/o malos tratos (inhumanos y degradantes), falta de atención médica, orden de detención ejecutándose, negativa de acceso a la carpeta de investigación, así como la negativa de acceso a su abogado para su adecuada defensa, el quejoso decidió no ratificarlas.
Al respecto, el secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, le concedió la medida cautelar y le fijó el pago de una garantía de 49 mil pesos para que sería efectos dicha suspensión.
“La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído”, señala el acuerdo.
Ayer, el juez federal Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y cinco civiles involucrados -13 de ellos detenidos y encarcelados- por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros combustible procedente de Estados Unidos.
Además, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los 13 detenidos -ya que una mujer identificada como Perla Elizabeth, una verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas-, permanecerá en prisión domiciliaria debido a que está embarazada, mientras dos mujeres más continuarán encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, y los hombres en el Cefereso número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
