El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que fue el propio almirante Ojeda quien, dos años atrás, denunció la existencia de ‘problemas’ en la institución y pidió investigar a fondo a todos los posibles implicados.
Redacción AN / BJC
Una compleja y millonaria red de corrupción dedicada al “huachicol fiscal”, que operaba en la aduana de Tampico, Tamaulipas, ha sido revelada gracias a la confesión de su exdirector, quien ahora funge como testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
La información, publicada por los diarios Milenio y Reforma, detalla un esquema de sobornos millonarios que presuntamente involucra a altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales.
De acuerdo con estos reportes, el testigo colaborador, identificado con el nombre clave “Santo“, delató que la red era controlada por la organización de “Los Primos”, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
La operación, que, según el testimonio, se extendió por casi dos años, permitía el atraque de buques cargados con millones de litros de combustible ilegal. Milenio detalla que por cada barco que atracaba, se pagaba una “cuota” de un millón 750 mil pesos que se repartía en sobornos. Para no ser descubiertos, los manifiestos de carga se falseaban para declarar que los navíos transportaban “aditivos para aceites lubricantes a granel”.
Por su parte, el diario Reforma identifica al testigo protegido como el Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien dirigió la aduana de Tampico entre 2023 y 2025. De acuerdo con este medio, Torres Joaquín confesó a la FGR haber permitido personalmente el desembarco de 14 buques con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025. Por estas operaciones, asegura haber recibido un total de 24 millones 500 mil pesos en sobornos.
Reforma añade que de los 1.75 millones de pesos que recibía por cada buque para repartir, el Capitán Torres Joaquín se quedaba con un millón 420 mil pesos y distribuía solo una fracción entre un pequeño grupo de seis subordinados, a pesar de que el dinero estaba destinado a doce personas. El intermediario para la entrega del dinero, según este diario, era el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK”, quien actualmente se encuentra prófugo.
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La decisión de Torres Joaquín de colaborar con las autoridades se dio tras un presunto secuestro que lo hizo temer por su vida, según lo publicado por Milenio. “Me siento triste, impotente, avergonzado por no haber actuado antes, fui engatusado y manejado por esa persona“, declaró el exfuncionario a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), según el testimonio al que tuvo acceso el periódico.
Ante el escándalo, que involucra a familiares del exsecretario de Marina, Reforma reportó la reacción del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. El fiscal aseguró que fue el propio almirante Ojeda quien, dos años atrás, denunció la existencia de “problemas” en la institución y pidió investigar a fondo a todos los posibles implicados, sin solicitar ningún tipo de protección para sus parientes.
