El proceso para la elección de cientos de cargos en los Poderes Judiciales locales y federal puede considerarse como materialmente concluido tras la jornada del pasado domingo 1 de junio en la que poco menos de 10 millones de personas acudieron a emitir su voto. Probablemente las impugnaciones que de manera natural se presentan en cualquier proceso electoral no tendrán mayor implicación y nada de lo que se pueda presentar como queja alterará de manera sustancial los resultados que hoy conocemos. En espera de cumplir con las formalidades propias del proceso, los saldos y lecciones que este proceso nos deja y que ya podemos analizar son múltiples y no deben pasar desapercibidas para nadie que considere a la democracia como “el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”, como señalaba Winston Churchill.
La reforma del Poder Judicial se concentra, en buena medida, en aspectos electivos y administrativos del ejercicio jurisdiccional, quedando incompleta en la parte procedimental. Sin duda, el aspecto más relevante de la modificación a la Constitución estriba en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, amén de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura, la reducción del periodo de ministras y ministros, pasando de 15 a 12 años, así como lo relacionado con la eliminación de la pensión vitalicia y la disminución de ingresos de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte. En los aspectos que podrían disminuir la impunidad y hacer más expedito el acceso a la justicia, prácticamente no existe nada nuevo y será difícil que la ciudadanía note algún cambio positivo.
El Poder Judicial ha quedado conformado, en la mayoría de sus cargos más relevantes y en no pocos casos del resto de la estructura, por personas ajenas a la función jurisdiccional y con importantes vínculos político-partidistas. La carrera judicial, que consistía en la formación permanente de miles de funcionarios que acumulaban experiencia y les permitía avanzar en el escalafón judicial ha quedado eliminada y a partir de ahora para ser juzgador valdrá más la cercanía ideológica con quienes detenten el poder que el conocimiento y la pericia técnica. A manera de ejemplo, de los cuatro candidatos varones que hoy parecen ser quienes ocuparán sitiales en la Suprema Corte, únicamente uno ha tenido experiencia en la impartición de justicia.
Contrario a lo que en muchas ocasiones se ha señalado, la sociedad mexicana, en una parte muy amplia, no cuenta con una cultura política medianamente avanzada, pues en la mayoría de los casos el conocimiento o interés que se tiene en cuestiones políticas está limitada a aspectos coyunturales relacionados a partidos o personajes específicos y no a estructuras o procesos en general. Ello quedó de manifiesto a lo largo de este proceso, donde eran pocos los que sabían de una reforma al Poder Judicial y sus implicaciones, de la celebración de un proceso para elegir jueces, magistrados y ministros y, en la mayoría de los casos, los nombres, trayectorias y principales postulados de quienes aspiraban a formar parte de la judicatura.
La participación política de la ciudadanía es señaladamente baja, particularmente en procesos que no definen cargos legislativos o ejecutivos, como puede observarse en la consulta popular de 2021, donde únicamente 7.11 por ciento del electorado participó para determinar si debía juzgarse a los ex presidentes, la revocación de mandato de 2022, en la que solo votaron el 17.77 por ciento de la lista nominal para ratificar al presidente López Obrador en el cargo, y la elección judicial, en la que, hasta el momento en que envío mi colaboración, el 12.39 por ciento de los electores acudieron a la urna. No es que en elecciones legislativas o presidenciales la participación sea extraordinariamente alta – en lo que va del siglo XXI, ningún proceso electoral ha alcanzado siquiera el 64 por ciento de participación – pero más del 87 por ciento de abstencionismo en las primeras elecciones judiciales da mucho que pensar.
En nuestra próxima entrega, ahondaremos en las implicaciones políticas que la elección judicial y sus resultados tendrán para el desarrollo institucional de nuestro país más allá del ámbito de la impartición de justicia y centrando nuestro análisis en la reconfiguración de los equilibrios de las fuerzas políticas.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
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