La Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de Sonora escuchó con apertura y atención una propuesta de reforma profunda a la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que presentó el Consejo INCIDE, agrupación desde donde hemos logrado algo escaso en la vida pública: articular técnica, experiencia, conocimiento y compromiso ciudadano en documentos legislativos claro, estructurados y orientados al futuro.
La propuesta se trata de una reforma legal con 29 medidas estructurales que, de tomarse en cuenta, modificarán el paradigma de cómo se planifican, autorizan y supervisan las ciudades y el territorio en Sonora. Va desde lo conceptual hasta lo operativo, desde la ética profesional hasta la digitalización, desde la gestión del agua hasta la vivienda social.
Quienes conocemos los procesos urbanos sabemos que los problemas no aparecen por sorpresa. Son efectos predecibles de decisiones deficientes. Cuando se construye en zonas inundables por ignorancia, indolencia o corrupción, cuando se aprueban fraccionamientos sin agua, cuando no se supervisan las obras o se ignora la opinión de los vecinos, el resultado es conocido: vulnerabilidad, abandono, especulación, fragmentación y desastre.
Por eso la propuesta de INCIDE es relevante. Porque enfrenta los problemas donde realmente se originan: en la norma, en el procedimiento y en la omisión institucional.
Uno de los puntos más sólidos es la prohibición expresa de construir en zonas de alto riesgo, con consecuencias legales para funcionarios y desarrolladores que violen esta disposición. También se exige un dictamen hídrico técnico obligatorio para autorizar cualquier desarrollo urbano. Son condiciones mínimas de responsabilidad pública que hoy, increíblemente, no están garantizadas por la ley.
Propone una homologación estatal del registro de Directores Responsables de Obra (DRO). Esto es clave. Hoy en día, la figura del DRO sigue siendo ambigua y dispersa, sin control técnico ni administrativo real. Se propone crear un padrón estatal obligatorio, con certificaciones actualizadas, controles éticos y sanciones claras.
Creación de un Sistema Digital Estatal de Gestión Urbana, que permita tener en tiempo real información sobre licencias, inspecciones, sanciones y atlas de riesgo. Hoy esa información está dispersa, opaca o simplemente no existe. En el mismo sentido, la propuesta incluye medidas claras para la mejora regulatoria en el ámbito urbano. Se plantea la simplificación de trámites, la creación de ventanillas únicas digitales y la implementación de análisis de impacto regulatorio ex post. Esto permite evaluar la eficacia real de los reglamentos una vez aplicados, para corregir o ajustar según resultados, pasando del diseño de escritorio a una gestión con base en evidencia.
Se propone un cambio en el fondo: revisión quinquenal obligatoria de planes urbanos, mecanismos fiscales para combatir la especulación del suelo, figuras como las Zonas Industriales Estratégicas para el nearshoring, y hasta un nuevo Instituto Estatal de Planeación con autonomía técnica. Todo con un enfoque transversal de resiliencia, justicia territorial y sostenibilidad.
El reconocimiento legal de la participación territorial de las juventudes. Esta medida no solo abre espacio para una nueva generación de urbanistas, también fortalece la legitimidad democrática de las decisiones territoriales. En tiempos donde la desafección política entre jóvenes crece, esta es una puerta para construir ciudadanía desde el territorio
No se trata de inventar una ciudad utópica. Se trata de evitar seguir reproduciendo los errores del pasado: crecimiento urbano que ignora la escasez de agua, proyectos mal diseñados que acaban abandonados, vialidades sin conectividad, fraccionamientos sin servicios, desarrollos que colapsan con la primera lluvia.
Los legisladores tienen en sus manos una oportunidad que no aparece todos los días: actualizar la ley para anticiparse a los problemas y no simplemente responder a ellos cuando ya es tarde. Esta reforma, si se aprueba, convertirá a Sonora en referente nacional. No por su discurso, sino por su marco jurídico sólido, moderno, preventivo y participativo.
Porque las ciudades no fracasan por mala suerte. Fracasan cuando quienes tienen la responsabilidad de conducirlas no escuchan, no prevén y no legislan.
Y en este punto, es legítimo preguntar: ¿está el Congreso del Estado de Sonora listo para legislar a la altura de los desafíos de su tiempo?
Porque si no lo hace ahora, ¿cuándo?
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
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