Editorial
El pasado 23 de mayo, un grupo que dice representar a las y los trabajadores de La Jornada difundió en redes sociales un emplazamiento a huelga contra esta casa editorial, amparándose en un reconocimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) otorgado de manera extemporánea y sin la aprobación de la mayoría de quienes laboran en el diario.
A contrapelo de los estatutos del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), según los cuales el estallamiento de la huelga deberá ser decidido por votación directa, secreta y universal, y aprobado por 60 por ciento de los miembros del sindicato, cuando menos, el emplazamiento se anunció sin consultar a los trabajadores de base en una asamblea general y sin votación alguna.
Ante esta circunstancia, 249 personas de base y de confianza que laboran en el periódico –de un total de cerca de 300– señalaron en un posicionamiento dado a conocer ayer en estas páginas que la amenaza de suspender labores fue tomada por un pequeño grupo de trabajadores, apoyado por personas ajenas al periódico y la describieron como “una acción de una minoría, sin representación legítima, que atenta contra la voluntad de quienes hacemos La Jornada”.
Aunque se había anunciado que la huelga se iniciaría a las cero horas de hoy, ayer mismo un juez federal otorgó, a petición del CFCRL –una instancia dotada de facultades discrecionales y desproporcionadas– y de quienes se han arrogado la representación sindical, una prórroga de 10 días para el paro de labores.
Al margen de esa resolución judicial, la opacidad y las formas antidemocráticas en que se gestó la amenaza de huelga, así como la respuesta de la gran mayoría de la comunidad jornalera, ponen en evidencia que La Jornada no tiene ante sí un genuino reclamo laboral, sino una maniobra política contra el diario, elaborada con la participación de intereses externos e inconfesables. Particularmente extraño ha sido el comportamiento en este asunto del CFCRL y de su director general, Alfredo Domínguez Marrufo, el cual ha avalado las irregularidades del grupo minoritario que ahora pretende detener la operación del periódico; extraña resulta también la actitud de Francisco Luis Sáenz García, coordinador de Conciliación Colectiva de esa instancia laboral, quien pareciera más interesado en atizar el conflicto que en abonar a la conciliación.
En suma: en nombre de una supuesta causa laboral se pretende detener la operación de un diario que invariablemente ha defendido los intereses de los trabajadores en general y que ha buscado siempre, aun en las más difíciles circunstancias económicas, preservar y mejorar las condiciones de los suyos en particular.
En esta circunstancia, La Jornada ratifica tres de sus compromisos fundacionales: ante sus lectores, mantenerse fiel a la veracidad, el equilibrio informativo y un ejercicio periodístico profesional; y ante quienes aquí laboran, buscar las mejores condiciones salariales y laborales posibles. Finalmente, confía en que este episodio se resuelva en apego al marco legal y que sea la mayoría de los trabajadores la que determine el quehacer sindical de manera democrática y transparente.
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