Treinta y nueve candidatos, precandidatos y aspirantes cayeron asesinados en el proceso electoral de 2024 y unos 7 mil renunciaron, ahuyentados por las amenazas de los criminales. En la inmensa mayoría de los casos, como es costumbre, ha prevalecido la impunidad.
La presidenta Sheinbaum dijo ayer que desconocía el móvil de la ejecución de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz. La mataron en un acto de campaña como, por citar, ajusticiaron el último día de la campaña de 2024 a Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero.
La historia de siempre. Integralia Consultores ha difundido un estudio que actualiza las cifras bárbaras de homicidios, amenazas y secuestros a funcionarios públicos y candidatos en 2025 (82% se dan en el entorno municipal) y arriesga una explicación de por qué los matan. El gobierno no podrá aceptarla, a estas alturas tampoco podrá descalificarla:
“Son esfuerzos del crimen organizado por capturar instituciones públicas locales. Las amenazas y atentados contra aspirantes buscan condicionar los resultados electorales, mientras que los secuestros y amenazas contra funcionarios operan como mecanismos de control territorial y financiero”. Así de simple el móvil.
