Nomina para aviadores y personal sin el perfil requerido para el puesto, cuentas bancarias secretas y una ominosa opacidad en el manejo presupuestal, fueron los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación al auscultar la cuenta pública del 2023 correspondiente al gasto federal para la educación tecnológica y para adultos del estado de Sonora.
Fernando Gutiérrez R.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha descubierto un escándalo financiero en el estado de Sonora. Los procedimientos de fiscalización realizados sobre la Cuenta Pública 2023 han revelado un probable daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por más de 11.9 millones de pesos, derivado de irregularidades en la administración del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
Esta situación ha puesto en la mira a organismos como el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP Sonora) y el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), así como a la propia Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
Hallazgos de la ASF: la ruta del dinero y sus desvíos
El análisis de la ASF revela que se transfirieron 397.1 millones de pesos al Gobierno del Estado de Sonora para la operación del FAETA en 2023. Sin embargo, la auditoría identificó que una parte de estos recursos no se utilizó correctamente, generando un probable daño patrimonial a la hacienda federal por casi 12 millones de pesos.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentran:
Pagos indebidos por más de 6.4 millones de pesos a 21 trabajadores del CONALEP Sonora que no cumplían con los requisitos académicos para sus puestos.
Falta de documentación que acredita el destino de más de 4.4 millones de pesos, correspondiente a recursos que no fueron pagados en el primer trimestre de 2024.
Irregularidades en cuentas bancarias, como la transferencia de recursos a cuentas no específicas del FAETA, lo que dificulta la trazabilidad del dinero.
Falta de transparencia en la información financiera del Gobierno de Sonora, con informes trimestrales inconsistentes y sin evaluación del desempeño del FAETA.
El papel de los entes públicos involucrados
La Secretaría de Hacienda de Sonora fue la responsable de recibir los recursos del FAETA y transferirlos a las cuentas del CONALEP Sonora y el ISEA. Según la ASF, la SH realizó la mayoría de estas operaciones en tiempo y forma, pero se retrasó en la primera transferencia de recursos al ISEA, lo que derivó en un procedimiento de responsabilidad administrativa (expediente EPRA-OIC-SH-015/2024).
Por su parte, el CONALEP Sonora y el ISEA incurrieron en graves fallas en la administración de los fondos, incluyendo la falta de procedimientos para asegurar la correcta aplicación de los recursos.
La ASF descubrió que:
El CONALEP Sonora abrió una cuenta bancaria para recibir los recursos del FAETA, pero desvió fondos a otras cuentas para el pago de nóminas y retenciones. Esta acción llevó a la apertura del expediente EPRA-OIC/CONALEP/011/2024.
El ISEA realizó transferencias indebidas a cuentas de nómina y retenciones, por lo que también se inició el expediente EPRA-OIC-ISEA-002/2024.
Procedimientos y responsabilidades derivadas
Las irregularidades detectadas por la ASF han dado lugar a diversos procedimientos administrativos y recomendaciones para el Gobierno del Estado de Sonora. Se han iniciado tres pliegos de observaciones que presumen daños por más de 11.9 millones de pesos, con la exigencia de que se aclaren los montos o se reintegren a la Tesorería de la Federación.
Además, se han promovido dos recomendaciones clave:
Que el Gobierno de Sonora establezca un instrumento regulador de perfiles y funciones de los puestos en el ISEA, evitando la contratación de personal sin la preparación adecuada.
Que se evalúe el desempeño de FAETA en términos de la normativa vigente, con un programa de fiscalización adecuado.
Una administración opaca y un desafío pendiente
El informe de la ASF deja en evidencia una gestión deficiente y opaca de FAETA en Sonora. La existencia de pagos indebidos, falta de transparencia en los informes financieros y retrasos en la transferencia de recursos ponen en duda la capacidad del Gobierno Estatal para manejar fondos federales destinados a la educación de adultos y tecnológica.
Los procedimientos administrativos iniciados buscan determinar responsabilidades y aplicar sanciones a los funcionarios implicados. Sin embargo, el verdadero reto será evitar que estas irregularidades se repitan en ejercicios futuros y garantizar que los recursos destinados a la educación tecnológica y de adultos lleguen a donde realmente se necesitan.
