Una sentencia favorable sentaría un precedente judicial que forzaría a EU a combatir el crimen organizado asumiendo su parte de culpa (Segunda y última parte)
Fran Ruiz Perea
La Corte Suprema de Estados Unidos se está haciendo de rogar con una sentencia llamada a hacer historia, ya que podría cambiar radicalmente el rumbo de la guerra internacional contra el narcotráfico —que el crimen organizado lleva medio siglo ganando—, o por el contrario, podría perpetuar la estrategia fallida de la DEA, empeñada en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, y cuya consecuencia la sufre directamente México con de miles de muertos cada año.
El 4 de octubre de 2024, un mes antes de las elecciones en presidenciales en EU, la máxima corte estadounidense aceptó una petición de Interstate Arms y Smith & Wesson, dos de las fabricantes de armas demandadas por México, para que se pronuncie sobre si la querella mexicana supone una violación a la soberanía y a las leyes estadounidenses que, según alegan, blindan a las armerías de pleitos legales.
¿Qué está en juego?
Un fallo favorable a la demanda de México no sólo abriría la puerta a que el Estado mexicano pueda reclamar 10 mil millones a los fabricantes estadounidenses por vender armas a los grupos criminales desde hace décadas, sino que sentaría un precedente judicial ya que la justicia del vecino del norte reconocería, por primer vez, la responsabilidad criminal de su propia industria armamentística en el fracaso contra el narcotráfico, y forzaría a las autoridades del vecino del norte a endurecer el control de armas.
Por el contrario, un fallo favorable a los fabricantes de armas arroparía de legalidad sus ventas opacas, con el efecto perverso añadido de que se sentirían animados a fabricar armas más letales y a precios más competitivos, en nombre del derecho sagrado “y patriótico” a respetar la Segunda Enmienda.
¿Se puede intuir a qué bando se inclina la balanza?
La Corte Suprema está conformada por primera vez por una mayoría súper conservadora de cinco jueces, tres de los cuales fueron elegidos por Donald Trump en su primer mandato (2017-2021); mientras que en en el bando progresista, sólo hay tres mujeres, a las que algunos llaman (con acierto) “el trío con el trabajo más frustrante del país”, ya que prácticamente todos los fallos los gana el otro bando.
De hecho, la única vez que ha intervenido el Supremo sobre el contencioso de México con las armerías fue, precisamente, para dar la razón en octubre a los dos fabricantes que pidieron a la máxima corte que se pronunciara sobre el fallo de la Corte de Apelaciones de Massachusetts, que en enero de 2022 dio la razón a México, cuando, en un fallo histórico, sentenció que tenía derecho a demandar a las armerías.
El regreso al poder de Trump, arropado por una gran victoria electoral y con un discurso más agresivo e intimidatorio que nunca, no hace sino crear un ambiente más proclive a que el tribunal se incline por dar la razón a las empresas. Sin embargo, en un Estado de derecho, la sentencia no está escrita hasta que lo está, y las partes pueden hasta la última audiencia presentar todos los argumentos que crean necesarios.
¿Cuáles son los argumentos de México?
Acostumbrados a que sean ellos los que hacen las acusaciones e imponen los castigos, las autoridades estadounidenses se vieron sorprendidas en agosto de 2021 por una demanda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra 11 compañías de la industria armamentística de EU.
Según la demanda presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un tribunal federal de Boston (Massachusetts), la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos 17,000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos.
“Los demandados no sólo diseñan sus armas como armas de grado militar; también los comercializan como tales”, en ese sentido la demanda señala que las técnicas de marketing empleadas resultan “desproporcionadamente probables de que atraigan a grupos que albergan tendencias militaristas, ambiciones, como los cárteles mexicanos”. Además, agrega, “son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México”.
En dicho alegato se sostiene que los acusados “no se presentan como actores accidentales o involuntarios en esta tragedia; más bien, son participantes deliberados dispuestos a cosechar ganancias en el mercado criminal, suministrando conscientemente sin tener en cuenta las devastadoras consecuencias para México y sus ciudadanos”.
En consecuencia, el gobierno mexicano exige una indemnización de 10 mil millones de dólares, el equivalente al 2% del PIB méxicano, más o menos lo que cuesta al erario público la violencia armada en el país.
¿Cuáles son los argumentos de las compañías?
El clavo al que se aferran las empresas de armas es la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una norma impulsada durante la Administración de George W. Bush, que protege a las empresas de cualquier reclamo que llegue a los tribunales bajo el argumento de la seguridad nacional.
Este ha sido el escudo que ha arropando de inmunidad a la poderosa industria de las armas contra las demandas de activistas en numerosos tiroteos, y estas cinco siglas son las que esperan que espera les vuelva dar la razón (para siempre) cuando se pronuncie definitivamente la Corte Suprema.
