Fabiola Martínez y Lilian Hernández
Ciudad de México. Los candidatos o aspirantes en la elección judicial no podrán realizar actos proselitistas previo al inicio del periodo de campaña (30 de marzo), y tienen prohibido contratar cualquier tipo de espacio para promocionarse.
Además, habrá veda electoral, tres días previos a los comicios y hasta la hora de cierre de casillas.
Así se indica en el anteproyecto de catálogo de infracciones de esta elección extraordinaria, cuyas reglas abarcan no solo a los aspirantes a juzgadores sino también a partidos políticos; servidores públicos; concesionarios de radio y televisión, y personas físicas o jurídicas vinculadas a alguna candidatura.
Si bien para la judicial no hay una regulación del amplio tiempo de precampaña, es decir, desde el registro de candidaturas, en febrero, hasta finales de marzo, el documento que deberá ser aprobado este viernes en sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral prevé 15 causas de infracciones para personas candidatas a juzgadoras, con énfasis en la prohibición de contratación.
“Por sí o por interpósita persona de espacios en cualquier medio para promocionar su candidatura, incluyendo espacios físicos, impresos o digitales”, se indica.
Igualmente estarán vetadas las expresiones que constituyan calumnia o la propaganda en la que se vulnere el interés superior de la niñez o se incurra en violencia política
Asimismo, los sujetos regulados no podrán entregar dádivas; tampoco se vale la difusión de propaganda impresa en material distinto al papel, y cuando sea de ese estilo deberá ser en material biodegradable y reciclable.
Como se ha difundido, los contendientes y sus allegados no pueden contratar el servicio de encuestas o sondeos de opinión, y tampoco se puede hacer proselitismo en el extranjero.
A su vez, los partidos políticos tampoco deben realizar actos de proselitismo o posicionarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna, ni contratar estudios de opinión.
Los servidores públicos, además, no pueden usar programas sociales para inducir o coaccionar el voto; y, salvo que sean candidatos, no deben participar en actos proselitistas en días y horas laborales ni hacerlo de manera activa en sus descansos.
El periodo de campaña de esta elección judicial es de 60 días, prácticamente todo abril y mayo próximos.
En el catálogo de infracciones se establecen las competencias para atender quejas, según la candidatura involucrada, ya sea que le toquen a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, o a los órganos desconcentradas del mismo Instituto, es decir, juntas y consejos locales, y también prevé la manera en que harán llegar las notificaciones a los implicados.
Por otra parte, la comisión organizadora de la elección judicial aprobará este viernes las metas sobre el porcentaje de casillas reportadas el día de la elección en el Sistema de Información de la Jornada Electora. El objetivo es que hacia el medio día se tengan ya los datos de 90 por ciento de las casillas, relacionadas, por ejemplo, a su apertura.
