El Parlamento está en el ojo del huracán por la investigación de una presunta trama de proxenetismo en los pasillos de la Cámara, a la que se añade la denuncia a un legislador por violación
Renzo Gómez
El Congreso de Perú, la institución en la que menos confían los ciudadanos después del Ejecutivo, ha prohibido a sus trabajadoras el uso de minifaldas y pantalones cortos durante el verano. Quienes se rehusen a acatar la medida enfrentarán una sanción. Esta es la inverosímil respuesta del Parlamento para intentar tapar sus escándalos de violación y una presunta red prostitución en el corazón de la soberanía popular peruana. La iniciativa, que incluye la prohibición de llevar jeans a todos sus empleados, entre otras prendas, ha recibido duras críticas de distintos sectores políticos y periodísticos por perpetuar uno de los peores clichés del machismo, que responsabiliza y culpa a la mujer de lo que le suceda por su vestimenta.
El caso fue destapado en diciembre tras el asesinato de una exasesora de la Oficina Legal y Constitucional, acribillada por unos sicarios a unas cuadras de su casa. Una investigación periodística reveló que la víctima, Andrea Vidal, una abogada de 28 años, ejercía en realidad otras funciones. Según las pesquisas, captaba a mujeres dedicadas a la prostitución para coordinar encuentros sexuales con altos funcionarios del Congreso. A un mes de su asesinato —que además acabó con la vida de un taxista—, se han producido diversos episodios que ponen en tela de juicio si efectivamente hay un ánimo de investigar los acontecimientos.
Los integrantes de la Comisión ad hoc encargados de revisar el caso renunciaron, alegando que la investigación no podía centrarse en un solo reportaje. Hubo un intento de censura hacia el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, por dejar entrever que la red ofrecía “sexo a cambio de votos” en el Parlamento. Y todavía no ha podido determinarse quién autorizó la designación de Jorge Torres Saravia, el principal implicado, para liderar la Oficina Legal y Constitucional.
La semana pasada, otra denuncia periodística, esta vez del portal EpicentroTV, remeció al Poder Legislativo, que cerró el 2024 con apenas un 8% de aprobación. Una mujer de 31 años denunció haber sido violada por el congresista y miembro de la Comisión Permanente José Jerí, de la agrupación Somos Perú, en su casa de campo. La víctima se encontraba bebiendo licor con Jerí y un empresario ferretero al borde de la piscina. Pero a pesar de que dejó de beber, en algún momento perdió el conocimiento. Luego despertó en una cama, adolorida en sus partes íntimas.
El congresista ha negado los hechos y ha sugerido que todo ha sido un malentendido. “A nivel subjetivo, ella pudo haber entendido mis comportamientos y amabilidad con otra cosa […]. La víctima va a poder encontrar su verdad, eso le va a permitir a ella tener la tranquilidad que está buscando; y esa tranquilidad también me va a devolver a mí mi imagen y mi nombre”, sostuvo Jerí.
“El tema no es cómo se visten las mujeres”
Para diversos actores políticos el cambio del código de vestimenta carece de sentido y remarca el viejo espíritu machista. “Es una prohibición que existía en los años cincuenta. El tema no es cómo se visten las mujeres, el tema es como entre nosotros, entre todos, nos respetamos. Pueden vestirse como deseen, salvo la etiqueta propia de cada institución”, ha subrayado Susel Paredes, legisladora del Bloque Democrático Popular.
La periodista Clara Elvira Ospina, directora de EpicentroTV, ironizó sobre la catadura moral de la Cámara, poniendo sobre el tapete otro incidente nefasto: cuando en el 2022 una trabajadora del congresista Freddy Díaz Monago denunció haber sido abusada por él en su propio despacho. “Una empleada del Congreso fue violada por su jefe el congresista dentro de la oficina parlamentaria. Se destapa una red de prostitución en el Congreso. Un parlamentario es denunciado por violación en una casa de recreo. La solución del Congreso: prohibir las minifaldas”.
El congresista Edwin Martínez acusó a la mujer que denunció la violación de José Jerí de no haberse sabido comportar. “Los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto y después puedan pasar este tipo de situaciones. Y la señorita también ha debido controlarse un poco, porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas”.
Martínez ha sido criticado en las últimas semanas por contratar en su despacho a Isabel Cajo, una de las implicadas en la red de prostitución dirigida por Jorge Torres Saravia. Cajo es una joven de 26 años que, sin culminar sus estudios superiores, ha obtenido cargos en distintas áreas del Parlamento con sueldos altos para su perfil académico. Cajo vendía fotos sexuales explícitas en la plataforma OnlyFans y era bastante solicitada en Glambu, una aplicación de citas usada por hombres adinerados.
En su última edición, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló, a través de unos chats, que Isabel Cajo sostuvo un encuentro en abril del 2024 con el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto. Lo hizo con otra identidad e ingresó por una puerta falsa que daba a su oficina. Tres días después fue contratada por el Congreso, con la autorización de la Presidencia de la Cámara. Hace poco, la muchacha denunció que le habían robado su celular mientras paseaba a su perro, en el distrito de Magdalena. Un hecho que pone en riesgo una evidencia imprescindible para obtener claridad en el caso. Casi de inmediato, dicha municipalidad publicó las cámaras de seguridad de las calles donde supuestamente Cajo sufrió el robo y no se observa ninguna anormalidad.
La cereza de este Parlamento en crisis de legitimidad son siete congresistas señalados por haber usado fondos públicos para celebrar una fiesta en la ciudad de Trujillo. La Fiscalía acaba de denunciarlos por peculado doloso.
