La última propuesta de reforma constitucional destaca su valor estratégico, pero la falta de acciones concretas en su explotación podría poner a México en desventaja frente a China.
Tzuara De Luna / EXPANSION
En la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, México ha dado un paso más para consolidar al litio como un recurso estratégico de la nación. A través de un cambio al Artículo 27 de la Constitución, el gobierno federal busca blindar el control y la explotación de este mineral, que ha cobrado relevancia debido a su uso en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, una de las industrias del futuro.
El litio, que ya estaba reservado en la Ley Minera desde 2022, es ahora reconocido constitucionalmente como un patrimonio de la nación, garantizando que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento estén bajo control exclusivo del Estado. Esta medida elimina la posibilidad de concesiones a particulares para este mineral y refuerza la estrategia de nacionalización en torno a su explotación.
El texto, que ahora se incluirá en el párrafo sexto del Artículo 27, establece que “no se otorgarán concesiones para minerales radiactivos y litio”. Esta modificación tiene como objetivo “fortalecer al Estado nacional frente a los intereses económicos y garantizar un gobierno y unas instituciones que prioricen el bienestar nacional, en lugar de favorecer a grupos específicos”, según señala el boletín de la Cámara.
China, litio y vehículos eléctricos
La decisión de elevar la explotación del litio a rango constitucional tiene implicaciones políticas y económicas. México cuenta con algunas de las mayores reservas de litio del mundo, especialmente en Sonora, donde el yacimiento de Bacadéhuachi ha atraído la atención internacional.
En 2019, un informe de Mining Technology destacó a Sonora como un área clave para la explotación del litio, lo que motivó a la empresa china Ganfeng a adquirir la mayoría de las acciones de la inglesa Bacanora Lithium, que tenía concesiones en el yacimiento de Sonora desde 2011. No obstante, tras las reformas de 2022, el gobierno mexicano anuló estas concesiones y nacionalizó el recurso, un movimiento que generó tensiones con Beijing.
El interés por el litio no solo responde a su potencial económico, sino también a la creciente demanda mundial de baterías para vehículos eléctricos. El litio, apodado “el oro blanco” por su relevancia en la transición hacia energías limpias, es un componente esencial en las baterías de vehículos eléctricos.
En 2023, Australia lideró la producción global con 86,000 toneladas métricas, seguido por Chile (44,000) y China (33,000). Pero este último país domina el procesamiento y refinamiento, controlando alrededor del 60% del suministro global.
Un recurso estratégico
Hoy el Gobierno mexicano enfrenta la presión de países como Estados Unidos y Canadá, que han pedido restringir la participación china en la cadena de valor de los vehículos eléctricos. En este contexto, la última propuesta de reforma constitucional busca garantizar que el litio sea un motor de desarrollo nacional.
Sin embargo, y pese a la visión estratégica, el desarrollo del sector enfrenta múltiples retos. La producción de litio en México es compleja debido a la naturaleza del yacimiento de Sonora, donde el mineral se encuentra en arcillas, una composición que exige métodos de extracción más costosos y técnicamente avanzados.
Según la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se han superado algunas complicaciones técnicas gracias a desarrollos realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo y el Conahcyt. Sin embargo, aclaró que el camino hacia la producción comercial aún es largo.
“Ya existe la tecnología para extraer litio de arcilla, pero el desafío es el costo y el desarrollo completo de la cadena de producción”, explicó Sheinbaum en una conferencia matutina el pasado 11 de octubre.
Además, el organismo estatal LitioMx, creado en 2022 para gestionar este recurso, no ha presentado avances significativos. Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2025, LitioMx recibirá 12.9 millones de pesos, un aumento del 31.6% respecto al año anterior. Sin embargo, estos fondos están destinados principalmente a gastos administrativos, sin recursos para operaciones técnicas o de exploración, lo que limita su capacidad para generar resultados tangibles.
Armando Alatorre, geólogo especializado en minería, subraya que “si no inviertes en operación, ¿qué beneficios son los que realmente se quedan para el país?”.
Aunque las reformas buscan garantizar que el litio sea un motor de desarrollo nacional, el reto para México será convertir esta visión en una realidad productiva. La falta de avances operativos y la creciente competencia internacional podrían retrasar los beneficios esperados.
Por ahora, el país ha dado un paso clave hacia la soberanía energética, pero el éxito dependerá de la capacidad de transformar esta iniciativa en un proyecto económico viable. “El mensaje de reservarlo para la población mexicana es alentador, pero sin inversión operativa, los beneficios tangibles seguirán siendo limitados”, concluye Alatorre.
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