Ante un tema complejo y espinoso, el gobierno, en lugar de buscar una salida política, ha doblado las apuestas, muy al estilo del fundador de Morena.
Excelsior
Me gusta mucho cómo definió mi colega Carlos Bravo al gobierno entrante: “Mucho poder, poco dinero”.
Creo que resume extraordinariamente bien los dos lados de la moneda de lo que ha sido este primer mes de la Presidencia de Claudia Sheinbaum.
Sin temor a equivocarme, la reforma judicial fue el principal tema de la agenda pública en octubre. El choque de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y del Judicial por el otro, ha desembocado en una crisis constitucional que está lejos de resolverse.
Ante un tema complejo y espinoso, el gobierno, en lugar de buscar una salida política, ha doblado las apuestas, muy al estilo del fundador de Morena.
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretendía revisar la constitucionalidad de la reforma constitucional en materia judicial, el Ejecutivo y el Legislativo aprobaron de manera exprés otra reforma constitucional que ordena la superioridad del poder reformador de la Constitución sobre cualquier otra instancia (me disculpo por la cacofonía, pero era necesaria).
No habrá ningún poder sobre el Constituyente Permanente, es decir, dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y la mitad de las legislaturas estatales. Obvio, Morena tiene esas mayorías y, a partir de ahora, con la “superioridad del poder reformador de la Constitución” pueden hacer lo que se les pegue la gana con la Carta Magna sin que nadie pueda decir pío.
Si el primero de octubre el gobierno morenista tenía mucho poder, ahora tiene más.
Como dije en este espacio el miércoles, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, a debatirse y votarse mañana en la Suprema Corte de Justicia, le ofrece una buena salida al Ejecutivo y Legislativo para resolver la crisis constitucional. De aprobarse por parte de ocho ministros de la Corte, Morena podría quedarse con el control de los tribunales superiores de justicia (la Suprema Corte, el Tribunal Legislativo y el Tribunal Disciplinario) y lograr, así, el objetivo de dominar los tres poderes de la Unión. Se ahorrarían, además, el dolor de cabeza de organizar las elecciones de juzgadores federales y locales que serán caóticas y costarán mucho dinero.
Es una propuesta sensata la de González Alcántara. Si el gobierno fuera racional, la tomaría. Pero su racionalidad es, en este momento, otra. Creen que la negociación política es una señal de debilidad. Que la nueva Presidenta no puede darse el lujo de aceptar lo que podría interpretarse como una derrota, por más que no lo sea. Lo suyo es el maximalismo. No dar su brazo a torcer. Enseñar el poder absoluto que tienen.
Es posible que la Suprema Corte apruebe el proyecto de González Alcántara, pero que ni el Ejecutivo ni el Legislativo lo acaten alegando la entrada en vigor de la reforma de la “supremacía del poder reformador de la Constitución”, reforma que, por cierto, también podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte, si todavía les queda ánimo de seguir el enfrentamiento entre poderes.
En suma, este mes fue de enseñar el músculo. De darle vuelo a la hilacha del gran poder que tienen.
Pero este mes de noviembre será diferente. Se presentará el Paquete Económico del gobierno para el 2025 donde, ya sabemos, se verá el otro lado de la moneda: poco dinero.
López Obrador le heredó al nuevo gobierno un enorme déficit, de seis por ciento del Producto Interno Bruto, el más alto de los últimos 20 años. Además, en su sexenio se incrementó la deuda que ya alcanza 50 puntos del PIB.
El Ejecutivo tiene la obligación de bajar el déficit público para el año que viene. Pero si hace un recorte masivo, digamos a la mitad, 3% del PIB para 2025, corre el riesgo de convertir la desaceleración actual de la economía en una recesión. Se habla de que el gobierno podría irse con un 4%, lo que implicará un incremento en la deuda. Todavía hay márgenes para el endeudamiento, pero, en la medida en que aumenta el pasivo gubernamental, los mercados solicitarán mayores rendimientos.
Es en este contexto que la nueva Presidenta tendrá que comenzar a implementar su muy ambicioso programa de gobierno que incluye sostener e incrementar los programas sociales, así como edificar importantes proyectos de infraestructura.
Tomando en cuenta el gran poder que tiene Morena, me gusta que el gobierno no tenga dinero. Esta realidad, creo, los hará moderarse. Deberán superar ya la borrachera de poder para conseguir el apoyo del capital que solicitará garantías para sus inversiones, más allá de promesas de palabras que se las lleva al viento.
Porque, si no se moderan y siguen en la hibris del poder, pues cada vez tendrán menos dinero.
