Milenio
Algunos consideran que la decisión de la Suprema Corte de anular partes de la reforma judicial constituye una especie de obsequio para Sheinbaum. Un salvavidas, ofrecido por el ministro Alcántara, para eximirla de la compleja tarea de implementar los aspectos más controvertidos de dicha reforma.
Confían en que Sheinbaum, agradecida, aceptará el regalo.
Pienso que se equivocan. Sheinbaum no necesita ese salvavidas.
La presidente tiene el poder para confeccionarse uno propio si así lo desea. Una combinación entre aprobar una segunda reforma judicial, modificar la actual, crear reglamentaciones secundarias, o impulsar cambios operativos. Hoy por hoy, ninguna de esas alternativas está fuera de la mesa.
Lo que sí, me parece, debe estar fuera de la mesa, es aceptar el obsequio de Alcántara pues hacerlo implica asumir tres premisas que, en su esencia, contravienen los principios democráticos.
Primero, implica dificultar el cambio social por la vía electoral pacífica. De aceptar el salvavidas, de ahora en adelante la Corte tendría el poder de tumbar reformas constitucionales, algo anteriormente impensable.
Esto implica que el cambio social ya no solo requerirá de una organización política de base para lograr una amplísima representación en el congreso, sino que además requeriría de la anuencia de los ministros de la Corte, todos los cuales tienen sus propios intereses e ideología.
Segundo, el salvavidas que ofrece Alcántara implica aceptar interpretaciones altamente elitistas sobre la democracia. En su proyecto el ministro argumenta que la elección de jueces no debe desarrollarse porque, al ser tantos puestos, los mexicanos no tendremos capacidad de emitir nuestro voto de forma informada.
Este argumento resulta peligroso, pues aceptarlo abriría la puerta a declarar ilegales también a los legisladores plurinominales, elegidos mediante listas que el electorado no conoce plenamente. Llevado al extremo, el salvavidas implica que solo aquellos con educación y conocimiento deberían votar, una postura intrínsecamente elitista.
En el fondo el argumento de Alcántara es derrotista y profundamente conservador. Da por hecho que el INE no podrá sub-distritar y con ello crear un proceso electoral digerible. De hecho, algunos de los argumentos originalmente utilizados para rechazar que las mujeres votaran eran precisamente que nosotras no podríamos emitir un voto informado pues votaríamos como nos dijeran nuestros esposos.
Finalmente, el salvavidas de Alcántara viene aparejado de aceptar que el Poder Judicial no puede reformarse en su totalidad en un tiempo razonable. Esto es así porque el ministro argumenta que, cambiar la forma en la que se elige a todos los jueces y bajarles el sueldo, equivale a removerlos por razones políticas. Y por tanto, constituye una violación al principio de inamovilidad.
A todo ello hay que agregar que el salvavidas de Alcántara implica aceptar premisas de dudosa legalidad con importantes consecuencias para el futuro jurídico de México, como que la Constitución es equiparable a una ley electoral, o que el Poder Judicial puede tomar decisiones sobre sí mismo, siendo juez y parte.
Alcántara quiere que creamos que lanzó un salvavidas cuando en realidad lanzó una camisa de fuerza.
Me parece bastante corto de miras el decir que si Sheinbaum no toma el salvavidas de Alcántara habrá perdido su única oportunidad de mejorar la reforma al Poder Judicial. Sheinbaum tendrá oportunidad de hacerlo cuando así lo considere necesario y bajo sus términos.
