Un panorama delictivo con pistas de aterrizaje ilegales, retenes del crimen organizado y convoyes de civiles armados afectan la rutina cultural de las celebraciones ancestrales de estas comunidades
Alejandro Melgoza / N+
Hace un par de meses, un grupo de indígenas Pápago (sembradores de frijol) y Tohono Oodham (hombres del desierto) se trasladó a La Salina, localizada entre los poblados del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, para llevar a cabo uno de sus rituales. En aquel sitio rodeado por los desiertos de la reserva de El Altar y El Pinacate, que parece cubierto de nieve, pero que en realidad posee sedimentos de sales, se erigen los bastones de mando de la etnia.
Cuando llegaron a esta zona, caracterizada por onduladas dunas, cactáceas de tres metros de altura, y algunos mezquites que denotan la presencia de agua en el desierto, se encontraron con la sorpresa de que había un convoy del crimen organizado con todos los vehículos estacionados en fila y narcos empuñando armas largas de todo tipo de calibre. No podían huir ni hacer movimientos que parecieran sospechosos.
“Cuando estábamos ahí, yo le dije a los demás: ‘Nadie volteé los ojos hacia allá, ni saquen los celulares’”, narra un Pápago cuya identidad no será revelada por seguridad, y que se encontraba aterrado ese día, sin saber cómo reaccionar ante la situación. El Pápago le explicó a uno de los civiles armados que venían a La Salina para celebrar una ceremonia de sus etnias.
Al final siguieron sus actividades, pero solo para fingir que no estaban asustados, ni para hacer algún movimiento que le pareciera sospechoso al crimen organizado. Esas horas nadie las disfrutó, la comida no les supo igual, y solo esperaban el momento ideal para salir cuanto antes. Para la etnia esto prendió focos rojos, porque a pesar de la inseguridad, era la primera vez que iban más lejos los grupos armados.
“Nos sentimos inseguros de que no podemos entrar a nuestros territorios ancestrales ni hacer ceremonias, porque ahí prevalece el crimen organizado”, dice el indígena, quien precisa que también en zonas arqueológicas como La Proveedora, conocida por sus petroglifos milenarios de dichas culturas, ubicada en el municipio de Caborca, se han instalado campamentos de narcos que vigilan. “Las zonas ancestrales los usan como corredores para sus movimientos delictivos”, dice.
Una de las celebraciones que, por primera vez cancelaron este año, es la de la cabalgata de San Francisco, realizada por 14 días a través de Puerto Peñasco hasta Sonoyta, situada en la frontera norte con Estados Unidos. “No invitamos a la cabalgata esta vez, no se pudo hacer por otras cosas diferentes, pero esperemos que el próximo año con el favor de Dios ya podamos reiniciar y volver a lo mismo”, explica Pedro Monjarrás, un caballerango que lidera la cabalgata.
Pese a que no hay denuncias formales por temor a represalias, la situación que viven los indígenas Pápago y Tohono Oodham coincide con el brote de violencia en la entidad, en particular en la región noroeste, como parte de la pelea abierta entre las siete facciones del Cártel de Sinaloa.
“El estado de Sonora se encuentra en un proceso de reacomodo, divisiones y alianzas de los grupos delictivos locales, que finalmente se alinearán a una de las dos facciones (El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero–Los Chapos), quienes disputarán el control delictivo del estado”, señala un informe del Mecanismo de Análisis Prospectivo para la Inteligencia Estratégica de la Guardia Nacional, que derivó de la filtración de correos del ejército, denominado “Guacamaya Leaks”.
“Los cambios generacionales en los liderazgos delictivos traen consigo nuevos modus operandi, con acciones cada vez más violentas para reafirmar su poder y control en las organizaciones, así como para hacerse de manera violenta de grupos criminales más ‘débiles’ o menos consolidados”, agrega el informe que hace énfasis en el corredor Caborca, Pitiquito, El Altar, Puerto Peñasco, Sonoyta y San Luis Río Colorado.
Peñasco-Caborca: ruta violenta
Uno de esos puntos salpicados por la violencia es Caborca, municipio en el que hay población indígena de los Pápago y Tohono Oodham. Aquí conviven algunos de los denominados “corredores de sal”, que son una suerte de grupo élite en la etnia que transitan los desiertos a un lado de más comunidades indígenas, incluso de otros países.
Un corredor de sal conocido es Rafael Monreal, cuyas plumas de águila que lleva consigo son muestra de los miles de kilómetros recorridos en su vida. Él realiza una ruta de unos 75 kilómetros cada año en el mes de octubre. “Fui elegido para que la Nación Tohono Oodham me hiciera uno de sus corredores, guerreros y mentores de su cultura”, dice Monreal, quien no deja pasar de largo el panorama de la inseguridad en los sitios que recorren.
“Ahorita está la invasión de grupos armados que no sabemos ni de dónde viene y cuál es la guerra que tienen (…) Y me dicen: ‘¿no tienes miedo de meterte al desierto y correr o correr por la inseguridad?’ ¡No! Yo tengo a mi creador en mi corazón”, dice Monreal al tiempo que mueve las plumas que trae en la mano en medio de humo de salvia.
Como él varios de los integrantes de estas etnias señalaron que, a partir de 2019 empezaron a aumentar los enfrentamientos de grupos armados, aunque todavía sus ritos no se habían visto afectados. Las balaceras, cadáveres abandonados, retenes del crimen organizado y “halcones” son cada vez más presentes en dichas carreteres de Sonora. N+Focus constató durante los recorridos la presencia del crimen organizado a través de “halcones” en las zonas ancestrales como La Salina.
También los habitantes han acusado que hay presuntos criminales con uniformes y patrullas clonadas haciendo retenes. “Me ha tocado mirar y observar detalladamente grupos de policías clonados, patrullas clonadas de gente del crimen organizado usando uniformes municipales y estatales y también del Ejército”, apunta en entrevista anónima uno de los pápagos.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora respondió que “no se han registrado reportes en el número de emergencias 9-1-1 sobre hechos que pongan en riesgo la seguridad de miembros de etnias o pueblos originarios. Asimismo, no existen denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora sobre la cancelación de eventos debido a la presencia del crimen organizado en tierras sagradas pertenecientes a los grupos étnicos Pápago y Tohono O’odham”.
Mientras tanto, la Fiscalía local señaló que al ser autónoma del Gobierno del Estado no les corresponde tomar postura en ello.
Narcopistas
La expansión del crimen organizado en diversos puntos, según un informe del ejército, se debe a que vigilan las pistas de aterrizaje ilegales, en las que arriban avionetas cargadas de droga desde Sinaloa, y de ahí usan como punto intermedio Caborca y Pitiquito, para luego volar hacia Puerto Peñasco, Sonoyta y la comunidad pesquera del Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado. Todo con el fin de llegar hacia los Estados Unidos.
“Las rutas aéreas empleadas por aeronaves ilícitas son las que salen principalmente del estado de Sinaloa y atraviesan por la parte media del Golfo de California, bordeando en ocasiones por los litorales de Sonora y de la Península de Baja California”, revela un documento del Regional Border Commanders Conference celebrado entre México y Estados Unidos.
“Esta región es empleada como plataforma para el tráfico de droga, principalmente la porción norte de los estados de baja california y sonora, donde se tienen identificadas en forma general 6 áreas de aterrizaje de aeronaves ilícitas, localizándose estas, en la mayoría de los casos, en la Sierra de Juárez, el Valle de Mexicali, inmediaciones de Sonoyta, inmediaciones de Caborca y Santa Ana, y en el área serrana del estado de Sonora”, abunda el documento.
Incluso los reportes del ejército mexicano revelan que los cárteles ocupan “avionetas señuelo” con el fin de que confundan a los radares de las autoridades. Muestra de ello son los 926 “alertamientos aéreos” detectados por el ejército durante el periodo 2013-2021, en las que han interceptado 67 aeronaves ilícitas en la zona.
La SSP de Sonora consideró al respecto que “ha intensificado la vigilancia en carreteras y caminos que rodean los municipios del norte, realizando operativos terrestres y aéreos en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, con el fin de fortalecer la seguridad en la región y brindar tranquilidad a los ciudadanos y visitantes”.
Pese a los resultados de las autoridades a través del Mando Único Policial y el Operativo Coordinado Interinstitucional, el pasado 18 de octubre el exmarine estadounidense Nicholas Douglas Quets fue asesinado en la carretera Altar-Caborca, cuando se dirigía a vacacionar a Puerto Peñasco. El joven de 30 años conducía desde Arizona, Estados Unidos, y presuntamente no se detuvo ante un retén del crimen organizado, por lo cual le dispararon. Hasta ahora no hay avances en la investigación ministerial.
Todo esto suma a un panorama delictivo en el que no solo las comunidades indígenas, sino los habitantes, han extremado sus medidas de seguridad cuando realizan actividades familiares o turísticas. Hasta el momento dichas comunidades indígenas no han interpuesto una denuncia formal por temor a represalias al tiempo que el gobierno estatal no recupera la gobernabilidad en esa zona.
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