El Gobierno de Sheinbaum atribuye los atentados a la guerra por el territorio entre el Cartel Jalisco y el de Santa Rosa de Lima. La presidenta descarta que sean actos de terrorismo
Elías Canhaji
Los atentados con coches bomba en Jerécuaro y Acámbaro estuvieron precedidos de amenazas del crimen organizado. Así lo reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la Mañanera de este viernes. El Gobierno de Claudia Sheinbaum atribuyó los ataques a la guerra entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Santa Rosa de Lima por el control de Guanajuato, una disputa que se ha extendido durante unos cinco años y que ha elevado al Estado hasta el primer lugar nacional en homicidios dolosos en lo que va de 2024. “No se puede catalogar como terrorismo”, afirmó la presidenta, en medio del debate por el pánico que provocaron las agresiones, que dejaron un saldo preliminar de al menos tres policías heridos.
García Harfuch planteó la hipótesis de que las explosiones en Guanajuato pudieron haber sido una respuesta de los grupos delictivos a distintos operativos de las autoridades locales en los últimos días. La Policía de Acámbaro se incautó de un tractocamión y un vehículo que había sido reportado como robado, el pasado 16 de octubre, así como de un equipo táctico de una de las organizaciones criminales que operan en la zona. Hubo también varias detenciones. El secretario no detalló de qué cartel se trataba.
El analista David Saucedo asegura que Jerécuaro y Acámbaro son parte de los dominios de Santa Rosa de Lima, y apunta que es difícil que otro grupo rival haya logrado penetrar hasta esos puntos para lanzar los ataques. “No hay otro grupo criminal en la región que tenga la capacidad, el expertise ni los antecedentes en el manejo de explosivos”, zanjó el especialista sobre la organización liderada por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, capturado en 2020. “Los explosivos son el sello de la casa”, comentó el especialista en entrevista. En cambio, Víctor Hernández, profesor del Tecnológico de Monterrey, pone en la mira al CJNG como posibles responsables. Hasta finales de septiembre se han abierto 1.863 carpetas de investigación por homicidios dolosos en Guanajuato, según datos oficiales, la mayoría atribuibles a la disputa entre ambas organizaciones.
Cinco días después de ese operativo, el pasado lunes, las autoridades locales detuvieron a otros tres supuestos integrantes del mismo grupo delictivo y aseguraron otro vehículo. “Se tiene el reporte de que horas después de la detención, el secretario de Seguridad Pública [de Acámbaro] recibe amenazas”, afirmó García Harfuch. Esos fueron los avisos que lanzó el crimen organizado a las autoridades antes de los bombazos del jueves.
El primer coche bomba explotó pasadas las cinco de la mañana en Jerécuaro, cuando se tuvo el primer reporte de que una patrulla había sido incendiada. Una hora más tarde, a las 6.25, se tuvo conocimiento de la segunda explosión en Acámbaro, a unos 33 kilómetros de distancia. “Se encuentran tres policías lesionados, de los cuales es una femenina que fue trasladada grave a un hospital y dos masculinos con lesiones superficiales que no requirieron traslado a ningún nosocomio”, denunció la Secretaria municipal de Seguridad Pública en redes sociales sobre el bombazo fuera de sus oficinas, minutos antes de las siete de la mañana. Ningún civil resultó lesionado. Hubo daños materiales a la fachada del edificio, siete vehículos y cuatro casas aledañas.
“[Se atribuye] principalmente a la disputa que tiene el cartel muy local de Guanajuato [Santa Rosa de Lima] con el Cartel Jalisco”, afirmó el funcionario, a pregunta expresa de los reporteros. Al tratarse de un ataque con explosivos ha sido la Fiscalía General de la República (FGR) la que ha asumido el caso. Los peritos están analizando los lugares de los hechos para determinar el tipo de explosivos que fueron utilizados. En los últimos cinco años, el crimen organizado ha abandonado coches bomba, entregado “regalos bomba” y ha detonado explosivos por control remoto en distintas ciudades del Estado. El ataque con el mayor número de heridos fue a mediados del año pasado a las afueras de Celaya, en el que 10 integrantes de la Guardia Nacional resultaron lesionados. Será también la FGR quien presente las acusaciones contra los responsables. García Harfuch se comprometió a que no habrá impunidad, pero no anunció que hubiera detenidos.
Políticos de oposición y expertos en seguridad han advertido de la sofisticación de la violencia ejercida por los grupos criminales y han calificado los atentados con coches bomba como “actos terroristas”. Otros incidentes, como la decapitación del alcalde de Chilpancingo y la colocación de mensajes amenazantes en la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos en Sinaloa, han sido también catalogados como tales. La cuestión no es anecdótica. En dos semanas, Estados Unidos saldrá a las urnas y varios liderazgos del Partido Republicano, incluso el expresidente Donald Trump, han empujado para clasificar a los carteles como grupos terroristas para justificar incursiones militares estadounidenses en territorio mexicano.
Sheinbaum dijo que el próximo martes expondrá por qué estos hechos no son actos terroristas y adelantó que dará un primer informe sobre su política de seguridad en el arranque de su Gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre. Libia Dennise García Muñoz Ledo cumplirá este fin de semana su primer mes como gobernadora de Guanajuato, pero las presidentas municipales de Acámbaro y Jerécuaro tenían aún menos en el cargo. Asumieron el pasado 10 de octubre. En el inicio de un nuevo ciclo político en México, el crimen organizado ha lanzado los primeros desafíos contra la estrategia de la presidenta Sheinbaum.
