Aunque en México se ha despenalizado el aborto a nivel federal, hay legislaciones locales que aún criminalizan a las personas que deciden interrumpir su embarazo
Paola Alín / El País
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo un fallo histórico para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar: determinó que perseguir y penalizar con cárcel a quienes abortan va en contra de la Constitución mexicana. Durante aquella discusión, la entonces ministra y actual presidenta de la Corte, Norma Piña, criticó que las normas antiaborto únicamente existen para castigar “la conducta sexual de la mujer”. Arturo Zaldívar celebró que, a partir de esa decisión, ya no se podría “procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”. Sin embargo, la realidad en las calles de México dista de la norma escrita en el papel; las personas aún enfrentan dificultades, estigmas, desinformación y discriminación cuando por diversos motivos, causas y contextos interrumpen su embarazo.
A tres años del fallo, aún hay Estados que no han homologado sus Códigos penales locales. Es decir, continúan penando el aborto y criminalizando a las personas que lo practican, a quienes les ayudan o brindan acompañamiento. El Estado de México es una de esas entidades. Recientemente, la organización Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que documentó las trabas que enfrentan las mujeres para hacer valer sus derechos reproductivos en ese territorio: médicos que se niegan a brindar atención, malos tratos e incluso obstáculos inventados. Aguascalientes es otro Estado que ha disparado las alarmas de activistas y organizaciones, luego de que el Congreso estatal despenalizara el aborto para posteriormente aprobar una reforma al Código Penal con el objetivo de limitar la interrupción del embarazo voluntaria a un plazo de solo seis semanas de gestación, un retroceso que va en contra de lo que ya determinó la Corte y de lo que indican organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, un derecho al que las mujeres y personas gestantes en México aún no acceden por completo. Este es un resumen del estado de la despenalización del aborto en el país, y los retos que persisten para garantizar su completa accesibilidad.
Hitos de la despenalización del aborto en México
El camino hacia la despenalización ha estado marcado por importantes hitos que reflejan tanto avances como desafíos en la búsqueda de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. “Ha sido un (recorrido) muy positivo”, dice Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), pero además “histórico” por lo que ha determinado la Corte en los últimos años. Primero, al declarar inconstitucional la penalización abosoluta del aborto y reconocer la “obligación del Estado de prestar los servicios, de atender de manera segura y proteger los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes”. Y, posteriormente, el haber cimentado la ruta para eliminar la interrupción del embarazo como delito. En enero de este año, una sentencia de la SCJN ordenó eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal a raíz de una demanda de amparo. Ramos refiere que el “aborto se ha regulado desde el derecho penal, no como un asunto de salud, sino como un delito”, pero la determinación de la Corte es un primer paso para cambiar esa narrativa punitivista.
Leslie Urzúa, abogada feminista y coordinadora de proyectos en la ONG Impunidad Cero, agrega que la principal implicación es que instituciones como el IMSS o el ISSSTE ya estarían obligadas a practicar abortos. La otra gran ventaja es que “al tener una disposición penal que te sanciona por abortar, en automático imposibilitan otro tipo de normas, ya sea leyes administrativas o normas oficiales, para brindar el servicio”. Sin embargo, este ajuste aún no entra en vigor pues requiere que el Congreso aborde y apruebe la resolución de la SCJN.
Además de los anteriores, estos son otros de los momentos clave en la historia de la despenalización del aborto en México:
2007
Ciudad de México
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto hasta la semana doce de gestación, convirtiéndose en la primera entidad en México en legalizarlo de manera amplia. Las leyes locales pasaron de un sistema de causales (la causa de violación ya existía antes de este momento, por ejemplo) a un sistema mixto, de causales y plazos (hasta las doce semanas el aborto voluntario y después de eso con ciertas causales). Esta decisión se dio en medio de la crítica y la oposición de partidos políticos y grupos antiderechos.
2008
Revisión de la Suprema Corte
Después de 17 horas de análisis, el 28 de agosto de 2008, el pleno de la SCJN determinó la constitucionalidad de la despenalización y legalización del aborto en el entonces Distrito Federal. Esto sentó un precedente para otros Estados. Tuvo que pasar más de una década para que lo hicieran realidad en Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021). Estas dos últimas modificaciones a Códigos penales estatales surgieron poco antes de la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el país.
2018
Aborto en casos de violación
En este año la Corte resolvió que las instituciones de salud mexicanas deben contar con políticas de salubridad para atender, sin tardanza ni pretextos, casos urgentes de interrupción del embarazo en caso de violación.
2019
Despenalización del aborto en Oaxaca
El Estado de Oaxaca se convirtió en la segunda entidad mexicana en despenalización el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Los diputados tuvieron dos votaciones históricas aquel 25 de septiembre. Una, la que modificaba el Código Penal del Estado, para eliminar los delitos relacionados con el aborto voluntario, penado de seis meses a dos años de prisión. Y otra, que requería una mayoría de dos tercios, para cambiar el artículo 12 de la Constitución oaxaqueña en el que se “protege y garantiza el derecho a la vida desde el momento de la fecundación”. El Congreso solo logró aprobar la primera.
2021
Criminalizar el aborto es inconstitucional
Una sentencia histórica de la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país. Esto ocurrió al analizar una acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) por el Código Penal de Coahuila, publicado en 2017, y que en el Artíulo 195 decía lo siguiente: “comete el delito de aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”. Los ministros de la Corte resolvieron que eso atenta contra la automonía reproductiva de las mujeres pero también incluyeron a las personas con capacidad de gestar con la finalidad “de reconocimiento y visibilización de aquellas personas que, perteneciendo a diversas identidades de género distintas del concepto tradicional de mujer, sus cuerpos sí tienen la capacidad de gestar (por ejemplo hombres transgénero, personas no binarias, entre otras)”. Posterior a eso, el Gobierno de Coahuila ordenó liberar a las mujeres encarceladas por abortar.
2021
Inconstitucional, la protección de la vida
El pleno de la Suprema Corte de Justicia mexicana rechazó la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas contra el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres. “Es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos y protegerse, sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas”, argumentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, autor del proyecto de la sentencia.
2022
Lineamientos para el aborto
En noviembre de 2022, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió una guía que establece los criterios básicos de atención de interrupción del embarazo en las unidades de salud de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el centro, está basada en evidencia científica contrastada y verificada, con perspectiva de género y de derechos humanos.
2023
Despenalización federal del aborto
La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el Congreso debe eliminar el aborto del Código Penal federal, lo que significa que todas las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo México. El fallo se produjo después de que GIRE presentara un amparo. Antes de esto, el aborto seguía siendo un delito federal, excepto en los casos de violación y de peligro para la vida de la mujer o persona embarazada. Se supone que los legisladores tendrían que hacer este cambio antes de que finalizara 2023, pero hasta el momento de la publicación de este texto, siguen sin discutirlo.
Estados que han despenalizado el aborto
En México, la situación del aborto varía significativamente de un Estado a otro, reflejando un mosaico de legislaciones y políticas públicas. Hasta la fecha, el aborto está despenalizado y legalizado en 13 Estados, mientras que en otros sigue siendo criminalizado y solo permitido por algunas causales, como violación, problemas de salud de la madre, de feto, por mencionar algunos, pese al fallo de la SCJN. A pesar de los avances, el acceso sigue sin estar garantizado para todas las personas que lo requieren. La división en la legislación a nivel estatal también genera desigualdades significativas en el acceso a la salud reproductiva.
Esta es la situación actual del aborto en los Estados:
Razones por la que abortar no debe ser un delito
Despenalizar el aborto e incluso eliminarlo como delito es un paso clave hacia la protección de los derechos de las mujeres y la salud pública. Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas han destacado los riesgos de criminalizar esta práctica, sugiriendo que el acceso seguro y legal al aborto es esencial para garantizar no solo la equidad de genero, sino el respeto a los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, como hombres trans, no binaries.
Según la OMS en un reporte de 2017, cada año se realizan alrededor de 25 millones de abortos en condiciones inseguras, lo que provoca la muerte de aproximadamente 47,000 mujeres y miles más sufren complicaciones graves. En contextos donde el aborto está penalizado, las mujeres, especialmente las de bajos recursos, se ven obligadas a recurrir a procedimientos clandestinos que pueden en riesgo su vida. Es importante aclarar que el aborto no necesariamente es un proceso riesgoso, colectivas como Morras Help Morras, han insistido que es un procedimiento que, en la mayoría de los casos, puede ser autogestivo y en casa sin que ocurran mayores complicaciones.
El aborto debe ser considerado como un derecho reproductivo fundamental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas es un aspecto esencial de los derechos humanos. Limitar el acceso al aborto es una forma de violencia institucional y perpetúa la desigualdad de género, ya que las mujeres se ven privadas de la capacidad de tomar decisiones sobre su propio futuro. Además, las barreras legales no solo atentan contra la vida de las mujeres, sino también contra su dignidad y libertad. En muchos casos, las leyes que penalizan el aborto se basan en principios religiosos o prejuicios machistas.
Que el aborto deje de ser considerado un crimen es respetar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
