El instituto político, que se encuentra en la víspera del cambio de su dirigencia, acumula 622 recursos de revisión por parte de ciudadanos inconformes con sus respuestas a solicitudes de información
EL UNIVERSAL
Entre 2016 y el primer semestre de este año, periodo en que Morena fue presidido porAndrés Manuel López Obrador, Yeidckol Polevnsky, Alfonso Ramírez Cuéllar y Mario Delgado Carrillo, el partido se erigió como el instituto político que más recursos de revisión acumuló por parte de ciudadanos inconformes con las respuestas a sus solicitudes de información pública, un total de 622.
La cifra representa 40% de los mil 531 recursos de revisión que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recibió en el periodo a causa de siete partidos nacionales: Morena, PAN, PRD, PRI, MC, PVEM y PT.
En cantidad de recursos, el partido guinda fue seguido por el PAN, con 253, y el PRD, 235.
Morena fue reconocido como instituto político en 2014. Desde ese momento y hasta 2015 fue dirigido por Martí Batres, hoy jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El periodo que dirigió Batres no se analizó para este trabajo porque la Ley de Transparencia que consideró a los institutos políticos como sujetos obligados directos empezó a aplicarse en forma hasta 2016.
El partido Morena es también el más sancionado por faltar a su obligación de atender las solicitudes de transparencia de ciudadanos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) —la entidad sancionadora— y solicitudes de información atendidas por el Inai. Desde 2016 han recibido 36 de las 50 multas impuestas por el INE.
Los ciudadanos le han preguntado a Morena sobre los recursos que ejerce en arrendamiento de oficinas, compra de inmuebles, gastos en hoteles, vuelos y viáticos en general. También le han pedido los gastos en contratación de encuestas para la designación de candidatos. Morena se ha negado a informar reiteradamente y, en muchos de los casos, ha reservado la información hasta por cinco años.
De acuerdo con datos del Inai, el índice de recurrencia de las solicitudes (número de solicitudes que fueron recurridas ante la inconformidad de la respuesta por cada 100 que fueron presentadas) es de 10.2%, el doble del puntaje general de sujetos obligados políticos, cuantificado en 5.1%.
La Ley de Transparencia establece que los partidos políticos, al igual que la administración pública federal y los poderes Legislativo y Judicial deben publicar periódicamente la información que producen por sus actividades.
Sin embargo, el partido tiene serias inconsistencias. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, Morena publicó cero contratos por honorarios, mientras que en el mismo periodo del año pasado tenía registrados 2 mil 719. Una situación similar a la publicación de sus padrones de proveedores: en la primera mitad de 2024 tiene reportados seis proveedores, mientras que para el mismo periodo de 2023 reportó 97, y 132 en 2022. Los gastos de comisiones oficiales de 2021 tienen cero registros, igual que los de 2024.
El último dictamen financiero que se puede consultar de Morena en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) corresponde a 2021, de acuerdo con una revisión hecha por EL UNIVERSAL.
Aun así, ha sido calificado con el 100% de cumplimiento en las verificaciones que hace el Inai año con año. Consultado al respecto, el instituto afirma que “no tiene atribuciones para auditar la veracidad de la información que publican los sujetos obligados, en este caso un partido político, o bien, para investigar si toda la información que publicitan es toda la que resguardan en sus archivos”.
En 2018, el Inai dio vista al INE sobre el incumplimiento de Morena con sus obligaciones de transparencia. Cuando el INE comenzó a revisar el caso, Morena aseguró que no había cumplido con la publicación de los datos del tabulador de pagos a los funcionarios partidistas porque un virus informático había infectado sus sistemas electrónicos, sin ofrecer prueba alguna.
Dice el documento CG192/2019: “el partido político denunciado, en diversos momentos procesales formuló manifestaciones, pero nunca aportó elementos que corroboraran su dicho, en el sentido de que la carga no se realizó debidamente debido a la presencia de un virus informático en los archivos”.
Morena es, además, el instituto político que más denuncias por incumplimiento de su obligación de transparentar información en la PNT, de acuerdo con registros del Inai. El partido registra un total de 110 denuncias reportadas, esto representa 51% de las recibidas desde 2018 a la fecha.
En los ocho años en que los institutos políticos han tenido que transparentar su actuar a la ciudadanía, Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido el más renuente a rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos que ejerce, de acuerdo con indicadores, datos estadísticos y respuestas de información del Inai e INE.
Actualmente, el instituto político es liderado por Mario Delgado, y se halla en la víspera de un cambio de dirigencia. Se ha anunciado que el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, ocupará un puesto estratégico. Si todo marcha como se tiene previsto, Luisa María Alcalde será la nueva lideresa.
Este medio solicitó entrevista con la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; sin embargo, hasta el cierre de esta edición la petición no fue atendida.
En materia de opacidad hay un dato destacable en el que sí le gana el Partido Acción Nacional (PAN), y es en número de expedientes clasificados como reservados. De acuerdo con información pública, el PAN tiene 69 expedientes, mientras que Morena, hasta el primer semestre de este año, cuenta con 34.
El mínimo esfuerzo
Cecilia Azuara Arai, abogada independiente y especialista en derecho a la información, sostiene que “los partidos políticos en general no han interiorizado a la transparencia como un valor, sino como una obligación legal. Cumplen porque la ley les obliga, pero hacen lo mínimo para ello”.
Y agrega: “Parte del problema es el compromiso de la clase política con el tema, es un tema políticamente correcto del que todo el mundo se ufana, pero la realidad es que no hay un compromiso real. Transparencia no es publicar mucha información, transparencia es dar a conocer determinaciones relevantes, contratos, gasto, en fin… creo que sigue publicándose mucha paja y lo verdaderamente importante en muchos casos se clasifica”.
Julieta del Río, comisionada del Inai, considera que los partidos políticos “malinterpretan la transparencia como una vulneración a su coto de poder, por ello hay mucho recelo a hacer públicos sus gastos y la toma de decisiones al interior. Esto se refleja en los procesos de democracia interna y selección de candidaturas, por ejemplo”.
La comisionada insiste en la necesidad de una transparencia proactiva. “Los partidos políticos no deben esperar a que la ley los obligue, sino acercar la mayor información posible a la sociedad”.
Lilia Vélez Iglesias, expresidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, afirma que ha faltado una mayor pedagogía sobre lo que es el derecho de acceso a la información, vinculado con la transparencia, y un compromiso de los partidos políticos y de los actores públicos con la rendición de cuentas.
Un caso paradigmático
El 26 de julio de 2021, hace ya tres años, una persona ingresó una solicitud de información a Morena para que se le informara si el inmueble ubicado en Ejército Nacional 359, colonia Granada de la Ciudad de México, que el líder morenista Mario Delgado Carrillo ocupaba como oficina alterna, era rentado o comprado. El partido, primero, declaró inexistente el contrato; después reconoció que sí tenía oficinas ahí, pero se negó a hacer público el documento de compra o arrendamiento, argumentando que transparentar esa información “podría poner en riesgo la integridad física” de las personas que ocupan el inmueble. Lo reservó por tres años.
El caso llegó al Inai y, en octubre de ese año, se ordenó al partido entregar el contrato, pero fue ignorado. El caso llegó al INE y éste decidió sancionar al partido: aplicó una multa de 134 mil 400 pesos.
A pesar de ello, hasta la fecha el contrato no se hace público en la plataforma de transparencia.
