CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2026. — Las agrupaciones Deuda x Clima MX y la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública solicitaron este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenar la apertura de los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes Fobaproa, y decretar el impago de dicha deuda.
Mediante una carta abierta firmada por 17 integrantes de ambas organizaciones, los colectivos respaldaron declaraciones previas de la mandataria en las que calificó la deuda como impagable y se pronunció a favor de difundir los expedientes del rescate bancario.
El documento cita pronunciamientos realizados por Sheinbaum en Zacatecas el 4 de septiembre de 2026, así como una declaración reciente en la que la presidenta señaló que “estaría muy bien… que abrieran esos archivos para que se sepan todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa”.
Para sustentar su petición financiera, los firmantes indicaron que en 2026 se destinan 35,553 millones de pesos al pago de intereses de este mecanismo y que para 2027 se presupuestan 65,906 millones de pesos. De acuerdo con el texto, esta última cifra se aproxima a la suma de los presupuestos previstos para la Pensión para Personas con Discapacidad (37,436.3 millones de pesos) y Vivienda Social (34,353.9 millones de pesos).
En su pliego petitorio, las agrupaciones plantearon cinco demandas principales al Ejecutivo federal: abrir y difundir los expedientes del Fobaproa/IPAB, decretar la suspensión de pagos de esta deuda y obligar legalmente a los bancos a fondear al 100 por ciento el Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca.
Asimismo, exigieron decretar una auditoría integral con participación ciudadana a la deuda pública y demandaron que el empresario Ricardo Salinas Pliego, junto con otros beneficiarios del mecanismo, asuman y paguen dichos pasivos.
Los colectivos argumentaron que la conversión de deudas privadas en deuda pública contravino el marco jurídico nacional e internacional, invocando resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la doctrina de deudas odiosas y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Finalmente, los firmantes reiteraron una solicitud de diálogo directo con la presidenta Sheinbaum, la cual fue presentada originalmente el 13 de octubre de 2024, con el objetivo de redirigir los recursos públicos hacia programas sociales y de justicia climática.
