El auditor superior Aureliano Hernández Palacios detalló que las compañías, identificadas como “GC” y “GHC” acumularon contratos por 8 mil 870 millones de pesos
Antonio López
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos compañías identificadas con las siglas “GC” y “GHC” acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diferentes entidades públicas, de forma principal en el ámbito electoral como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) de distintas entidades de México de 2014 a 2026.
En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, detalló que gracias a labores de inteligencia de dicha dependencia se detectó que de este monto 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales.
Al Instituto Nacional Electoral le corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, en otras palabras, el 11.3 por ciento del total.
“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas, servidoras públicas y distintas empresas. Quiero ser enfático. Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso”.
Reafirmó que se ha comenzado una investigación de oficio respecto de irregularidades en el INE. “Esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas, servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.
“Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores”.
Además, se observaron elementos importantes acerca de la estructura y operación de las empresas, como operaciones entre sociedades de los mismos grupos, es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados.
“Asimismo, detectamos registros laborales reducidos o nulos, es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones cuentan con menos de cinco trabajadores y en algunos casos ninguno”.
Otra línea de investigación gira en torno a las posibles barreras que establecen una competencia desleal con el fin de garantizar la adjudicación de los contratos. Incidiendo en los precios y en las condiciones en menoscabo del patrimonio público.
“Estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en que se establecen las operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”.
De acuerdo con el informe, los Oples que han signado contratos con estas empresas son el de Veracruz con 484.4 millones de pesos; Oaxaca 370.3; Coahuila 306.3 millones; Puebla 286.6; Nuevo León 253.9 millones; Baja California 223.3; Aguascalientes 211; Estado de México 163.7 millones; Jalisco 159.5; y Yucatán 151.1 millones.
