Hablar de impunidad en México no es una percepción alimentada por el descontento social. Los datos del INEGI y de centros como México Evalúa muestran un sistema de justicia penal que, en lugar de proteger a las víctimas, funciona como un embudo en el que casi todos los casos se pierden.
Cada año se cometen más de 33 millones de delitos, pero el aparato penal procesa solo una fracción mínima. El primer filtro es la cifra negra: 93.4% de los delitos no se denuncia o no llega a investigación formal. No es apatía. Según el INEGI, más del 60% de quienes no denuncian lo atribuye a causas imputables a la autoridad: trámites largos, pérdida de tiempo y desconfianza en los Ministerios Públicos. Tampoco las llamadas de emergencia llegan lejos: de casi 9 millones, cerca de 2 millones se convierten en denuncia formal.
Quien logra abrir una carpeta de investigación encuentra poco aliento. Según el Índice de Impunidad Penal Institucional, casi 90% de los casos que debieron resolverse no obtuvo respuesta efectiva, ya fuera por sentencia o por acuerdo reparatorio. Las fiscalías acumulan casi 3 millones de expedientes sin concluir.
En el plano internacional, el Índice Global de Impunidad de la UDLAP ubica a México en el lugar 80 de 94 países, dentro de la categoría de “alta impunidad”. En los delitos más graves el panorama empeora: hay más de 131,000 personas desaparecidas, con impunidad superior a 98%, y 80% de los homicidios dolosos queda sin castigo. En los países de la OCDE, en cambio, se sanciona cerca de 80% de los homicidios.
Revertirlo exige una reforma profunda del aparato de justicia, más que nuevas leyes o penas más duras. Propongo tres líneas:
- Descongestionar las fiscalías. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y los acuerdos reparatorios, permitirían resolver con rapidez los delitos menores y destinar recursos a investigar homicidios y desapariciones.
- Facilitar la denuncia. Hay que digitalizarla, con expedientes electrónicos que eliminen horas de espera, y facultar a las policías locales para recibirla en el lugar de los hechos, de modo que las llamadas de auxilio se conviertan en denuncias.
- Profesionalizar. Se requiere un servicio profesional de carrera para ministerios públicos, peritos y policías de investigación, protegido de vaivenes políticos y nepotismo. Las fiscalías deben evaluarse por resultados, transparencia y reparación del daño, no por el número de carpetas que acumulan.
Nada de esto será posible sin voluntad política. La ciudadanía lo merece.
CRECES, en la mesa de Libre Expresión
Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana de Hermosillo y colaborador del alcalde Antonio Astiazarán desde hace más de 13 años, dejó claro ante el Grupo Libre Expresión que la gestión comunitaria ya no es solo una tarea administrativa, sino la plataforma de un proyecto político con vista a 2027. Al defender la descentralización presupuestaria y proponer que los comités vecinales definan las obras locales, expuso un modelo de gobernanza y, a la vez, trazó su ruta hacia la alcaldía. ¿Es el principio de un cuarto nivel de gobierno? ¿Una ciudadanía que decide su futuro?
Su argumento es pragmático: recuperar espacios públicos, como convertir focos de delincuencia en unidades deportivas, no es solo infraestructura, sino una estrategia de pacificación y reconstrucción del tejido social. Según él, el contacto directo con las familias da una legitimidad que las encuestas y la planeación centralizada no logran.
El trasfondo, sin embargo, es político y apunta a un relevo generacional. García Escalante criticó a las dirigencias de Morena y Movimiento Ciudadano y el “reciclaje” de perfiles opositores que ya tuvieron su oportunidad y dejaron malas cuentas en el municipio. Se presenta como una alternativa joven e innovadora dentro de su propia coalición, sin los cuestionamientos que arrastran las figuras tradicionales. La prueba será si la estructura vecinal que hoy coordina puede convertirse en el capital electoral que necesita.
