Los requerimientos financieros del sector público llegan a 1,04 billones de pesos a julio de este año, el nivel más alto del que se tiene reporte en Hacienda
Karina Suárez / El País
En la última milla del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda sigue sacando la cartera, antes de pasar la estafeta a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Durante los primeros siete meses del año, los requerimientos de deuda del sector público incrementaron un 60% respecto al mismo periodo del año pasado. Si el año pasado, la Administración federal reportó en ese mismo periodo un desbalance fiscal de poco más de 620.300 millones de pesos, al cierre de julio de ese año el boquete asciende a más de 1,04 billones de pesos, la cifra más alta de la que se tiene registro en Hacienda desde 2008, año en que comenzó a publicarse este dato. Los analistas advierten de que Sheinbaum tendrá que hacer malabares para conseguir equilibrar el desbalance entre sus gastos e ingresos, con un déficit público tan alto desde el primer día de su gestión.
En esta última parte del mandato, el Gobierno del presidente López Obrador no ha escatimado en gastos. Durante los primeros siete meses del año, el gasto público se elevó un 11% respecto al mismo periodo del año previo y alcanzó la cifra de 5,4 billones de pesos, mientras que los ingresos crecieron de forma más marginal, apenas un 3,3%, para llegar a 4,4 billones de pesos. Al interior, solo el desembolso en desarrollo social creció más de 10%, mientras que la inversión directa en infraestructura se elevó más del 15%. La deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 14,1 billones de pesos con información a julio. Del total, 83,7% correspondió a deuda interna y el 77% de los valores gubernamentales se contrató a tasa fija, con vencimientos a largo plazo.
Los requerimientos financieros del sector público miden las necesidades de financiamiento del sector público para aterrizar las políticas delineadas en cada gobierno, ya sea por gasto directo, pago de intereses, amortizaciones de deuda y la ganancia o pérdida financiera. Estos requerimientos representan obligaciones de pago a cargo del Gobierno que se deben honrar en el tiempo.
Para este año, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, proyectó un déficit fiscal equivalente al 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel no visto en más de 30 años. El funcionario ha defendido este nivel de déficit tan alto con el argumento de que se trata de un alza puntual, necesaria para concluir las obras emblemáticas de esta Administración y no dejar pendientes para el siguiente sexenio, a manos de Sheinbaum, gabinete en el que también fungirá como secretario de Hacienda.
El director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Díaz-Infante, explica que el desequilibrio entre ingresos y egresos está aumentando porque en este Gobierno el gasto ha ido al alza, por ejemplo, en el pago de deuda, pensiones y programas sociales. Además, la depreciación acelerada del peso está elevando el costo de la deuda en dólares. “Este desbalance entre los ingresos y los egresos no necesariamente se traduce en deuda, porque puede ser pagado con impuestos o con venta de activos. Muchas veces los gobiernos, y más aquellos electos, financian este déficit usando los ahorros que gobiernos anteriores o recortando el gasto, como lo hizo el Gobierno de López Obrador durante sus primeros cuatro años. El problema de financiar el déficit fiscal con deuda es que la misma tiene un impacto intergeneracional, es decir, lo pagan los gobiernos futuros con cargo al contribuyente”, abunda.
De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda en los Precriterios de Política Económica para el próximo año, el déficit fiscal bajará a 3% del PIB —el nivel recomendado— en 2025. Sin embargo, analistas coinciden en que, para lograr esta meta, se requerirá que la próxima presidenta haga un fuerte recorte en obras e inversión social. México Evalúa calcula que, para disminuir el déficit de 5,9% a 3,5% el recorte del gasto público tendrá que ser, aproximadamente, de 516.100 millones de pesos, monto similar al presupuesto que recibió este año la Secretaría de Bienestar.
El especialista advierte de que de concretarse la reforma al sistema judicial en México, el entorno de las finanzas públicas podría agravarse aún más a partir del siguiente año debido a una contracción de la inversión privada y, por ende, un menor crecimiento económico. Díaz Infante, indica que para lograr la reducción del déficit fiscal al 3% del PIB se requiere de una reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios y así no recurrir a más gasto financiado con deuda. “Las necesidades de inversión en infraestructura, salud, educación y seguridad, además del incremento en el pago de intereses de la deuda creciente, hacen prever que será necesaria una reforma fiscal que eleve los ingresos. Y es que, no es previsible que estos vayan a aumentar por un mayor crecimiento del PIB y menos con la incertidumbre que generaría la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial”, zanja.
