El 15 de octubre, Semarnat publicó un comunicado atribuyendo a los Comités de Cuenca Río Sonora expresar confianza en el nuevo plan de remediación presentado el día anterior. Eso es falso... El plan presentado promete concluir las acciones de remediación a finales de 2026, sin garantía presupuestaria de que los trabajos continúen si la contaminación persiste.
Redacción
Hermosillo, Sonora.- Los Comités de Cuenca Río Sonora manifestaron su descontento y desacuerdo con el Programa Integral de Remediación Ambiental presentado el pasado 14 de octubre por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) en el municipio de Ures, Sonora, y rechazaron un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que afirmaba que las comunidades respaldaban el plan.
El programa contempla la caracterización de 288 kilómetros de la cuenca a cargo de las empresas Veolia, Semnsa y Tecnología Ambiental Especializada, la excavación de aproximadamente 100 mil toneladas de material contaminado para su remediación, y la disposición de residuos no tratados en centros de confinamiento en Coahuila y Nuevo León.
Las organizaciones comunitarias denunciaron que el presupuesto asignado debe ejercerse este año sin que existan garantías de una extensión en caso de que la contaminación persista tras los tratamientos. Asimismo, señalaron que la presa Abelardo L. Rodríguez fue excluida de las labores de remediación y únicamente se mantendrá bajo monitoreo, a pesar de ser un punto clave para el abastecimiento de agua en Hermosillo.
Los Comités criticaron la falta de coordinación entre las instituciones de salud, agua y medio ambiente, y acusaron a los titulares federal y estatal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales y Rodolfo Castro, de ausentarse de las mesas de diálogo y de emitir declaraciones falsas sobre la coordinación con los habitantes.
El agrupamiento también expresó preocupación por los antecedentes de las empresas contratadas mediante licitación pública, al señalar que Veolia, Semnsa y Tecnología Ambiental Especializada cuentan con denuncias previas por violaciones ambientales y a los derechos humanos, incluyendo registros de hostigamiento a comunidades por parte de Semnsa.
Ante este panorama, las comunidades exigieron la entrega de calendarios, presupuestos y anexos técnicos sobre las plantas potabilizadoras prometidas hace 12 años, además de demandar que SEMARNAT asuma la supervisión y responsabilidad ante las omisiones de CONAGUA.
A la reunión celebrada el 14 de octubre asistieron la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy; la subsecretaria de regulación ambiental de la SEMARNAT, Ileana Villalobos; el director de la DGGIMAR, Arturo Gavilán; autoridades del IMSS Bienestar, representantes de las comunidades y delegados del consorcio empresarial contratado.
