La fiscalización, las exigencias de transparencia y las voces que reclaman su salida estrechan el margen político de la presidenta del árbitro electoral ante una posible renuncia, licencia o juicio político
Elia Castillo
La presión sobre la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha trascendido de una serie de publicaciones periodísticas a una crisis institucional. La presidenta del órgano electoral enfrenta una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano de fiscalización del Estado, por posibles irregularidades en las contrataciones del organismo, por los cuestionamientos sobre sus vínculos con proveedores y ante una exigencia presidencial de que se extinga cualquier sombra de corrupción en la autoridad encargada de organizar los comicios en México. Y en medio de la controversia, una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que fue convocada la consejera este viernes ha sumado interrogantes sobre el futuro de la funcionaria.
El cerco se estrecha alrededor de Taddei, quien ha evadido responder hasta ahora a los cuestionamientos sobre su relación con proveedores. La titular del INE defiende que los procedimientos contractuales se han realizado conforme a la ley, mientras la pregunta que se impone en los círculos políticos y electorales es si puede mantenerse o no al frente del organismo que debe organizar las elecciones de 2027.
La ASF ha abierto una investigación de oficio tras identificar indicios de posibles anomalías, entre ellas, presuntos conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Este paso llega después de que informaciones periodísticas revelaran que siete empresas proveedoras de material electoral están bajo escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por posibles prácticas fraudulentas y vínculos entre sus propietarios. Las sospechas alcanzan a compañías relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y sus presuntos vínculos con Taddei. También han sido cuestionados los antecedentes laborales de personas relacionadas con algunas de las empresas proveedoras que trabajaron en el instituto a solicitud de la consejera presidenta.
Hasta este viernes, el tema se había limitado a la denuncia pública, pero ahora ha pasado a los terrenos de la fiscalización superior. Taddei ha anunciado medidas para transparentar la información sobre los contratos.
La postura de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido que se realicen las auditorías necesarias para despejar cualquier duda sobre el manejo de los recursos del órgano electoral. “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, ha lanzado. Pero ha dejado en manos de la propia señalada la decisión de renunciar o permanecer en el cargo. No ha exigido directamente la salida de Taddei, pero tampoco ha mostrado respaldo político.
A las declaraciones de la mandataria le siguieron, casi simultáneamente, dos eventos. Taddei acudió a la Secretaría de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez. De acuerdo con fuentes de la dependencia consultadas, la presidenta del INE fue convocada a una reunión. No directamente con la secretaria, sino con funcionarios de menor rango. El encuentro fue breve sin que haya trascendido de qué hablaron. Sin embargo, su coincidencia con una jornada marcada por las exigencias de transparencia y las demandas de renuncia ha alimentado las especulaciones sobre el motivo de la visita.
Renuncia o juicio político, dos vías de salida
Para los especialistas electorales, la continuidad de Taddei al frente del INE podría volverse insostenible, lo que supone un problema más allá de su responsabilidad individual. María Marván, expresidenta del Instituto Federal Electoral, hoy INE, y experta en asuntos electorales, coincide con Marco Antonio Baños, exconsejero del INE y actual representante del partido opositor, Somos, en plantear que una salida voluntaria permitiría despresurizar la crisis que ha golpeado la credibilidad del INE mientras se esclarecen los hechos. “Sí hay soluciones posibles, estamos en una lamentabilísima situación en la que hay que escoger entre el mal menor y poner a la república por delante y la credibilidad en el proceso electoral”, refiere Marván.
La expresidenta del órgano electoral apunta que “a quien menos le conviene una elección cuestionada es al partido en el poder” y considera que sería un error de cálculo que, con el escándalo político que hay, independientemente de que se esclarezca, Taddei permanezca en el cargo. “El daño ya está hecho y lo que tendría que estar viendo la Cámara de Diputados es cómo resarcir el daño”, ha lanzado. Para que eso ocurra, dice la experta, “es indispensable que Taddei dé un paso al costado”.
Baños ha coincidido en la ruta y ha rechazado que se trate de un intento por debilidad al árbitro electoral, como ha sostenido Taddei para sostener su defensa. Apelando a la presunción de inocencia de la consejera presidenta, ha dicho que la licencia temporal puede ser la salida. “Se trata de limpiar la imagen institucional, que está dañando ella”, señala el exconsejero. “Por ética pública y por decoro, la consejera presidenta debe analizar seriamente pedir licencia”, ha insistido.
La solución, sin embargo, no está exenta de dificultades jurídicas. La licencia tendría que ajustarse a las disposiciones aplicables y no resolvería por sí misma quién asumiría la presidencia durante la ausencia de Taddei. La eventual designación de una persona interina y las condiciones para cubrir definitivamente la vacante tendrían que resolverse con celeridad. “Si la Cámara de Diputados decide resolver la crisis y se ponen las pilas y nombran a una persona, que puede salir de los mismos consejeros, eso se opera en un día”, apuesta Marván.
La segunda vía es más abrupta: el juicio político. Este procedimiento trasladaría la disputa al Congreso y abriría un proceso de consecuencias políticas mayores. La Cámara de Diputados tendría un papel central en la eventual tramitación de responsabilidades resultado de las investigaciones de fiscalización y del Órgano Interno de Control.
En todo caso, no son opciones equivalentes. La renuncia depende de la voluntad de Taddei, una licencia es más tersa, y el juicio político implica un procedimiento que no puede activarse únicamente por el desgaste mediático. El debate sobre la permanencia de la presidenta en el INE está abierto.
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