Reservaciones de hotel, contratos de renta de autos y registros de geolocalización documentan la presencia de Richard Johnston y John Black en Chihuahua meses antes del operativo que les costó la vida
Un dato presentado en la audiencia judicial contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, el 18 de octubre, modificó la cronología oficial del caso de los agentes de la CIA en Chihuahua: los dos estadounidenses fallecidos no llegaron al estado en abril de 2026, como se sostuvo inicialmente, sino que habrían operado en la entidad desde octubre de 2025.
El hallazgo surgió de reservaciones de hotel, contratos de renta de autos y registros de geolocalización que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua presentó como parte de las pruebas en su contra durante la audiencia de formulación de imputación.
De acuerdo con la información que se presentó en la diligencia, uno de los estadounidenses, identificado como Richard Leiter Johnston III, se hospedó en la capital del estado durante octubre de 2025 y regresó entre el 21 y el 31 de enero de 2026.
La Fiscalía de Jáuregui estatal sostuvo en un primer momento que los agentes solo habían pedido transporte al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido en el mismo accidente. Esa versión quedó en entredicho con el hallazgo de dos contratos de arrendamiento de vehículos Volkswagen Jetta color gris, firmados a nombre de Johnston.
Uno de esos autos tuvo una reservación vigente del 14 al 20 de abril de 2026, justo el periodo en que ocurrió el operativo que terminó en tragedia.
John Dudley Black, el segundo agente fallecido, se hospedó por su parte en la habitación 2312 del hotel Holiday Inn. Tras su muerte, familiares y compañeros solicitaron acceso a esa habitación para recuperar sus pertenencias.
Los registros de geolocalización satelital de ambos autos mostraron algo más que viajes esporádicos: estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se ubica el C4, específicamente en las inmediaciones de la Oficina de Operaciones Estratégicas. El propio Ministerio Público argumentó ante el juez que esos datos “permitieron establecer una relación entre la movilidad de los vehículos y su permanencia en ese punto durante las fechas analizadas”.
Richard Leiter Johnston III, de 35 años y originario de Washington D.C., se formó en Historia y chino mandarín en la Universidad de Virginia antes de unirse al Ejército de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de capitán.
Dirigió tropas en Afganistán durante la Operación Centinela de la Libertad en 2016 y más tarde se integró a las Fuerzas Especiales, conocidas como Boinas Verdes, con despliegues posteriores en Filipinas.
Por su parte, John Dudley Black, de 44 años, nació en San Francisco y estudió en la Universidad de Gonzaga, donde jugó futbol americano antes de sumarse al Cuerpo de Marines. Sirvió también en Afganistán como ayudante de campo del comandante general de la Primera División de Marines, experiencia que relató en un video institucional de 2013.
Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black murieron la madrugada del 19 de abril, cuando el vehículo en que viajaban, parte de un convoy de cinco unidades que regresaba del operativo contra el narcolaboratorio, cayó a un barranco cerca de la comunidad de Polanco y se incendió.
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Durante la audiencia por los cargos estatales, Jáuregui sostuvo que no existe “ni una orden, ni un WhatsApp” que lo vincule con la decisión de permitir la participación de Johnston y Black en el operativo.
Fragmentos de su intervención, difundidos por la periodista Azucena Uresti, muestran al exfiscal argumentando que, pese a las declaraciones de más de 40 funcionarios de la Fiscalía estatal y a las pruebas de geolocalización, “no se presentó una referencia directa” que demuestre su participación en las decisiones del operativo.
El exfiscal cuestionó además que el Ministerio Público utilizara videos de sus reuniones con dos servidores públicos como parte de las pruebas en su contra, al calificar esos encuentros como rutinarios dada su posición como titular de la Fiscalía y la comunicación frecuente que mantenía con otros integrantes de la institución. Defendió también su renuncia del 27 de abril: dijo que su salida no buscó evadir responsabilidades, sino evitar que su permanencia en el cargo “interfiriera” en las investigaciones internas sobre el operativo de El Pinal.
El exfiscal planteó, además, un trasfondo político detrás del proceso judicial en su contra. Como parte de su argumento, comparó su situación con la del comandante Oseguera, fallecido durante las labores para desarticular el narcolaboratorio, y cuestionó qué habría ocurrido si el mando hubiera sobrevivido y enfrentara hoy un proceso penal similar.
Esa defensa se presentó en el marco del proceso que Jáuregui enfrenta en el fuero local por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, imputados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
El juez de control que lleva ese caso determinó, al concluir la audiencia del 18 de octubre, que el exfiscal podía continuar el proceso en libertad, bajo medidas cautelares como la entrega de su pasaporte, la firma mensual ante el tribunal y la prohibición de acercarse a los testigos.
Esa libertad duró lo que tardaron los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en ejecutar una segunda orden de aprehensión, esta vez de carácter federal, por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Jáuregui fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece mientras avanza esta causa, distinta a la que ya enfrenta en Chihuahua.
La audiencia inicial de ese proceso federal está programada para este martes a las 8:00 horas.
