“Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan ‘técnicas certificadas’ puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado”.
El 7 de octubre pasado Ceci Patricia Flores Armenta y su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores, fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, publicaron en X que obtuvieron del Gobierno mexicano un documento oficial que avala su labor para la búsqueda de personas desaparecidas. En su tweet, que comienza anunciando que “hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México”, y se muestran dos constancias que las acreditan como personas con las competencias necesarias para llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México. Los certificados fueron expeditos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual reconoce y otorga validez oficial a una serie de habilidades y competencias, destrezas y conocimientos tras la aprobación de cursos y procesos de capacitación.
En redes sociales las buscadoras explicaron lo siguiente: “Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542. Esto significa mucho más que recibir un documento. Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente”.
La mencionada certificación incluye los protocolos de búsqueda inmediata, búsqueda individualizada y búsqueda generalizada en campo y vida. Según la página oficial garantiza “el respeto a la dignidad humana y el Protocolo Homologado de Búsqueda” y va dirigida a funcionarios de comisiones de búsqueda de personas, a personas buscadoras independientes e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero también a personas en general, peritos, criminólogos, policías y personal de fiscalías del país.
El curso y certificado acreditan conocimientos sobre temáticas como el análisis de contexto y la integración inicial de carpetas, fichas de búsqueda, la prospección de terreno, la seguridad y búsqueda en campo y en vida, búsqueda administrativa, el manejo de hallazgos forenses y el acompañamiento a víctimas con apego a los principios de no revictimización. Fue el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) del estado de Guanajuato la institución encargada de la capacitación y evaluación en materia de búsqueda, y también capacitó y acreditó a ocho buscadoras de tres colectivos de Guanajuato.
Aunque esta formación, como varias otras, desde luego, aporta herramientas técnicas útiles para las familias y mayor conciencia acerca de leyes, protocolos y estándares, considero importante hacer hincapié en el trasfondo político y las críticas de un proceso en el que, sin querer estar en el lugar de víctimas indirectas de la desaparición, a lo largo de los años, han sido las personas buscadoras y los colectivos quienes, por inoperancia de las instituciones estatales, han tenido que salir a buscar y desarrollar conocimientos y habilidades desde su comunidad en búsqueda.
Han tenido que protestar y sufrir el peso de amenazas, represión policiaca y criminal, y hasta asesinatos, para ser reconocidas y escuchadas, para que comenzaran a moverse tantito del escritorio y trabajar los ministerios públicos, las policías y las fiscalías, las comisiones y mecanismos extraordinarios de búsqueda ante más de 130 mil desaparecidos.
En mi opinión, no deben de confundirse, entonces, el derecho, duramente conquistado y revindicado, a la participación conjunta y a la coadyuvancia en búsqueda e investigación que tienen las familias, o el hecho de que ya hayan constituido brigadas independientes para prospectar, buscar, exhumar e identificar a personas, con el mantenimiento de la exigencia de búsqueda, verdad y justicia para la no repetición y bajo la consigna de que “el Estado no busca porque se encuentra”.
Las familias se han organizado y movilizado a pesar de las autoridades para llevar a cabo tareas y funciones, labores desgastantes, legales, forenses y técnicas incluso, que deben de estar garantizadas plenamente por el Estado, el cual, al no cumplir, viola derechos humanos continuadamente y se torna cómplice de desapariciones forzadas mediante la ineficiencia burocrática y la falta de voluntad y acción.
Ahora, es un poco paradójico que se fijen estándares y reconocimientos a partir de una certificación estatal, equivalente a una suerte de microcredencial y curso formativo de unas 50 horas, avalada por la Federación y, en este caso, el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato.
No me malentiendan: es positivo que existan formaciones a disposición de cualquiera, y particularmente frente a la realidad tremenda de la desaparición, pero en este caso surgen de una insuficiencia crónica y una complicidad endémica de instituciones públicas que generan las condiciones y la necesidad de su existencia. Este aspecto ha sido borrado de la narrativa dominante en estos días.
Como autoridad estatal no busco, pero te capacito para que lo hagas.
No ofrezco protección adecuada, sin embargo, te paso un número de teléfono de emergencia y delego en ti la responsabilidad.
No quiero encontrar recursos para herramientas de avanzada ni personal suficiente para identificar cuerpos, pero creo un programa municipal para regalar palas, hacer eventos de “sensibilización” y tomar fotografías todas juntas.
En general las familias, de hecho, han tenido que formarse de manera independiente durante años y años, cuentan con muchas más horas, jornadas, semanas y experiencias de capacitación, otorgadas por la práctica y los saberes compartidos de forma comunitaria y solidaria, pero también, y mucho, por universidades, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones educativas de todo tipo, nacionales y foráneas. Muchas de ellas literalmente vienen a darnos clases a las y los “académicos”.
Es decir, ha sido un proceso obligado de capacitación en la marcha para la gran parte de ellas en todos los asuntos y materias posibles: antropología, historia, derecho, criminalística, arqueología, comunicación, informática, tecnología, cartografía, solo por mencionar algunos ejemplos.
Serían, más bien, las buscadoras quienes deberían certificar si las autoridades saben, pueden, quieren y van a hacer su trabajo decentemente. Muchos servidores e instituciones reprobarían.
Cabe distinguir, entonces, entre la formación técnica reconocida por las instituciones y los conocimientos que las familias buscadoras han construido durante años de trabajo en campo, mediante el intercambio de experiencias, metodologías y prácticas comunitarias, es decir, saberes y prácticas forenses ciudadanas y comunitarias que el Estado típicamente ha encasillado, menospreciado o normalizado para mantener cierto control y dar la ilusión de que se está respondiendo de alguna forma a la problemática.
Todos estos saberes, formados y compartidos por brigadas y colectivos, no siempre están documentados formalmente y menos certificados como tales, pero son los que han sido fundamentales para las labores de búsqueda y en la misma evolución histórica de los movimientos desde abajo contra la desaparición y para la justicia y la paz. En este sentido, si bien tiene su valor formativo como otras capacitaciones, una certificación institucional como la de CONOCER-IECA represente por sí misma un cambio histórico en la búsqueda de personas desaparecidas, al contrario, tiene el riesgo de crear jerarquías artificiales entre buscadoras y colectivos, los puede dividir, si es que el Estado la promueve como discriminante entre personas más o menos competentes.
En efecto, el contar con una certificación de este tipo habilita más un discurso que un cambio substancial: los derechos concretos y prerrogativas legales son las mismas para cualquier persona buscadora, no dependen de un título, pero sí es posible que desde ciertas instituciones se establezca una narrativa sobre quiénes son “las mejores” o “las buenas” buscadoras y su posibilidad e acceso a ciertos espacios. Aunque puede mejorar la capacidad de negociación o la exigibilidad ante autoridades, una certificación de competencia laboral (como la EC1542 de CONOCER) no otorga, crea ni amplía facultades públicas ni atribuciones legales administrativas. En otras palabras, la ley no hace distinciones. El derecho a la coadyuvancia, a presentar propuestas de investigación, a exigir la preservación de la escena, a revisar el plan de búsqueda y a promover amparos o recursos de impugnación pertenece a todas las víctimas indirectas por el solo hecho de serlo.
De hecho, hay muchas familiares con formación universitaria, diplomados, títulos de educación superior, doctorados y capacitaciones técnicas en todo tipo de temas, así como buscadoras que han adquirido conocimientos altamente especializados a partir de su experiencia en campo y el diálogo interno con su colectividad y con especialistas externos.
Hay un riesgo implícito de que el Estado utilice estas certificaciones como una simulación de atención y profesionalización, mientras las deficiencias estructurales, la impunidad y la falta de capacidad operativa en las fiscalías permanecen intactas y no se reforman o sancionan.
Por otro lado, se asimilan las herramientas y aprendizajes que las familias crearon empíricamente, se empaquetan bajo una norma oficial y luego se reserva el derecho de decidir quién es competente y quién no. El corolario de lo anterior es que tampoco se reconoce la construcción colectiva del conocimiento ni la fortaleza del grupo o la comunidad en ello.
Otra criticidad sería la de convertir la búsqueda, entendida como acción de resistencia y reconstrucción social, memoria y exigencia de justicia, en una suerte de proceso técnico-operativo o un checklist de habilidades laborales.
Repito, la capacitación es hasta cierto punto necesaria y útil, si se usa estratégica y críticamente, incluso para subvertir jerarquías, formar nuevos saberes y dinámicas horizontales o contestar errores. Pero ciertos riesgos que señalo existen.
Difícilmente un título oficial va a poder subsumir la enorme experiencia social, colectiva, productora de conocimientos y relaciones necesarias para la búsqueda, su humanización y efectividad, así como para el desarrollo de cuidados entre compañeras y comunidad incluso con las personas muertas encontradas.
El reconocimiento institucional puede tener dos vertientes, ya que ofrece herramientas técnicas a las familias, pero también se utiliza para legitimar una intervención estatal que normalmente no incluye y no puede incluir los conocimientos generados desde las propias comunidades, sino que puede reforzar lógicas verticales y crear más disparidades.
Por ejemplo, en Guanajuato, podrían acceder al curso sin tener que pagar miles de pesos de colegiatura sólo las buscadoras que cuenten con el respaldo de un colectivo constituido como Asociación Civil. La forma legal de la AC no siempre ni convenientemente es la mejor para un colectivo o grupo social, depende. A veces puede reforzarlo, permite recolectar recursos externos más fácilmente o “darse una estructura”, pero a la vez puede descafeinar ciertas luchas, desviar la atención y los escasos tiempos disponibles del grupo, además de eventualmente enfrascarlo en dinámicas políticas y afiliaciones aprovechadas o manipuladas por la autoridad.
Los saberes de las familias buscadoras han sido históricamente menospreciados o excluidos frente a “la ciencia forense”, al “derecho” y los “protocolos” legales, pese a que estos mismos procedimientos en buena parte existen o han sido modificados en el tiempo por la propia intervención política de las familias.
Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan “técnicas certificadas” puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado. Sucede que cuando las búsquedas fallan o no hay hallazgos, la autoridad puede achacarlo a la falta de información fehaciente, recolectada por las familias bajo su propio riesgo con mensajes anónimos e inteligencia comunitaria sobre los posibles puntos positivos, o a su conducta “indisciplinada”. Esto ha pasado. Así se llega a desviar la responsabilidad, insinuando fallas en la metodología o en la capacitación de un colectivo, en lugar de asumir la propia negligencia o complicidad estructural.
Una formación técnica de alto nivel puede ser positiva, siempre y cuando no se pierda de vista que su participación responde, en buena medida, a la falta de cumplimiento de las autoridades, además de que puede provocar rencillas y separar más los movimientos de colectivos y buscadoras, si el Estado establece “becas” o “prioridades” para algunas y no otras. O si su discurso refuerza esas divisiones y presuntas ficticias jerarquías.
Un ejemplo concreto y consistente de progresivo y deliberado alejamiento de las lógicas y las certificaciones o apoyos “desde arriba” lo ha confirmado con coherencia y dignidad el zapatismo, su construcción de autonomía, dialogante con instituciones y sectores sociales diversos, pero firme, por fuera de partidos políticos y autoridades estatales.
También por eso es importante seguir y apoyar la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que va preparando para diciembre y enero el “Viaje-Abrazo a Buscador@s”, que no es otra cosa que un diálogo para la paz y la resistencia, el intercambio y la articulación: una movilización en la que una delegación de mil 509 zapatistas viajará desde Chiapas hacia la Ciudad de México para encontrarse y solidarizarse con colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas.
