La autorización ambiental del proyecto de Amigo LNG, inviable en el territorio estadounidense, enfrenta diversas controversias ante las opiniones contrarias recabadas por la Agencia de Seguridad Energía y Medio Ambiente
EL PAIS
Apodado por el protoecologista Jacques Cousteau como el acuario del mundo, el Golfo de California es hábitat de especies endémicas, con una enorme diversidad biológica, y Patrimonio Mundial Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). También, desde finales de la década pasada, es el escenario de una batalla legal entre empresas estadounidenses que, con el apoyo del Gobierno de México, quieren crear un megaproyecto gasífero en el Mar de Cortés, y una serie de organizaciones ambientalistas que buscan impedir que se convierta en un puente estratégico entre el gas natural de Texas y los mercados de Asia. De acuerdo a información en poder de EL PAÍS, uno de los proyectos, Amigo LNG, recibió hace más de un año 36 hectáreas de costa en terreno federal por parte de la Secretaría de Marina, un contrato hasta ahora desconocido. Esta planta de licuefacción de gas natural se enmarca en una serie de controversias en torno a las autorizaciones ambientales por parte de las autoridades mexicanas.
En abril de 2025, la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, la entidad pública que gestiona este puerto en el Estado de Sonora, firmó una cesión de derechos y obligaciones con Amigo LNG, subsidiaria mexicana de la texana Epcilon LNG. Estas empresas quieren situar en territorio mexicano estas infraestructuras porque, debido a que la legislación de la costa oeste de Estados Unidos es rigurosa y estricta en términos ambientales, no han podido lograr allí los permisos. Este “Contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones”, por el que se cede una “superficie de 36 hectáreas de zona marítima para el uso, goce y aprovechamiento de dicha superficie para la construcción y operación de una Terminal Especializada para el manejo de gas natural licuado”, está denunciado por la organización Defensa Ambiental del Noroeste.
Obtenido vía transparencia, este convenio es una adjudicación directa sin licitación pública con el argumento legal de que Amigo LNG tiene en propiedad un terreno colindante a la Zona Federal Marítimo Terrestre. Según Defensa Ambiental del Noroeste, para que esta figura pueda usarse debe cumplir una serie de requisitos, entre ellos una “copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental”. El proyecto Amigo LNG ingresó este trámite ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en noviembre de 2025, y no fue autorizado hasta abril de 2026. EL PAÍS preguntó a la Secretaría de Marina, y ésta argumentó que “la autoridad ambiental solicita el Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones para acreditar la vinculación jurídica del promovente con la superficie” y que “para su celebración no se requiere contar con la materia de impacto ambiental de manera previa”.
El contrato de cesión establece que, en caso de no lograr la aprobación de las autoridades ambientales, no se podrán iniciar las obras. Tiene una vigencia de 18 años, prorrogable a otros tantos, y establece que la empresa pagará, anualmente, el 12% del valor del área, además de 10 pesos por cada tonelada de gas licuado procesada o movida. El volumen mínimo es 250.000 toneladas para el año 1 y escala hasta 3.7 millones de toneladas a partir del año 10, lo que supone entre 50 y 60 barcos metaneros de gran tamaño. La superficie está en Bahía Catalina, una zona virgen localizada al sur de Guaymas.
Amigo LNG es uno de los múltiples proyectos que buscan convertir el Golfo de California en un centro logístico de exportación de gas de Estados Unidos para Asia, construyendo varias terminales de licuefacción de gas fósil, que transforman este hidrocarburo de estado gaseoso a líquido para poder exportarlo de manera eficiente en barcos a largas distancias. Además de Amigo LNG, está Saguaro Energía en Puerto Libertad, Sonora; y Cosalá LNG, en Cosalá, Sinaloa. Todos recibirán los hidrocarburos desde la cuenca Pérmica en Texas a través de gasoductos transfronterizos y todos están enfrentando una lucha legal de organizaciones ecologistas. Otra terminal, Vista Pacífico LNG, que se iba a situar en Topolobampo, Sinaloa, fue cancelada a principios de 2026, y en la zona ya está funcionando una planta, Energía Costa Azul, situada a mar abierto, en Ensenada, Baja California, y ya realizó el pasado julio su primer embarque comercial hacia Asia.
La razón para no situar los proyectos en la costa oeste de Estados Unidos es que su regulación ambiental y energética, combinada con una oposición férrea de grupos ambientalistas, hace casi imposible su construcción, como demuestra el caso de Jordan Cove LNG en Oregón. Esta iba a ser la primera terminal de este tipo en esa franja, pero el proyecto nunca logró obtener los permisos estatales de calidad de agua y uso de suelo. Para la industria estadounidense, la imposibilidad de construir esa infraestructura en su territorio convirtió a México en una alternativa lógica.
Pero el Golfo de California es uno de los ecosistemas joya de México. Alberga hasta el 40% de los mamíferos marinos y un tercio de los cetáceos que existen, incluyendo especies endémicas únicas como la vaquita marina, en peligro de extinción. Varias asociaciones ecologistas, como Defensa Ambiental del Noroeste, Nuestro Futuro, o ProDesc, entre otras, solicitaron su opinión al Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco. Este expresó, tras analizar el caso, su preocupación por el desarrollo acelerado de estos megaproyectos en la región y sus posibles impactos ecológicos y sociales. El estudio Liquefying the Gulf Coast, publicado por Bullard Center for Environmental and Climate Justice de la Universidad del Sur de Texas, analizó el impacto acumulado de seis plantas de este tipo en el Golfo de México. Tiene ejemplos como Driftwood LNG o Cameron LNG, que emiten cada una sobre nueve millones de toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a casi 2 millones de automóviles de combustión interna, a lo que hay que sumar las fugas, los contaminantes tóxicos y las emisiones de los buques metaneros y remolcadores que atracan en la terminal.
El conflicto más reciente sobre la autorización de impacto ambiental fue el pasado miércoles. Un juez federal, en un proceso de amparo, concedió una suspensión definitiva para que “la autoridad responsable se abstenga de ejecutar la resolución de autorización en materia de impacto ambiental del 13 de abril” y “en consecuencia dicha autorización deberá permanecer temporalmente privada de eficacia habilitante respecto de las obras y actividades”. La Agencia de Seguridad, Energía y Desarrollo publicó un comunicado al día siguiente en el que no hacen ninguna referencia a esa resolución. EL PAÍS preguntó a la Agencia por esta suspensión, que contestó que aún no ha sido notificada por el juzgado, pero que “en cuanto a la temporalidad, esta sí podría prolongarse hasta que se resuelva el juicio”.
Este amparo fue presentado en marzo de 2026 por la organización ambiental Nuestro Futuro y es contra el procedimiento de esta manifestación de impacto ambiental, en el que argumentaban que la información disponible no permitía conocer todos los riesgos sobre los ecosistemas marinos y sociales del Golfo de California. En mayo de 2026, la Agencia dijo ante el juzgado que lleva este asunto, donde existe la obligación de decir la verdad, “que actualmente no se sabe si el proyecto contemplado en la manifestación de impacto ambiental objeto de la evaluación será resuelto de manera procedente o improcedente”.
Pero, de acuerdo a documentación en poder de EL PAÍS, la Agencia ya había aprobado este trámite, algo que la Secretaría de Marina sabía desde principios de 2026. En julio, Epcilon LNG actualizó su información ante el Departamento de Energía de Estados Unidos para extender su permiso para poder exportar gas natural y presentó un listado de trámites que había conseguido en los últimos meses, incluyendo una “Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente” en abril de 2026. Además, una hoja de inversión de la Marina, realizada en los primeros dos meses de este año, dice que “los permisos de Manifiesto de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de suelo ya tienen resolución positiva y se está a la espera de que en el mes de marzo se realice la entrega oficial”.
Preguntada al respecto, la Agencia contesta que aunque es innegable que esa expresión se usó en el juzgado, “no tuvo por objeto inducir al error a la parte quejosa, ni burlar el buen criterio del órgano jurisdiccional, ni mucho menos ocultar la existencia de una resolución administrativa o impedir su revisión judicial”, sino que corresponde a “un contexto procesal específico”. “Una lectura integral del informe permite advertir que esa expresión fue formulada dentro de una argumentación relacionada con la naturaleza del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y de la consulta pública correspondiente, así como con la improcedencia de suspender una etapa procedimental de dicho proceso de evaluación”, argumentan, “por las razones expuestas, la agencia considera que no existe contradicción entre la existencia de la autorización en materia de impacto ambiental y las manifestaciones realizadas dentro del juicio de amparo”.
El proyecto Amigo LNG ha recibido apoyo desde el Gobierno federal y estatal. En febrero de este año, durante una gira de trabajo por Sonora de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador Alfonso Durazo, estuvo presente Muthu Chezhian, director de Amigo LNG. Ahí se detalló que la inversión para esta planta será de 6.800 millones de dólares, unos 130.000 millones de pesos. “Nos comprometimos a que los permisos salgan en un mes para iniciar la construcción. Se resolvió cómo llega el gas natural, lo que permitirá no solo exportar a Asia, sino fortalecer el cabotaje hacia el sur”, dijo entonces la presidenta. En julio, Durazo aseguró que la planta ya tenía todos los permisos.
La Manifestación de Impacto Ambiental disponible para la consulta pública, básicamente un mecanismo ciudadano para conocer y opinar sobre los proyectos en evaluación, tiene muchos datos ocultos bajo el argumento de seguridad nacional. Lo mismo para las opiniones técnicas que la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente solicitó a varias instituciones para conocer su análisis del proyecto, que están reservadas durante cinco años por seguridad energética. EL PAÍS tuvo acceso a dos de ellas: la de Universidad de Colima y la del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
