Godoy Ramos dio esa respuesta al llegar al Zócalo de la CDMX como invitada al Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre
La Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Ernestina Godoy descartó que hubiera una orden de aprehensión contra el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio y negó una investigación contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, pese a los señalamientos sobre una presunta red de delincuencia organizada y fraude relacionada con el llamado huachicol fiscal.
Godoy Ramos dio esa respuesta al llegar al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) como invitada al Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al preguntarle si existía una orden contra Olán, contestó: “No, no hay nada”.
La titular de la FGR recibió una segunda pregunta sobre una posible pesquisa contra “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Tampoco”, respondió la fiscal.
Godoy Ramos evitó pronunciarse sobre el exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, quien no habría sido localizado por la propia Fiscalía, debido a la acusación de presunto huachicol fiscal de sus sobrinos políticos. También anunció que la FGR y Segob presentarían un informe del Caso Ayotzinapa con nuevas líneas de investigación abiertas.
Jorge Amílcar Olán Aparicio promovió un juicio de amparo tras asegurar que temía una posible detención. El empresario sostuvo que personas con uniformes de la FGR y elementos con vestimenta militar acudieron a las inmediaciones de su domicilio en la CDMX.
En la demanda, Olán afirmó que los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2026. Le informaron que varios sujetos con distintivos de la Fiscalía y otros con uniformes tipo militar, además de estar armados, rondaron su vivienda y tomaron fotografías.
“Varios sujetos uniformados como policías con distintivos de la FGR en compañía de otros con uniformes tipo militar y armados estuvieron rondando el domicilio, tomando fotografías”, expuso el empresario en el recurso judicial. Olán consideró que esa presencia podía anticipar un intento de aprehensión.
El amparo buscaba protegerlo de una eventual orden de captura o de actos de autoridad que, a su juicio, podían afectar sus derechos. El recurso fue presentado el 23 de marzo de 2026 y un juez lo canceló el 28 de mayo, al determinar que no existía una orden de aprehensión que pudiera analizarse dentro de ese procedimiento.
La Notaría 27 de Tabasco, a cargo del senador morenista Adán Augusto López Hernández, formalizó en dos ocasiones las facultades de arrendamiento de Jorge Amílcar Olán Aparicio sobre predios que el empresario —operador identificado de Andrés Manuel López Beltrán— rentó al Poder Judicial de la Federación entre 2018 y 2026. Crédito: Especial
La cancelación del amparo no implicó una resolución sobre la responsabilidad o inocencia de Olán Aparicio. La determinación judicial se limitó a establecer que no existía el acto reclamado por el empresario.
Sheinbaum confirmó que las secretarías de Hacienda y Anticorrupción y Buen Gobierno contaban con información sobre Olán, después de cuestionamientos relacionados con operaciones atribuidas a Portacelis Gas and Oil. La presidenta sostuvo que “todo se investiga” y precisó que cualquier acusación debía sustentarse con pruebas.
Olán Aparicio fue identificado públicamente como amigo de “Andy” López Beltrán y como presunto operador de negocios vinculado también con Gonzalo “Bobby” López Beltrán. Los señalamientos lo relacionaron con una indagatoria por presunto huachicol fiscal que habría causado un daño al fisco superior a 834 millones de pesos.
El empresario también fue mencionado por un arrendamiento de un edificio en Villahermosa, Tabasco, utilizado para albergar los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación. No se confirmó que ese contrato derivara de tráfico de influencias ni que existiera una investigación penal vigente por ese acuerdo.
Documentos consultados por El Universal en la Plataforma Nacional de Transparencia indicaron que el entonces Consejo de la Judicatura Federal firmó el primer contrato el 1 de mayo de 2018. El inmueble se ubicó en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, colonia Atasta, en Villahermosa.
El acuerdo contempló una renta mensual de 650 mil pesos por un edificio de 2,265 metros cuadrados, distribuido en seis plantas y con 28 cajones de estacionamiento. A esa cantidad se sumó una cuota de conservación y mantenimiento de 52 mil 570 pesos, con lo que el pago mensual ascendió a 702 mil 570 pesos.
Durante los primeros tres meses no se cobró renta debido a los trabajos de adaptación realizados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por los primeros nueve meses previos al ajuste de precio, el Poder Judicial habría pagado $6,323,138.
El contrato fue modificado el 30 de octubre de 2019 en la CDMX, después de que Olán manifestó desde el 15 de febrero de ese año su intención de aumentar la renta mensual. Entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2023, los pagos por los siguientes 48 meses sumaron $34,347,288.
La suma estimada de los primeros cinco años ascendió a $40,670,427. La Plataforma Nacional de Transparencia registró variaciones en los pagos durante ese periodo, con montos de entre $48,845,550 y $54,803,775.
El contrato original estableció una vigencia de cinco años, hasta el 30 de abril de 2023, pero incluyó una cláusula para mantener el arrendamiento por tiempo indeterminado si el Consejo continuaba usando el inmueble. El documento estableció que, en ese supuesto, el uso y goce del edificio permitirían la continuidad del acuerdo.
El Órgano de Administración Judicial informó que en mayo de 2023 se firmó un convenio modificatorio que extendió el arrendamiento hasta el 31 de marzo de 2025. Después se suscribió un nuevo contrato que terminó el 31 de diciembre de 2025 y un tercer acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2026, sin que se detallara si cambió el monto mensual de la renta.
