En su edición de 50 aniversario, Proceso presenta sendos reportajes sobre una costosa maquinaria privada de propaganda que opera desde la Presidencia de la República y la historia detrás de la serie Los años heridos, pagada con recursos públicos a cercanos al exvocero del presidente Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Jorge Carrazco
En su edición de 50 aniversario, Proceso presenta sendos reportajes sobre una costosa maquinaria privada de propaganda que opera desde la Presidencia de la República y la historia detrás de la serie Los años heridos, pagada con recursos públicos a cercanos al exvocero del presidente Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En la Presidencia de la República opera un grupo de propagandistas que mediante empresas relacionadas han obtenido por lo menos 345 millones de pesos en contratos públicos de la llamada Cuarta Transformación. Trabajan junto con el coordinador de asesores presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, quien también está involucrado en el pago de 84 millones de pesos que pasan por amigos y funcionarios de la 4T para la producción de la serie Los años heridos.
Ambas historias están publicadas en la edición de 50 aniversario de Proceso, en circulación a partir del martes 3.
En “La serie del vocero”, Santiago Igartúa Scherer cuenta la manera en que el dinero pasó por funcionarios y cercanos a Ramírez Cuevas, para la producción audiovisual sobre la Guerra Sucia en México en la que él mismo figura como asesor general y que está basada en el libro Los años heridos, de la autoría de Fritz Glockner, quien fue director de las librerías Educal durante el sexenio pasado y ahora es el titular de la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla.
La serie fue producida por Gravedad Cero Films, empresa que fundó Erwin Neumaier, quien fue director de Cepropie y Estudios Churubusco durante el gobierno de López Obrador y actualmente es coordinador técnico del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Los contratos para la producción, adjudicados sin licitar, sumaron 84 millones de pesos, que salieron de Capital 21, Canal Once y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha hecho suya la serie.
En un segundo reportaje sobre decisiones que se toman en Palacio Nacional los periodistas Camila Ayala, Aldo Canedo, Dalila Escobar y Rodrigo Hernández reconstruyen el funcionamiento del entramado empresarial encabezado por Heurística Comunicación, de Iván Manuel Silva Yanomé, estratega político clave de la llamada Cuarta Transformación.
Aunque no forman parte de la estructura de la oficina presidencial, esas empresas que comparten accionistas o representantes legales operan desde Palacio Nacional y encabezan una frenética actividad digital para apoyar los programas de gobierno y desacreditar a sus críticos.
Además de los recursos destinados en el presupuesto para esas tareas, la red empresarial impulsada por el secretario de Educación, Mario Delgado, cobra vía contratos con los tres niveles de gobierno de Morena, además del propio partido.
Los reporteros identificaron contratos por 345 millones de pesos; en otros casos las cantidades están reservadas, como en la Ciudad de México cuando Sheinbaum era la jefa de Gobierno, y hubo situaciones como la de la campaña de López Obrador en 2018 en la que no fueron reportados contratos ante el INE.
Conocidos como “los magos de las campañas”, estos han encumbrado a gobernadores como Rubén Rocha Moya, en Sinaloa; Marina del Pilar, en Baja California, o Mara Lezama, en Quintana Roo, protagonistas de escándalos por sus alegadas relaciones con la delincuencia organizada o presunto enriquecimiento ilícito.
En esta edición de aniversario los lectores también encontrarán un texto de nuestro corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, sobre el destino de Caro Quintero en Estados Unidos.
El reportaje, que junto con los negocios en torno de Jesús Ramírez son la portada de la edición mensual, explica cómo la decisión del gobierno mexicano de enviarlo a Nueva York, donde Caro Quintero es procesado por narcotráfico, pudo ser la salida para evitar su ejecución.
De haber sido entregado a California, ahí podía ser sentenciado a pena de muerte por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
La idea de mantenerlo en Nueva York con una eventual cadena perpetua es parte de las negociaciones para llegar a un pacto de culpabilidad entre el gobierno de Estados Unidos y el que fuera uno de los líderes del Cártel de Guadalajara.
Proceso, de igual manera, incluye una crónica sobre las condiciones que le dieron vida, manteniendo su compromiso con los lectores para la construcción de una ciudadanía crítica y las posibilidades democráticas del México de siglo XXI.
