Afectados y la ONU exigen reparar los daños y frenar la exposición a metales tóxicos a 12 años de la contaminación ambiental.
VANGUARDIA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la contaminación en el Río Sonora sigue activa. Tras más de una década del desastre ambiental reconocido por la SEMARNAT, las familias continúan consumiendo agua con metales tóxicos que ponen en riesgo su salud.
El relator especial de la ONU, Marcos Orellana, se reunió con los pobladores de los Comités de Cuenca Río Sonora para evaluar la situación. Tras la revisión, el especialista documentó serios fallos en los planes para limpiar el río, reparar los daños y atender a los enfermos.
ACUERDOS A ESPALDAS DE LA POBLACIÓN
Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo es el actuar de las autoridades mexicanas. El informe cuestiona que el gobierno prefiriera negociar directamente con la empresa Grupo México en lugar de escuchar e incluir a los ciudadanos afectados.
Además, la ONU expresó su preocupación porque las autoridades han ignorado las sentencias y órdenes emitidas por la Suprema Corte de Justicia para proteger a la comunidad.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PENDIENTES?
A más de una década de la tragedia, las exigencias principales de la población siguen sin respuesta, tales como la falta de un centro médico especializado para tratar el envenenamiento por metales pesados, además de un plan efectivo para remover los metales tóxicos del agua y del suelo así como una reparación integral de los daños económicos y sociales para las familias afectadas.
A 12 AÑOS DEL DESASTRE AMBIENTAL
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora.
El desastre afectó a más de 22 mil personas en siete municipios, contaminando las fuentes de agua potable, paralizando la economía agrícola y ganadera de la zona y provocando problemas de salud agudos y crónicos en la población por la toxicidad del agua.
¿QUIÉNES FUERON LOS RESPONSABLES?
El principal señalado es el conglomerado minero del empresario Germán Larrea, dueño de la empresa operadora. De acuerdo con la PROFEPA y la SEMARNAT, la causa del desastre fue la falla en un tubo de demasías por falta de mantenimiento.
Sin embargo, la Suprema Corte y diversos peritajes determinaron que las autoridades también tuvieron responsabilidad. Los organismos gubernamentales incurrieron en omisiones al no supervisar adecuadamente la mina antes y después de la tragedia.
¿QUÉ SANCIONES Y MEDIDAS SE APLICARON ANTE LA LEY?
En septiembre de 2014, el gobierno federal y Grupo México firmaron un fideicomiso voluntario por 2 mil millones de pesos para reparar los daños en la zona.
Sin embargo, en febrero de 2017, las autoridades ambientales y la empresa dieron por cumplidos los objetivos. El fideicomiso se cerró tras utilizar solo 1,250 millones de pesos, por lo que el dinero restante fue devuelto a la minera.
Además, las promesas de infraestructura no se cumplieron, pues la instalación de 28 plantas potabilizadoras y la construcción de un hospital especializado en toxicología quedaron inconclusas.
A pesar de que se aplicaron multas administrativas a la empresa por 23 millones de pesos, ningún ejecutivo o funcionario público enfrentó responsabilidades penales.
INTERVENCIÓN DE LA SUPREMA CORTE (SCJN)
En 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a las comunidades afectadas. El máximo tribunal determinó que el fideicomiso se cerró de forma ilegal y sin consultar a los pobladores, por lo que ordenó reabrir el caso para garantizar la atención médica y la limpieza ambiental.
Posteriormente, en 2023, la SEMARNAT presentó una nueva denuncia penal contra Grupo México tras concluir que los trabajos de remediación entregados por la empresa fueron insuficientes.
