La iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso permitiría definir actividades donde sólo se acepten pagos digitales
Rubén Romero / El Sol de México
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso crear la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una nueva regulación que busca acelerar el uso de pagos electrónicos en México y abrir la puerta a que, en sectores estratégicos, estos medios puedan convertirse en la única forma de pago.
La propuesta fue enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de septiembre de 2026.
La iniciativa no plantea eliminar el efectivo en todo el país ni establece desde ahora qué comercios o actividades tendrían que dejar de recibirlo.
Lo que propone es darle a Hacienda la facultad de definir cuáles serán considerados sectores estratégicos o actividades relevantes y establecer en ellos una transición hacia pagos digitales.
En términos prácticos, si la ley se aprueba, podría haber determinadas operaciones en las que pagar con tarjeta, transferencia, código QR u otro medio electrónico deje de ser una alternativa y se convierta en la forma obligatoria de pago.
¿Dónde dejarían de aceptar efectivo?
El artículo 13 de la iniciativa establece que Hacienda podrá determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de pagos digitales y electrónicos pueda convertirse en la única modalidad.
El proyecto no incluye una lista de tiendas, industrias, servicios o trámites específicos. Sería Hacienda la encargada de definir posteriormente dónde aplicaría la obligación.
La propuesta también contempla una implementación gradual, con reglas, condiciones y plazos específicos para pasar del efectivo a los medios electrónicos.
Además, si una falla tecnológica o alguna contingencia impide procesar el pago digital, se permitiría utilizar efectivo o cheque.
¿Qué cuenta como pago digital?
La iniciativa incluye dentro de esta categoría las tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, códigos QR, pagos mediante tecnología NFC, domiciliaciones y otros mecanismos electrónicos reconocidos por las autoridades. Es decir, no obliga a utilizar una sola aplicación o sistema.
La propuesta también establece que los proveedores de bienes y servicios deberán contar con infraestructura para recibir estas formas de pago e informar a sus clientes cuáles tienen disponibles.
Para los comercios, esto puede implicar utilizar terminales, aplicaciones, conexión a internet u otras herramientas para procesar cobros electrónicos.
¿Por qué quiere reducirse el efectivo?
En la exposición de motivos, el Ejecutivo argumenta que México todavía utiliza efectivo de manera predominante pese al crecimiento de la infraestructura financiera digital.
La iniciativa retoma datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, según los cuales 85.2 por ciento de las compras de 501 pesos o más todavía utilizaban efectivo como medio frecuente de pago.
En contraste, transferencias y aplicaciones móviles pasaron de 1.6 por ciento en 2021 a 4.4 por ciento en 2024.
Para compras de hasta 500 pesos, el uso del celular como forma más frecuente de pago representó apenas uno por ciento.
Con esos datos, el Ejecutivo sostiene que el problema ya no está únicamente en contar con herramientas como SPEI, CoDi o transferencias bancarias, sino en conseguir que más personas y negocios las utilicen cotidianamente.
La propuesta atribuye a una mayor digitalización beneficios como reducir costos por manejo de efectivo, generar historiales financieros y facilitar que pequeños negocios accedan posteriormente a servicios financieros.
Gobiernos también tendrían que aceptar pagos digitales
La iniciativa no se limita a comercios privados. Autoridades federales, estatales y municipales tendrían que avanzar en la aceptación de pagos electrónicos para trámites y servicios.
Esto podría abarcar contribuciones, derechos y otros cobros gubernamentales, aunque el proyecto tampoco establece una lista cerrada.
El Banco de México tendría facultades para facilitar transferencias e impulsar que terminales de pago puedan operar con diferentes métodos, incluidos tarjetas y códigos QR.
La intención es que un mismo punto de cobro pueda aceptar distintas alternativas, en lugar de depender de sistemas aislados.
CURP Digital entraría a servicios financieros
La propuesta también busca facilitar la contratación digital de productos financieros. La CURP Digital podría utilizarse como identificación para contratar servicios financieros, aunque las personas conservarían la posibilidad de utilizar otro documento oficial.
También se contempla el Expediente Digital Ciudadano para consultar, con autorización del usuario, documentos necesarios para acceder a estos servicios.
La intención es reducir trámites presenciales y documentos en papel para abrir cuentas o contratar productos financieros.
La propia iniciativa prevé una transición gradual y excepciones ante contingencias, pero los sectores obligados todavía no están definidos. Tampoco crea un impuesto especial por pagar digitalmente ni establece nuevas comisiones para consumidores.
Si el Congreso aprueba la ley, Hacienda tendría 15 días hábiles después de su entrada en vigor para definir los sectores o actividades donde los pagos digitales podrían convertirse en la única modalidad. Después vendrían las reglas específicas.
