Empresas venden servicios que incluyen desde preparación para la entrevista consular hasta hospital para el parto; el gobierno crea grupo para rastrear información
EL UNIVERSAL
Miami.— El gobierno de Donald Trump está decidido a poner fin al llamado turismo de maternidad y, como parte de esa guerra declarada, el Departamento de Estado anunció la creación de un grupo de trabajo cuya misión consiste en localizar a extranjeros que viajaron para dar a luz, identificar quiénes organizaron esos viajes y cancelar las visas relacionadas con la operación. El gobierno informó que ya había revocado más de 600 visas y aseguró que actuaría contra padres, intermediarios y empresas. “Esto es sólo el comienzo”, advirtió.
El Departamento de Estado coordina el trabajo con el Departamento de Seguridad Nacional y con otras agencias federales. La investigación del Grupo de Trabajo contra el Turismo de Maternidad reúne solicitudes consulares, historiales de viaje, registros migratorios, información financiera y datos obtenidos en operaciones anteriores. Las autoridades estadounidenses buscan coincidencias entre embarazos avanzados, declaraciones entregadas al solicitar una visa, reservaciones de alojamiento, hospitales seleccionados y pagos a intermediarios; también revisan viajes realizados años atrás.
“Bajo este nuevo esquema, una persona que conservó su visa después de dar a luz puede perderla si los funcionarios concluyen que ocultó el propósito de su viaje”, explica a EL UNIVERSAL la vocería de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). La orden presidencial que sostiene la operación permite examinar conductas pasadas y actuar contra quienes participaron, intentaron participar o facilitaron el ingreso.
Seis días antes del anuncio de la creación de este grupo, Donald Trump firmó la orden Terminación del turismo de maternidad. El documento define la práctica como “el ingreso mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense y extiende la persecución a las personas y entidades que faciliten el viaje”.
La orden delega facultades en los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional para negar autorizaciones, revocar visas, impedir ingresos futuros, iniciar expulsiones y compartir registros entre agencias. También permite actuar contra empresas establecidas dentro o fuera de la Unión Americana; “la ciudadanía no es una mercancía que pueda adquirirse mediante explotación calculada y evasión de las leyes migratorias”, declaró Trump.
De acuerdo con la oficina del censo de Estados Unidos, en 2024 nacieron alrededor de 3.7 millones de bebés; casi 9 mil 600 madres registraron una dirección habitual fuera de la Unión Americana, según datos confirmados por el Instituto de Política Migratoria.
El Centro de Estudios de Inmigración, organización partidaria de reducir la inmigración, ha calculado entre 22 mil y 26 mil casos anuales de turismo de maternidad mediante inferencias cuestionadas por otros investigadores.
El turismo de maternidad se ha convertido en un gran negocio. Empresas investigadas venden un servicio completo: recomiendan el momento para solicitar la visa, preparan respuestas para la entrevista consular, organizan departamentos, transporte, traductores, médicos y hospitales y diseñan rutas para reducir preguntas en los aeropuertos. Algunos operadores se presentan como asesores de bienestar, parteras o acompañantes de parto. Los paquetes documentados han costado entre 20 mil y 100 mil dólares (entre 340 mil y 1.7 millones de pesos mexicanos). La investigación federal rastrea transferencias internacionales, pagos en efectivo, facturas médicas y publicidad dirigida a compradores extranjeros.
“El problema puede escalar, porque la ciudadanía del niño atrae a los clientes; el encubrimiento del propósito del viaje convierte el negocio en un posible esquema de fraude migratorio y lavado de dinero”, subraya ACLU.
En diciembre de 2024, Michael Wei Yueh Liu recibió una condena de 41 meses de prisión por conspiración y 10 operaciones de lavado internacional de dinero. Su empresa alojaba a mujeres chinas, las instruía para ocultar el embarazo, declarar destinos falsos, usar ropa holgada y entrar por Hawái antes de viajar a California. En otro proceso, Chao Chen fue condenado a 37 meses de prisión en ausencia.
La fiscalía sostuvo que su organización atendió a más de 500 clientas, utilizó alrededor de 20 departamentos y cobró entre 40 mil y 80 mil dólares por servicio. Un expediente mostró que una clienta pagó 4 mil 600 dólares de una factura hospitalaria superior a 32 mil.
En el sur de Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó investigar paquetes de maternidad ofrecidos a mujeres mexicanas por negocios relacionados con hospitales texanos. El sitio “Ten a mi bebé en Texas” promocionaba partos, médicos y atención hospitalaria en español.
El 21 de julio, Abbott amplió la intervención y ordenó a organismos sanitarios, inspectores, juntas médicas y autoridades de licencias revisar a profesionales y establecimientos involucrados. Las posibles medidas incluyen suspender permisos, revocar licencias, excluir proveedores de contratos estatales, negar beneficios y remitir hallazgos a las autoridades federales. “La ciudadanía estadounidense no está en venta y Texas frenará a quienes buscan lucrar con el turismo de maternidad”, afirmó.
En Houston, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al centro De’Ai Postpartum Care y a sus operadores. La demanda afirma que el negocio funcionó durante casi dos décadas, alojó a clientas chinas en varias propiedades y presumió haber facilitado más de mil nacimientos en EU.
Paxton advirtió que “Estados Unidos es para los estadounidenses, no para extranjeros que intentan engañar al sistema para reclamar una ciudadanía”.
