Ciudad de México. El ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ordenó destruir las evidencias de la noche del 26 de septiembre de 2014, en el momento en que “el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas (de Ayotzinapa) fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala”, ello cuando el vehículo era detenido por policías municipales y estatales, y después se reporto la desaparición de varios estudiantes, informó la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.
Señaló que la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, permite sostener “que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”.
En un mensaje a la nación, la funcionaria dio a conocer puntos que refieren la presunta responsabilidad de Aguirre Rivero en el ocultamiento y destrucción de pruebas relacionadas con lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fuero privados de la libertad y desde entonces, se encuentran en calidad de desaparecidos, 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Godoy Ramos explico: “las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material (las grabaciones de las cámaras de vigilancia) no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa”.
Agregó que “en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones, y señaló a quién la sustrajo para entregarlas directamente” al ex gobernador, “además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”.
Las investigaciones lograron obtener en mayo de este año, el testimonio de “un segundo testigo protegido” que robusteció lo antes mencionado “al señalar que Ángel “N” ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
Aseguró que la FGR “cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos, estatales de alto nivel”.
La titular del Ministerio Publico Federal la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Aguirre Rivero por delitos contra la administración de Justicia y desaparición forzada de personas.
